Exgobernador de Amazonas habría presentado datos falsos en millonario contrato

Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez, por presuntamente haber incurrido en varias irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía. Por estos hechos, el exgobernador fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal, por los cuales se declaró inocente.

Lea aquí: Masacre en Amazonas: cuatro personas fueron asesinadas en Leticia

La investigación de la Fiscalía revela que en marzo de 2015, Carlos Arturo Rodríguez, acudió al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Centro-Sur para solicitar la aprobación del proyecto y pedir que fuera ejecutada con recursos del Sistema General de Regalías. Instancia en la que habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización

Por ejemplo, la Fiscalía encontró que la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo del departamento, como lo exige la ley, ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

Lea: Reactivan el Fondo Amazonia en Brasil, una esperanza para conservar la selva

Además, la Fiscalía encontró que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. Una de ellas con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él, y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.

“De esta manera, los funcionarios del Ocad fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas. Pero lejos de atender cualquier advertencia, el entonces mandatario celebró el contrato, por un valor superior a 26.869 millones de pesos”, explicó la Fiscalía por medio de un comunicado.

Lea aquí: Por irregularidades en contratos sancionan a exgobernador de Amazonas

Carlos Arturo Rodríguez fue sancionado en noviembre de 2022 por la Procuraduría, por irregularidades en los contratos para la construcción del sistema de acueducto para las comunidades indígenas magüta (tikuna), kocama, yaguas y murui (uitoto) ubicadas en los resguardos del km 11 de Leticia; San José, a 6 km; y San Antonio de los Lagos. Esto porque no garantizó su debida ejecución y cumplimiento para el bienestar de la población.

“Tramitó la etapa precontractual, de selección y adjudicación de la licitación pública 0025 del 2012 y consecuentemente suscribió el contrato No. 1158 del mismo año permitiendo el vencimiento de los plazos de ejecución del contrato; generando una grave afectación a la comunidad sin ejercer los poderes excepcionales de los cuales estaba envestido, por lo que, vulneró los principios contractuales de responsabilidad, eficacia y economía”, explicó en ese momento el Ministerio Público.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez, por presuntamente haber incurrido en varias irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía. Por estos hechos, el exgobernador fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal, por los cuales se declaró inocente.

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La investigación de la Fiscalía revela que en marzo de 2015, Carlos Arturo Rodríguez, acudió al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Centro-Sur para solicitar la aprobación del proyecto y pedir que fuera ejecutada con recursos del Sistema General de Regalías. Instancia en la que habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización

Por ejemplo, la Fiscalía encontró que la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo del departamento, como lo exige la ley, ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

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Además, la Fiscalía encontró que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. Una de ellas con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él, y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.

“De esta manera, los funcionarios del Ocad fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas. Pero lejos de atender cualquier advertencia, el entonces mandatario celebró el contrato, por un valor superior a 26.869 millones de pesos”, explicó la Fiscalía por medio de un comunicado.

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Carlos Arturo Rodríguez fue sancionado en noviembre de 2022 por la Procuraduría, por irregularidades en los contratos para la construcción del sistema de acueducto para las comunidades indígenas magüta (tikuna), kocama, yaguas y murui (uitoto) ubicadas en los resguardos del km 11 de Leticia; San José, a 6 km; y San Antonio de los Lagos. Esto porque no garantizó su debida ejecución y cumplimiento para el bienestar de la población.

“Tramitó la etapa precontractual, de selección y adjudicación de la licitación pública 0025 del 2012 y consecuentemente suscribió el contrato No. 1158 del mismo año permitiendo el vencimiento de los plazos de ejecución del contrato; generando una grave afectación a la comunidad sin ejercer los poderes excepcionales de los cuales estaba envestido, por lo que, vulneró los principios contractuales de responsabilidad, eficacia y economía”, explicó en ese momento el Ministerio Público.

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