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El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía fue capturado en las últimas horas. El político fue condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 21 años de cárcel por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación por las irregularidades que cometió en la firma de un contrato para dotar 40 bibliotecas en centros educativos del departamento. Este miércoles el alto tribunal leerá la condena, cuyos detalles conoció El Espectador.
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Según la investigación de la Corte Suprema de Justicia, Abadía es culpable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por las irregularidades que cometió en 2010 en la firma de un contrato de cooperación con la Fundación Calimío, representada por Luz Delly Martínez, para dotar 40 bibliotecas en centros educativos. El contrato se firmó por una suma de $1.072 millones y comprometía al departamento a pagar mil de esos millones. El dinero restante lo colocaría la fundación.
Sin embargo, según la Corte, tal fundación en realidad no tenía experiencia para ejecutarlo y además compró los elementos por un valor de $182 millones, subcontratando a diferentes editoriales, lo que significa que gran parte del dinero cayó a manos de terceros. “Producto de esas negociaciones, los representantes legales de Ediciones Alfa & Omega y La Clave del Saber valiéndose del sobrecosto se apropiaron de $817.482.400.00. Pago que Juan Carlos Abadía Campo en su condición de representante legal y ordenador del gasto al celebrar el convenio autorizó”, dice la acusación de la Fiscalía, que fue acogida por el alto tribunal.
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Pero esta no es la única investigación que la justicia sigue en contra de Juan Carlos Abadía Campo. En julio de 2023 fue acusado por presuntamente pagar un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia. El exgobernador Abadía fue vinculado formalmente a la investigación penal por el escándalo del cartel de la toga en junio de 2022. Luego de que, por años, testigos lo señalaran como supuesto beneficiario de la red de sobornos que se desarrolló en la alta esfera de la justicia.
Concretamente, la justicia lo investiga por el delito de cohecho por dar u ofrecer, porque, al parecer, Abadía intentó torcer un proceso penal que andaba en su contra por hechos de corrupción cuando estuvo al frente de la Gobernación del Valle. Los elementos de prueba dan cuenta de que el exmandatario regional le entregó $400 millones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción, en 2014. Este dinero fue direccionado al hoy condenado y exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, en medio de lo que hoy se conoce como el cartel de la toga.
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