Exiliados y excluidos, así viven los venezolanos LGBTI en las cárceles de Colombia
El hacinamiento es solo el comienzo de una serie de vulneraciones a los derechos en las cárceles colombianas. Gaby, Alicia y Yahir, autorreconocidos como población diversa que vienen del país vecino, relatan su día a día y cómo defender su identidad sexual aumenta la estigmatización mientras cumplen sus condenas.
Por: María Ximena Montaño, Nicolás Martínez y Claudia Marcela Mejía
*Pesquisa Javeriana
Es un triple estigma: ser migrante, venezolano y pertenecer a la población LGBTI en una cárcel de Colombia. La cruda realidad tras las rejas, en un país con 96.386 prisioneros –a julio de 2021, según el informe estadístico del Inpec– apiñados por los excesos del delito. Un entorno que se hace más azaroso cuando el recluso cumple esa triple condición.
Cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indican que, de 1.995 venezolanos presos en el país, 33 se reconocen como población diversa. El dato, sin embargo, no refleja toda la realidad, pues muchos prefieren esconder su orientación sexual para no lidiar con nuevas violencias. Pero más allá de los números, las historias de estas personas encarnan dramas que apenas están empezando a contarse.
Hace unas décadas eran los colombianos los que migraban hacia Venezuela a causa del conflicto armado o en busca de mejores oportunidades en una nación boyante, gracias al petróleo. De acuerdo con expertos, fueron alrededor de cinco millones de colombianos los que se instalaron allá. Pero la actual realidad social y política del vecino país le dio la vuelta a esa moneda y ahora la diáspora venezolana suma 5,4 millones de migrantes, de los cuales casi dos millones se han asentado en Colombia.
Su inserción no ha sido fácil y menos a una sociedad donde la discriminación aparece en cualquier momento. Yahir Pérez* lo sabe y lo ha padecido, porque además de ser venezolano, es gay y está detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, que alberga otros 174 reclusos oriundos de su país. Nació en el Estado Lara, noroccidente de Venezuela. En medio de la asfixia económica de su familia y agobiado por la discriminación en su tierra dada su orientación sexual, se vino a Colombia hace tres años. Apenas llevaba unos meses cuando cayó preso.
La mayor parte de su encierro la pasó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Allí sufrió más de la cuenta. Si en las cárceles regulares existe hacinamiento –a julio de este año rondaba el 18%, con una sobrepoblación de casi 14.800 personas– en esa URI podía multiplicarse por cinco, explica Yahir. Cuando lo trasladaron a la cárcel La Modelo pasó tres días deambulando entre pasillos, sin ningún patio asignado y recibiendo todos los insultos imaginados por su orientación sexual.
“Cuando llegué me ofendían mucho, me insultaban, no me dejaban entrar. Casi todos los días me decían groserías y eso que hoy estoy en el patio de convivencia, pero parece que no fuera así”, relata. Según él, es común que a la comunidad LGBTI no le dejen entrar encomiendas o ropa íntima femenina, para quienes se reconocen como mujeres transexuales. La vida detrás de los barrotes ya es suficientemente difícil, pero lo es más si eres venezolano y de orientación sexual diversa. Es como un doble estándar xenófobo.
Alicia Bustos* también lo padeció. Tiene 27 años, es venezolana, madre de dos hijos y bisexual. Llegó a Colombia en 2015 y terminó detenida al intentar transportar droga a Brasil, por lo que ya completa seis años en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Se mueve con propiedad en ese lugar, que no está exento del hacinamiento estructural de las cárceles colombianas: con capacidad para 1.246 reclusas, en agosto de 2021 albergaba 1.785.
Esta penitenciaría cuenta con más de medio siglo de historia, tiene hasta cinco pisos y en el centro de esa mole abigarrada hay una cancha de baloncesto y unos juegos infantiles para atender a los hijos de las internas, que están enrejados y sin uso por la pandemia. Por su antigüedad en la cárcel, Alicia duerme en la cama de arriba del camarote.
Son cerca de las nueve de la noche y el pabellón en el que ella se encuentra empieza a moverse de forma convulsionada. El bullicio de fondo es evidente.
–¿Qué está pasando en este momento?, le preguntamos.
–Estamos haciendo aseo, lavando ropa, bañándonos, algunas están haciendo arepas y otras por aquí están bailando.
Suena de fondo música festiva.
–¿Y por qué tan activas en este momento?
–Porque solo a esta hora sube el agua al piso en el que estoy. Si uno quiere hacer estas cosas en otro momento no se puede, porque no llega el agua.
A pesar de las rutinas de la cárcel, de estar muy lejos de sus hijos y sentirse ajena como migrante, Alicia reconoce que aun con las carencias, el Inpec le ha ayudado con lo mínimo en aseo. “Ellos les colaboran a los migrantes con un kit cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes. La embajada de Venezuela en Bogotá solo vino una vez, en 2015, y no volvió. Los venezolanos estamos abandonados”, dice.
