Exgobernador Richard Aguilar irá a juicio por “empresa criminal” con contratos

El exgobernador Aguilar es investigado por presuntas irregularidades en contratos.

Foto: El Espectador

Richard Aguilar habría conformado una “una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares” mientras fue gobernador de Santander, entre 2012 y 2015. Así dio a conocer la Fiscalía este miércoles al anunciar que radicó el escrito de acusación con el que va a llamar a juicio al exsenador por el Partido de La U por los posibles delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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El escrito de acusación ya fue radicado en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema y en el documento detalla cómo, supuestamente, Richard Aguilar entregaba contratos a su círculo cercano a cambio de que le dieran una cuota de cada uno: el 10%. Las presuntas irregularidades se presentaron en al menos seis contratos, según la investigación de la Sala de Instrucción del alto tribunal. Esa instancia, sin embargo, tuvo que entregar el proceso a la Fiscalía cuando Aguilar renunció al Senado, pues los hechos por los que es investigado no tienen relación con sus funciones de congresista.

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Fue mientras fue gobernador de Santander que Richard Aguilar acudió a supuestas maniobras para asegurarse de que los contratos quedaran en mano de sus cercanos. Por ejemplo, dice la Fiscalía, creó un comité asesor para justificar sus decisiones. “Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura (Claudia Toledo) y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba”, dijo el ente investigador en un comunicado.

El primer caso que documentó la Sala de Instrucción de la Corte se trata de un contrato que buscaba el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López, en Bucaramanga, a finales de 2014. Lo que dice la investigación es que el entonces gobernador debía recibir una coima del 10% del negocio. El porcentaje, supuestamente, fue definido por Richard Aguilar luego de recomendar a la organización que sería la contratista para adelantar dicha obra. En este caso, el convenio empezó costando $24.000 millones de pesos. También se investiga el contrato de interventoría de esta obra.

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En el marco de la investigación, la Corte consiguió los testimonios de dos personas con quien Aguilar trabajó en llave durante su estadía en la gobernación. Se trata de Claudia Toledo, quien fungió como secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo. Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía luego de que Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con el contrato del estadio en marzo de 2015, confesó al ente investigador la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación del ahora exsenador.

Dos contratos adicionales, resaltó la Corte Suprema al ordenar la detención de Richard Aguilar, habrían tenido un proceso similar al del estadio, pero con resultado diferente. Aguilar habría recomendado a dos empresas para que fueran ellas las que se quedaran con los negocios. La primera, de propiedad de Reynaldo Bohórquez, estaba detrás del contrato para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca. Y la segunda, en manos de Aureliano Naranjo Salamanca, que quería el contrato para la construcción del corredor vial entre San Gil y Charalá.

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Las últimas dos contrataciones que cuestionaba la Corte, y que recoge ahora la Fiscalía, tienen que ver con el Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en 2014 y entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá de Richard Aguilar: Hugo Aguilar, también exgobernador de Santander y una figura política prominente en la región, que pasó de condecorado general de la Policía a condenado por parapolítica. Y, por último, habría irregularidades en el contrato de alimentación para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento.