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El exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, pagará 177 meses y ocho días de cárcel, decidió este miércoles la Sala Penal de la Corte Suprema. La corporación ratificó la condena que en octubre del año pasado le impuso la Sala de Primera Instancia al corroborar que se apropió de dineros públicos en un convenio que firmó en 2014 para la prevención del dengue en su departamento, lo que lo hace culpable de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión (cuando un funcionario exige dinero por su labor).
(Vea: Exgobernador José María Ballesteros fue condenado a 15 años de prisión en primera instancia)
Ballesteros llegó a la Gobernación en reemplazo del entonces suspendido Kiko Gómez, el temido exgobernador condenado por matar a sus contradictores. Y, cuando Ballesteros asumió, firmó un convenio para investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en La Guajira con la empresa Olfis, registrada como una entidad sin ánimo de lucro, que, según encontró la Fiscalía, “no tenía la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio”. Sin embargo, el gobernador les entregó el contrato y exigió a cambio la suma de $200 millones al representante legal de la empresa, Fredi Alexander Díaz.
Pero esas son apenas dos de las siete irregularidades que encontró la Fiscalía en el convenio, que se firmó por más de $18.000 millones en uno de los departamentos más pobres del país. El ente investigador demostró, además, que Ballesteros no comprobó la capacidad técnica, administrativa y financiera de Olfis, ni que fuera entidad sin ánimo de lucro. Por otro lado, no incluyó a comunidades indígenas, como indicaban los estudios previos; ni comprobó que en el convenio se involucrara la red de salud pública. Y, por último, no divulgó en el sistema de contratación pública el proceso.
(Lea también: Los exgobernadores que, por corruptos, tienen en jaque a La Guajira)
Para lograr apropiarse de su “tajada” del contrato, Ballesteros “infló el valor de algunos elementos de trabajo”. Por ejemplo, dice la sentencia de primera instancia, se subió el valor de 1.640 baldes para hacer trabajo de campo. Asimismo, se pagaron valores de nómina a funcionarios, aunque las sumas no correspondían con sus labores. También se reconocieron auxilios de movilidad a personas que no tenían derecho a él y se alquilaron vehículos para el proceso que, finalmente, nunca se usaron; se duplicaron actividades de los subcontratistas de Olfis; el hermano del representante legal de Olfis y otros recibieron “contratos corbata” o de papel, entre otras maniobras.
Por todas estas irregularidades, el Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento en 2017, mientras avanzaba el proceso en su contra. Aunque llegó a reemplazar a Gómez, luego de que se convocaran unas elecciones atípicas en el departamento, pronto se convirtió en uno más de los exmandatarios de La Guajira con líos judiciales. Ballesteros se suma a la larga lista, de la que también hacen parte la cacica electoral Oneida Pinto, hasta hace poco prófuga de la justicia; así como Álvaro Cuéllar, Hernando Deluque, Jorge Eduardo Pérez Bernier, entre otros.