Hacinamiento y discriminación
Los números de la sobrepoblación carcelaria en Colombia no son nuevos. Estas condiciones derivaron en reportes de organismos nacionales e internacionales sobre permanentes violaciones a los derechos humanos y tratos indignos, hasta llegar a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria que decretó la Corte Constitucional desde 1998, en la Sentencia T-153/98. Desde entonces ha habido múltiples pronunciamientos del alto tribunal de seguimiento a esta crítica situación.
Pese a ello, el país alcanzó un hacinamiento máximo histórico del 55% en 2016 y 2019, según datos de los investigadores colombianos Manuel Iturralde, Nicolás Santamaría y Juan Pablo Uribe, reseñados en su informe “Covid-19 y la crisis estructural de las prisiones de Colombia: diagnóstico y propuestas de solución”. Las condiciones de sobrepoblación se han sostenido en las últimas dos décadas.
Esto sigue siendo un problema mayúsculo y se acentúa en algunas regiones, como en los distintos centros penitenciarios del noroccidente del país, donde se reporta en el informe estadístico del Inpec divulgado en julio de 2021, un hacinamiento del 42,3 %, con 3.451 reclusos sin cama. La cifra contrasta con los centros del viejo Caldas, donde apenas es del 5,1 %, con 568 internos sin dónde dormir.
Aunque los venezolanos son los extranjeros con mayor presencia en estos establecimientos (pues 8 de cada 10 migrantes provienen del país vecino, seguidos por los ecuatorianos con 4,9% y otros países como México, Costa Rica y Nicaragua, que no llegan al 2 por ciento), hasta el 26 de agosto sumaban 1.995 presos. La mayoría por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas. Lo que representa una porción ínfima frente a los casi dos millones de migrantes que viven en el país.
Esas cifras muestran que los migrantes están lejos de ser los principales responsables de la inseguridad en Colombia. No obstante, cada vez que las autoridades se enfocan en la nacionalidad de un detenido, refuerzan un peligroso imaginario cargado de xenofobia, que no solo lo deben soportar los migrantes en las calles, sino en las cárceles, y con mayor intensidad si hacen parte de la población LGBTI.
Ulises Miranda es caleña, transexual y defensora de derechos humanos de la comunidad diversa. A sus 50 años de edad, acaba de recuperar su libertad y ha sido testigo de todas las complejidades que ha tenido que afrontar la población diversa en cárceles como La Modelo en Bogotá o Jamundí, en el Valle del Cauca. Según ella, cuando estuvo recluida en la capital de la República la ultrajaron más. La pandemia del coronavirus SARS-COV-2 atizó el estrés de los internos y los guardias, siempre hacinados, pero la discriminación permaneció intacta.
Como representante de la comunidad LGBTI en La Modelo tuvo que soportar toda suerte de vejámenes. “Sentía mucho temor. Por ser de derechos humanos me decían: ¿derechos humanos?, ¿un travesti, negro y caleño?”. “Además, me tiraban estiércol con orines”. Ulises dice que a los venezolanos diversos les iba peor: “Hay mucha xenofobia hacia ellos, incluso de panameños, mexicanos y guatemaltecos. Son muy agresivos. En Jamundí también vi mucho trato despectivo, un desprecio por los venezolanos y ahora en la calle lo veo más: muchas chicas venezolanas trans en la calle sufren agresiones físicas y verbales permanentemente”.
Por su parte, la mexicana Alejandra Martínez, exreclusa de El Buen Pastor, es enfática en decir que a los venezolanos los agreden mucho más. “Como mexicana nunca sufrí discriminación”, dice, y recuerda que ser migrante en una cárcel es sufrir la soledad del encierro sin el consuelo de su familia porque no pueden visitarlas. Además, “a los migrantes nos cobran más caro los trámites judiciales por el solo hecho de no ser de este país”.
Alicia complementa: “A nosotras las venezolanas nos dan muy duro. Hoy, por ejemplo, estaba en la pasarela en un evento de modelaje y llegó una venezolana que baila muy bien y es muy bonita. Cuando la vi, tenía morados. No me acerqué a ella, porque no me gusta, como se dice acá, “comprar problemas”. Simplemente observé todo y le pregunté qué le había pasado y me respondió: que por ser venezolana, que por perra, que porque las venezolanas son perras”.
La rutina del vilipendio, se diría. Pero es apenas una situación de las tantas que deben encarar los migrantes venezolanos detenidos. Sin plata, lejos de casa, sin un gobierno que se preocupe por ellos, sin embajada que los represente y con el estigma en 33 de los casos de ser miembros de una comunidad históricamente excluida.
De vuelta al hacinamiento, que todo lo complejiza, Ulises sostiene que en la cárcel a veces la cama es lo de menos, pues hay otras condiciones de indignidad que van en contravía de cualquier resocialización posible. La investigación de Iturralde, Santamaría y Uribe aporta ideas para entender lo que ocurre en la mitad de una pandemia. Su conclusión es que el sistema penitenciario no cuenta “con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y para propiciar su reintegración a la sociedad, que es su fin primordial”.
En esa línea, Leonardo Rodríguez Cely, psicólogo, doctor en criminología y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, añade que el hacinamiento, la deficiente atención en salud, la escasa oferta de programas especializados para la reintegración y el masificado trato inhumano contribuye a que los niveles de reincidencia sean muy altos. Un contexto que agrava las vulneraciones a la comunidad LGBTI y a los migrantes detenidos.
Linda Teresa Orcasita, psicóloga y experta en temas de género, pone el foco en otros asuntos claves: “La atención diferencial es necesaria en el contexto carcelario y más si estamos hablando de población migrante, pues allí existen diversas vulneraciones asociadas a diversos estereotipos vinculados al estigma y prejuicio sobre la población”. Para ella ha venido aumentando el lenguaje discriminatorio y extendido, según el cual son los venezolanos el enemigo de hoy, lo cual refuerza las agresiones hacia esa población dentro de la cárcel. Y si esa población, además se reconoce diversa, todo se complica más.
En muchos casos la población LGBTI es víctima de abusos sexuales de internos, que erróneamente consideran dichas prácticas como “correctivas” de esas entidades de género y orientación sexual. “Eso lamentablemente es una de las vulneraciones a los derechos humanos más graves que se comete contra ellos. La gente cree que eso se quita, que ser diverso es una moda o que se les va a pasar”, asegura la psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali.
Salud y hormonización
Como respuesta a las dificultades de la población LGBTI, en el informe de julio 2021 del Inpec asegura que ha venido trabajando en desarrollo de un enfoque diferencial que garantice la vida y la dignidad de esta población, tal como se promulgó en la Ley 1709 de 2014. “En materia normativa y de jurisprudencia para el reconocimiento y la protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas privadas de la libertad se han logrado varios avances”, dicta el documento al referirse a la Sentencia T-062/11 de la Corte Constitucional, por la cual se prohíbe a las instituciones penitenciarias restringir visitas íntimas, el corte de cabello, la tenencia de utensilios de belleza, entre otras disposiciones y sentencias.
Además, la Resolución 6349 de 2016 dio un mandato claro para la implementación de medidas especiales que permitan brindar condiciones de equidad y acceso a sus derechos en los centros penitenciarios. Frente a ello, la Dirección de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial del Inpec explica que en el año 2019 los 132 establecimientos de reclusión del país elaboraron un reglamento interno, en consonancia con el enfoque diferencial.
En concreto, a través de la Dirección de Atención y Tratamiento –añadió la entidad en respuesta a una solicitud de información– desarrollan jornadas de autorreconocimiento dos veces por año en los establecimientos para identificar sus necesidades específicas y “adoptar programas y decisiones más acertadas para garantizar sus derechos fundamentales”.
Asimismo, la entidad sostiene que ha implementado medidas tendientes a “la visibilización, protección y garantía de los derechos de aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversa, específicamente en temáticas relacionadas con elementos de belleza, prendas de vestir y corte de cabello, criterios de clasificación para la ubicación, identificación, participación, requisas, trámite de quejas, reclamos y denuncias y visitas íntimas”.
Sin embargo, los testimonios recogidos para esta investigación periodística contradicen la versión institucional y, al contrario, evidencian un largo listado de vacíos por resolver que se vuelve más complejo cuando los internos son migrantes venezolanos. Gaby Luzardo, una mujer trans venezolana de 40 años, a quien capturaron llevando cápsulas de cocaína en su estómago y que estuvo detenida por cuatro años en las cárceles La Modelo, la Distrital de Bogotá y la de Acacías (Meta), advierte que la salud para la población LGBTI en Colombia es calamitosa.
En el famoso “patio milenio” de la cárcel bogotana, “decían que uno tenía que estarse muriendo más o menos para que lo sacaran del patio y si era de población LGBTI, peor”, afirma. Así lo vivió ella cuando se enfermó y recuerda que tuvo que pagar veinte mil pesos a un dragoneante para que la auxiliara. En la cárcel todo tiene un precio. Y sí que lo sabe la comunidad diversa, particularmente quienes están en proceso de transición de género.
Gaby, por ejemplo, no inició su proceso de hormonización en La Modelo pues este tratamiento, basado en el uso de medicación para modificar el cuerpo en función de la identidad de género autoreconocida, le salía demasiado caro. Las pastillas Activia 21, indicadas para ese proceso, le costaban en la cárcel cincuenta mil pesos, pero en la calle su costo promedio era de seis mil. Por ello, su “iniciación” se quedó en el maquillaje, el perfume, los tacones y la ropa femenina. Además, asegura que no tuvo asesoría ni acompañamiento para empezar este proceso, por ello lo hizo al salir de prisión.
Ulises Miranda agrega que en la cárcel de Jamundí su proceso de hormonización fue más benévolo. “Cuando se me olvidaba la cita médica, llegaba una enfermera al patio a decirme: vamos a que le den su medicación”. En cambio, cuenta que en La Modelo el trato fue siempre denigrante e indigno y que el cáncer de estómago que padecía apenas fue tratado con acetaminofén. “Eso es lo que hay, si quiere bien y si no de malas”, recuerda.
Pedro Ramos*, uno de los guardias del Inpec, sostiene que ellos también sufren por el hacinamiento y las precarias condiciones de las cárceles que custodian. “Nosotros trabajamos con las uñas, pero a pesar de eso a los internos se les acompaña en sus procesos de salud, en la medida de lo posible. Hay cosas de recursos que nosotros no podemos controlar”, relata, y explica que los procedimientos quirúrgicos y hormonales para la población diversa no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, lo que dificulta los procesos de transición al interior de la cárcel: “Sin embargo, eso ha cambiado un poco, hoy en día las personas pueden acceder más fácil a estos servicios y hay casos de internos que han logrado hasta cirugías de senos después de interponer acciones legales”.
La psicóloga Orcasita señala que urgen medidas estructurales para atender a la población LGBTI que está en tránsito de su género. Si un sistema penitenciario como el colombiano no permite hacer las consultas médicas necesarias para desarrollar bien la hormonización de estos pacientes, eso puede derivar en efectos negativos para su salud.
De ahí la importancia, para Orcasita, de que los internos puedan tener un monitoreo real de sus procesos, no solo de hormonización, sino de pruebas de VIH, educación positiva en prácticas sexuales y dotación de preservativos. “No se trata de un acompañamiento a algo cosmético, es un asunto de salud desde una perspectiva sistémica”, puntualiza.
Y en esa mirada redonda sobre esta comunidad, no pueden perderse de vista los estragos del maltrato diario por su condición sexual. Ulises cuenta que alguna vez su amiga Alana fue ultrajada por la guardia, porque su nombre en la cédula era Eduardo. “¡Que yo soy Alana!”, les gritaba ella con voz fuerte e indignada, mientras sorteaba una requisa en su celda. “Cuál Alana ni qué mierda, usted se llama Eduardo. Lo que pasa es que no tiene las güevas bien puestas. Usted es un pobre güevón vestido de mujer”, le contestaban y, enseguida, un bolillazo.
Ulises y Alana coincidieron en 2020 en la cárcel de Jamundí. Apenas una historia más de las múltiples que no trascienden más allá de los barrotes, con sutiles o sustanciales diferencias, dependiendo de las diversas identidades sexuales que se autorreconocen en prisión. “El hombre gay no sufre tanta discriminación como nos toca a las chicas trans”, asegura Gaby Luzardo.
Estudios de género son concluyentes en que la diferenciación entre el trato dirigido por hombres y mujeres que se autodenominan LGBTI puede atribuirse a la legitimación social de los afectos que se les ha dado a las mujeres y que históricamente se les ha negado a los hombres, centrada en las relaciones de poder. “Si voy tomada de la mano de una mujer en las calles, seguramente se va a asociar con que es mi mamá, mi hermana o mi amiga. Es decir, que no atenta tanto contra ese mundo hegemónico que existe, porque a las mujeres se nos permite socialmente la expresión afectiva mediada por los abrazos, los afectos y los besos. Pero, en los hombres es diferente. La norma social les enseña que deben distanciarse del afecto y validar socialmente su masculinidad que, en muchos casos, incluye denigrar y estereotipar”, dice la psicóloga Orcasita.
Y en un contexto carcelario, normalizar estos comportamientos de maltrato hacia la población diversa es la regla en las cárceles de hombres. Ulises lo dice mejor: “El problema es que quien se atreve a exigir respeto o a luchar por unas condiciones básicas de bienestar, tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso muchas personas prefieren callar, aguantarse u ocultar su identidad para evitar más maltratos y violencia”.
La crisis se agrava más para los venezolanos que hacen parte de la población LGBTI privados de la libertad en Colombia, pues además tienen que sortear la ausencia de sus familias y los líos económicos de la supervivencia misma en la cárcel. “Cuando no tenía ropa ni trabajaba haciendo uñas y tintes acá, me vestía con lo que me regalaban las visitas. A veces los que venían a visitar a mis compañeras traían ropita de más y me regalaban”, cuenta Alicia Bustos.
En la otra orilla, Pedro, el guardia del Inpec, asegura que no todo es tan rotundo: “A las personas LGBTI les preguntamos quién quiere que las requise. Eso lo respetamos y si tienen sus citas médicas o procesos de hormonización, hágale. Pero hay muchas cosas del otro lado que no se ven”.
Y agrega que son señalados permanentemente de ser “los malos”, y comprende que piensen así: “Nadie quiere vivir la experiencia de estar privado de la libertad y bajo las condiciones que implica estarlo. Pero lo que no dicen es que algunos utilizan su identidad diversa para ponernos al límite y a nosotros nos toca aguantarnos. Por poner un ejemplo, cuando vamos a hacer requisas, como a ellos no se les puede tocar, muchas veces son los que se encargan de encaletar cosas en su ‘cajón’ [partes íntimas]. O cuando se cortan y nos amenazan con la sangre diciendo que tienen VIH y que nos van a contagiar”.
Avances insuficientes
La tutela ha sido un instrumento legal frecuente para tratar de balancear la reiterada violación a los derechos de la población carcelaria. Uno de los antecedentes históricos que marcó el rumbo de los reclusos LGBTI en Colombia fue el caso de Marta Lucía Álvarez. Desde 1994, a pesar de sus legítimos requerimientos, le fue negado el derecho a la visita íntima por ser lesbiana. Como reclamó sus derechos, la humillaron, golpearon y trasladaron a doce cárceles del país, así queda documentado a lo largo de su libro “Mi historia la cuento yo”.
En mayo de 1996 acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA que después de analizar el proceso determinó, en 2014, que el Estado colombiano debía eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGBTI privadas de su libertad, al tiempo que reconoció la extensa cadena de violaciones a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En 2016, ante la comunidad internacional, el Estado aprovechó la oportunidad para pedir perdón a la señora Marta Lucía Álvarez Giraldo por las afectaciones causadas, manifestándole además el compromiso y voluntad de repararla integralmente, así como para que hechos como estos no tengan ocurrencia en el futuro.
En 2017 se acordaron las medidas de reparación: compensación que incluye la indemnización tanto por daño material e inmaterial; un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas; la publicación y difusión del diario de la víctima “Mi historia la cuento yo”, y medidas de no repetición que incluyen la modificación del Reglamento General Penitenciario y de los reglamentos internos de cada establecimiento de reclusión, entre otras.
Este pleito internacional abrió la puerta para que el Estado colombiano tratara de responder a los estándares de derechos humanos a nivel global, en relación con la población LGBTI detenida en cárceles. Gustavo Pérez, representante de la Mesa de Seguimiento del caso Álvarez y miembro de Colombia Diversa, dice que, a pesar de múltiples retrasos, en 2019 por fin el Inpec adecuó su reglamento interno para atender esta obligación internacional y avanzar en los procesos de formación a sus funcionarios. “Estamos diseñando una metodología para hacer un seguimiento más sistemático de la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad y, de este modo, medir el impacto real del cambio de los reglamentos y procesos de formación”, cuenta.
Más allá de lo que dicen los nuevos reglamentos del Inpec o los avances en materia de sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional –en 2013, por ejemplo, reafirmó la visita íntima como un derecho fundamental–, lo cierto es que la discriminación abismal contra esta población no cesa. Así lo revelan también los testimonios que fueron recogidos en diferentes centros penitenciarios de Colombia durante esta investigación periodística. En lugar de la protección que deberían tener, algunos internos manifiestan que los tipos y escalas de violencia se mantienen y varían según la cárcel, el patio o el sector en el que se encuentren o los niveles de hacinamiento, las jerarquías de poder entre unos internos y otros y si son hombres o mujeres. Se trata de una normalización de la humillación por su identidad sexual o su lugar de origen. Y los venezolanos migrantes, diversos y detenidos sí que saben de ello.
* Nombres modificados para reservar la seguridad de las fuentes.
** Los datos entregados por el INPEC corresponden a agosto de 2021.
Nota: Esta investigación fue realizada como parte del especial periodístico de Consejo de Redacción: Salud en el exilio. Vea el artículo completo aquí.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Es un triple estigma: ser migrante, venezolano y pertenecer a la población LGBTI en una cárcel de Colombia. La cruda realidad tras las rejas, en un país con 96.386 prisioneros –a julio de 2021, según el informe estadístico del Inpec– apiñados por los excesos del delito. Un entorno que se hace más azaroso cuando el recluso cumple esa triple condición.
Cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indican que, de 1.995 venezolanos presos en el país, 33 se reconocen como población diversa. El dato, sin embargo, no refleja toda la realidad, pues muchos prefieren esconder su orientación sexual para no lidiar con nuevas violencias. Pero más allá de los números, las historias de estas personas encarnan dramas que apenas están empezando a contarse.
Hace unas décadas eran los colombianos los que migraban hacia Venezuela a causa del conflicto armado o en busca de mejores oportunidades en una nación boyante, gracias al petróleo. De acuerdo con expertos, fueron alrededor de cinco millones de colombianos los que se instalaron allá. Pero la actual realidad social y política del vecino país le dio la vuelta a esa moneda y ahora la diáspora venezolana suma 5,4 millones de migrantes, de los cuales casi dos millones se han asentado en Colombia.
Su inserción no ha sido fácil y menos a una sociedad donde la discriminación aparece en cualquier momento. Yahir Pérez* lo sabe y lo ha padecido, porque además de ser venezolano, es gay y está detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, que alberga otros 174 reclusos oriundos de su país. Nació en el Estado Lara, noroccidente de Venezuela. En medio de la asfixia económica de su familia y agobiado por la discriminación en su tierra dada su orientación sexual, se vino a Colombia hace tres años. Apenas llevaba unos meses cuando cayó preso.
La mayor parte de su encierro la pasó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Allí sufrió más de la cuenta. Si en las cárceles regulares existe hacinamiento –a julio de este año rondaba el 18%, con una sobrepoblación de casi 14.800 personas– en esa URI podía multiplicarse por cinco, explica Yahir. Cuando lo trasladaron a la cárcel La Modelo pasó tres días deambulando entre pasillos, sin ningún patio asignado y recibiendo todos los insultos imaginados por su orientación sexual.
