Exgobernador de Guainía, condenado por corrupción en descontaminación de mercurio

Toma aérea de Guainía, imagen de referencia.

Foto: Cortesía: Empresas Negocios Verdes de la región

Arnaldo José Rojas Tomedes, exgobernador de Guainía, fue condenado a 5 años de prisión domiciliaria por suscribir contratos sin llenar los requisitos legales. Los millonarios recursos, que entraron al departamento entre los años 1998 y 2000, estaban destinados a descontaminar de mercurio algunos yacimientos. No obstante, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema pudo evidenciar diversas irregularidades que llevaron a esta sentencia en contra del exmandatario regional.

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A comienzos de siglo, la Comisión de Regalías le giró a la Gobernación de Guainía, entonces en cabeza de Rojas Tomedes, más de $200 millones. “En primera instancia, la Sala encontró que de los 28 contratos por los que la Fiscalía acusó al exgobernador, se evidenciaron y demostraron irregularidades esenciales en cuatro de ellos en los que hubo una actuación dolosa del procesado: el contrato 028 de diciembre 30 de 1998, el 017 del 3 de septiembre de 1998, el 027 de diciembre 30 de 1998, y la orden de servicios 0133 del 30 de diciembre de 1998”, dijo la Corte en un comunicado.

En los tres primeros, dijo el alto tribunal, se vulneró la transparencia y la selección objetiva, y en el último no se verificó la capacidad del contratista pues los recursos se le entregaron a un menor de edad. Es decir, se verificó que hubo irregularidades, y, aunque la defensa del exgobernador Rojas Tomedes aseguró inicialmente que el exmandatario delegó las funciones de contratación en su secretario de Agricultura, la Corte no se quedó con esta versión.

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“La Sala precisó que ello no lo releva de responsabilidad. Según la providencia, incumplió su deber de supervisión, control y vigilancia de la actividad contractual y de los procesos de selección que se adelantaban, en un proyecto que era clave para controlar la extracción aurífera a través de prácticas mineras ilegales que han ocasionado daños a la salud y el ecosistema”, añadió el comunicado del alto tribunal en el que se anunció la condena.

La sentencia aclara: “De allí, que si tenía reservada tal facultad se demandaba de él una estricta labor de supervisión, en cuanto era garante de la legalidad de la actuación contractual, pues como representante legal del ente territorial, era quien podía comprometer con su voluntad final los dineros del departamento”. Uno de los testimonios en el proceso fue, precisamente, el del secretario de Agricultura. El exfuncionario le dijo a la Corte que el exgobernador siempre estuvo pendiente de estos contratos y dio su visto bueno.

Uno de los contratistas, que recibió dos de los convenios cuestionados, le dijo a la justicia que el exgobernador le había prometido esos contratos por una amistad de años. Asimismo, un segundo exsecretario, el de Salud, ratificó que el exmandatario regional, aunque en ocasiones delegaba la contratación, siempre terminaba controlándola directamente y estaba pendiente con llamadas y mensajes.