“Cuando llegué me ofendían mucho, me insultaban, no me dejaban entrar. Casi todos los días me decían groserías y eso que hoy estoy en el patio de convivencia, pero parece que no fuera así”, relata. Según él, es común que a la comunidad LGBTI no le dejen entrar encomiendas o ropa íntima femenina, para quienes se reconocen como mujeres transexuales. La vida detrás de los barrotes ya es suficientemente difícil, pero lo es más si eres venezolano y de orientación sexual diversa. Es como un doble estándar xenófobo.
Alicia Bustos* también lo padeció. Tiene 27 años, es venezolana, madre de dos hijos y bisexual. Llegó a Colombia en 2015 y terminó detenida al intentar transportar droga a Brasil, por lo que ya completa seis años en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Se mueve con propiedad en ese lugar, que no está exento del hacinamiento estructural de las cárceles colombianas: con capacidad para 1.246 reclusas, en agosto de 2021 albergaba 1.785.
Esta penitenciaría cuenta con más de medio siglo de historia, tiene hasta cinco pisos y en el centro de esa mole abigarrada hay una cancha de baloncesto y unos juegos infantiles para atender a los hijos de las internas, que están enrejados y sin uso por la pandemia. Por su antigüedad en la cárcel, Alicia duerme en la cama de arriba del camarote.
Son cerca de las nueve de la noche y el pabellón en el que ella se encuentra empieza a moverse de forma convulsionada. El bullicio de fondo es evidente.
–¿Qué está pasando en este momento?, le preguntamos.
–Estamos haciendo aseo, lavando ropa, bañándonos, algunas están haciendo arepas y otras por aquí están bailando.
Suena de fondo música festiva.
–¿Y por qué tan activas en este momento?
–Porque solo a esta hora sube el agua al piso en el que estoy. Si uno quiere hacer estas cosas en otro momento no se puede, porque no llega el agua.
A pesar de las rutinas de la cárcel, de estar muy lejos de sus hijos y sentirse ajena como migrante, Alicia reconoce que aun con las carencias, el Inpec le ha ayudado con lo mínimo en aseo. “Ellos les colaboran a los migrantes con un kit cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes. La embajada de Venezuela en Bogotá solo vino una vez, en 2015, y no volvió. Los venezolanos estamos abandonados”, dice.
Hacinamiento y discriminación
Los números de la sobrepoblación carcelaria en Colombia no son nuevos. Estas condiciones derivaron en reportes de organismos nacionales e internacionales sobre permanentes violaciones a los derechos humanos y tratos indignos, hasta llegar a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria que decretó la Corte Constitucional desde 1998, en la Sentencia T-153/98. Desde entonces ha habido múltiples pronunciamientos del alto tribunal de seguimiento a esta crítica situación.
Pese a ello, el país alcanzó un hacinamiento máximo histórico del 55% en 2016 y 2019, según datos de los investigadores colombianos Manuel Iturralde, Nicolás Santamaría y Juan Pablo Uribe, reseñados en su informe “Covid-19 y la crisis estructural de las prisiones de Colombia: diagnóstico y propuestas de solución”. Las condiciones de sobrepoblación se han sostenido en las últimas dos décadas.
Esto sigue siendo un problema mayúsculo y se acentúa en algunas regiones, como en los distintos centros penitenciarios del noroccidente del país, donde se reporta en el informe estadístico del Inpec divulgado en julio de 2021, un hacinamiento del 42,3 %, con 3.451 reclusos sin cama. La cifra contrasta con los centros del viejo Caldas, donde apenas es del 5,1 %, con 568 internos sin dónde dormir.
Aunque los venezolanos son los extranjeros con mayor presencia en estos establecimientos (pues 8 de cada 10 migrantes provienen del país vecino, seguidos por los ecuatorianos con 4,9% y otros países como México, Costa Rica y Nicaragua, que no llegan al 2 por ciento), hasta el 26 de agosto sumaban 1.995 presos. La mayoría por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas. Lo que representa una porción ínfima frente a los casi dos millones de migrantes que viven en el país.
Esas cifras muestran que los migrantes están lejos de ser los principales responsables de la inseguridad en Colombia. No obstante, cada vez que las autoridades se enfocan en la nacionalidad de un detenido, refuerzan un peligroso imaginario cargado de xenofobia, que no solo lo deben soportar los migrantes en las calles, sino en las cárceles, y con mayor intensidad si hacen parte de la población LGBTI.
Ulises Miranda es caleña, transexual y defensora de derechos humanos de la comunidad diversa. A sus 50 años de edad, acaba de recuperar su libertad y ha sido testigo de todas las complejidades que ha tenido que afrontar la población diversa en cárceles como La Modelo en Bogotá o Jamundí, en el Valle del Cauca. Según ella, cuando estuvo recluida en la capital de la República la ultrajaron más. La pandemia del coronavirus SARS-COV-2 atizó el estrés de los internos y los guardias, siempre hacinados, pero la discriminación permaneció intacta.
Como representante de la comunidad LGBTI en La Modelo tuvo que soportar toda suerte de vejámenes. “Sentía mucho temor. Por ser de derechos humanos me decían: ¿derechos humanos?, ¿un travesti, negro y caleño?”. “Además, me tiraban estiércol con orines”. Ulises dice que a los venezolanos diversos les iba peor: “Hay mucha xenofobia hacia ellos, incluso de panameños, mexicanos y guatemaltecos. Son muy agresivos. En Jamundí también vi mucho trato despectivo, un desprecio por los venezolanos y ahora en la calle lo veo más: muchas chicas venezolanas trans en la calle sufren agresiones físicas y verbales permanentemente”.
Por su parte, la mexicana Alejandra Martínez, exreclusa de El Buen Pastor, es enfática en decir que a los venezolanos los agreden mucho más. “Como mexicana nunca sufrí discriminación”, dice, y recuerda que ser migrante en una cárcel es sufrir la soledad del encierro sin el consuelo de su familia porque no pueden visitarlas. Además, “a los migrantes nos cobran más caro los trámites judiciales por el solo hecho de no ser de este país”.
Alicia complementa: “A nosotras las venezolanas nos dan muy duro. Hoy, por ejemplo, estaba en la pasarela en un evento de modelaje y llegó una venezolana que baila muy bien y es muy bonita. Cuando la vi, tenía morados. No me acerqué a ella, porque no me gusta, como se dice acá, “comprar problemas”. Simplemente observé todo y le pregunté qué le había pasado y me respondió: que por ser venezolana, que por perra, que porque las venezolanas son perras”.
La rutina del vilipendio, se diría. Pero es apenas una situación de las tantas que deben encarar los migrantes venezolanos detenidos. Sin plata, lejos de casa, sin un gobierno que se preocupe por ellos, sin embajada que los represente y con el estigma en 33 de los casos de ser miembros de una comunidad históricamente excluida.
De vuelta al hacinamiento, que todo lo complejiza, Ulises sostiene que en la cárcel a veces la cama es lo de menos, pues hay otras condiciones de indignidad que van en contravía de cualquier resocialización posible. La investigación de Iturralde, Santamaría y Uribe aporta ideas para entender lo que ocurre en la mitad de una pandemia. Su conclusión es que el sistema penitenciario no cuenta “con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y para propiciar su reintegración a la sociedad, que es su fin primordial”.
En esa línea, Leonardo Rodríguez Cely, psicólogo, doctor en criminología y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, añade que el hacinamiento, la deficiente atención en salud, la escasa oferta de programas especializados para la reintegración y el masificado trato inhumano contribuye a que los niveles de reincidencia sean muy altos. Un contexto que agrava las vulneraciones a la comunidad LGBTI y a los migrantes detenidos.
Linda Teresa Orcasita, psicóloga y experta en temas de género, pone el foco en otros asuntos claves: “La atención diferencial es necesaria en el contexto carcelario y más si estamos hablando de población migrante, pues allí existen diversas vulneraciones asociadas a diversos estereotipos vinculados al estigma y prejuicio sobre la población”. Para ella ha venido aumentando el lenguaje discriminatorio y extendido, según el cual son los venezolanos el enemigo de hoy, lo cual refuerza las agresiones hacia esa población dentro de la cárcel. Y si esa población, además se reconoce diversa, todo se complica más.
En muchos casos la población LGBTI es víctima de abusos sexuales de internos, que erróneamente consideran dichas prácticas como “correctivas” de esas entidades de género y orientación sexual. “Eso lamentablemente es una de las vulneraciones a los derechos humanos más graves que se comete contra ellos. La gente cree que eso se quita, que ser diverso es una moda o que se les va a pasar”, asegura la psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali.
Salud y hormonización
Como respuesta a las dificultades de la población LGBTI, en el informe de julio 2021 del Inpec asegura que ha venido trabajando en desarrollo de un enfoque diferencial que garantice la vida y la dignidad de esta población, tal como se promulgó en la Ley 1709 de 2014. “En materia normativa y de jurisprudencia para el reconocimiento y la protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas privadas de la libertad se han logrado varios avances”, dicta el documento al referirse a la Sentencia T-062/11 de la Corte Constitucional, por la cual se prohíbe a las instituciones penitenciarias restringir visitas íntimas, el corte de cabello, la tenencia de utensilios de belleza, entre otras disposiciones y sentencias.
Además, la Resolución 6349 de 2016 dio un mandato claro para la implementación de medidas especiales que permitan brindar condiciones de equidad y acceso a sus derechos en los centros penitenciarios. Frente a ello, la Dirección de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial del Inpec explica que en el año 2019 los 132 establecimientos de reclusión del país elaboraron un reglamento interno, en consonancia con el enfoque diferencial.
En concreto, a través de la Dirección de Atención y Tratamiento –añadió la entidad en respuesta a una solicitud de información– desarrollan jornadas de autorreconocimiento dos veces por año en los establecimientos para identificar sus necesidades específicas y “adoptar programas y decisiones más acertadas para garantizar sus derechos fundamentales”.
Asimismo, la entidad sostiene que ha implementado medidas tendientes a “la visibilización, protección y garantía de los derechos de aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversa, específicamente en temáticas relacionadas con elementos de belleza, prendas de vestir y corte de cabello, criterios de clasificación para la ubicación, identificación, participación, requisas, trámite de quejas, reclamos y denuncias y visitas íntimas”.
Sin embargo, los testimonios recogidos para esta investigación periodística contradicen la versión institucional y, al contrario, evidencian un largo listado de vacíos por resolver que se vuelve más complejo cuando los internos son migrantes venezolanos. Gaby Luzardo, una mujer trans venezolana de 40 años, a quien capturaron llevando cápsulas de cocaína en su estómago y que estuvo detenida por cuatro años en las cárceles La Modelo, la Distrital de Bogotá y la de Acacías (Meta), advierte que la salud para la población LGBTI en Colombia es calamitosa.
En el famoso “patio milenio” de la cárcel bogotana, “decían que uno tenía que estarse muriendo más o menos para que lo sacaran del patio y si era de población LGBTI, peor”, afirma. Así lo vivió ella cuando se enfermó y recuerda que tuvo que pagar veinte mil pesos a un dragoneante para que la auxiliara. En la cárcel todo tiene un precio. Y sí que lo sabe la comunidad diversa, particularmente quienes están en proceso de transición de género.
Gaby, por ejemplo, no inició su proceso de hormonización en La Modelo pues este tratamiento, basado en el uso de medicación para modificar el cuerpo en función de la identidad de género autoreconocida, le salía demasiado caro. Las pastillas Activia 21, indicadas para ese proceso, le costaban en la cárcel cincuenta mil pesos, pero en la calle su costo promedio era de seis mil. Por ello, su “iniciación” se quedó en el maquillaje, el perfume, los tacones y la ropa femenina. Además, asegura que no tuvo asesoría ni acompañamiento para empezar este proceso, por ello lo hizo al salir de prisión.
Ulises Miranda agrega que en la cárcel de Jamundí su proceso de hormonización fue más benévolo. “Cuando se me olvidaba la cita médica, llegaba una enfermera al patio a decirme: vamos a que le den su medicación”. En cambio, cuenta que en La Modelo el trato fue siempre denigrante e indigno y que el cáncer de estómago que padecía apenas fue tratado con acetaminofén. “Eso es lo que hay, si quiere bien y si no de malas”, recuerda.
Pedro Ramos*, uno de los guardias del Inpec, sostiene que ellos también sufren por el hacinamiento y las precarias condiciones de las cárceles que custodian. “Nosotros trabajamos con las uñas, pero a pesar de eso a los internos se les acompaña en sus procesos de salud, en la medida de lo posible. Hay cosas de recursos que nosotros no podemos controlar”, relata, y explica que los procedimientos quirúrgicos y hormonales para la población diversa no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, lo que dificulta los procesos de transición al interior de la cárcel: “Sin embargo, eso ha cambiado un poco, hoy en día las personas pueden acceder más fácil a estos servicios y hay casos de internos que han logrado hasta cirugías de senos después de interponer acciones legales”.
La psicóloga Orcasita señala que urgen medidas estructurales para atender a la población LGBTI que está en tránsito de su género. Si un sistema penitenciario como el colombiano no permite hacer las consultas médicas necesarias para desarrollar bien la hormonización de estos pacientes, eso puede derivar en efectos negativos para su salud.
De ahí la importancia, para Orcasita, de que los internos puedan tener un monitoreo real de sus procesos, no solo de hormonización, sino de pruebas de VIH, educación positiva en prácticas sexuales y dotación de preservativos. “No se trata de un acompañamiento a algo cosmético, es un asunto de salud desde una perspectiva sistémica”, puntualiza.
Y en esa mirada redonda sobre esta comunidad, no pueden perderse de vista los estragos del maltrato diario por su condición sexual. Ulises cuenta que alguna vez su amiga Alana fue ultrajada por la guardia, porque su nombre en la cédula era Eduardo. “¡Que yo soy Alana!”, les gritaba ella con voz fuerte e indignada, mientras sorteaba una requisa en su celda. “Cuál Alana ni qué mierda, usted se llama Eduardo. Lo que pasa es que no tiene las güevas bien puestas. Usted es un pobre güevón vestido de mujer”, le contestaban y, enseguida, un bolillazo.
Ulises y Alana coincidieron en 2020 en la cárcel de Jamundí. Apenas una historia más de las múltiples que no trascienden más allá de los barrotes, con sutiles o sustanciales diferencias, dependiendo de las diversas identidades sexuales que se autorreconocen en prisión. “El hombre gay no sufre tanta discriminación como nos toca a las chicas trans”, asegura Gaby Luzardo.
Estudios de género son concluyentes en que la diferenciación entre el trato dirigido por hombres y mujeres que se autodenominan LGBTI puede atribuirse a la legitimación social de los afectos que se les ha dado a las mujeres y que históricamente se les ha negado a los hombres, centrada en las relaciones de poder. “Si voy tomada de la mano de una mujer en las calles, seguramente se va a asociar con que es mi mamá, mi hermana o mi amiga. Es decir, que no atenta tanto contra ese mundo hegemónico que existe, porque a las mujeres se nos permite socialmente la expresión afectiva mediada por los abrazos, los afectos y los besos. Pero, en los hombres es diferente. La norma social les enseña que deben distanciarse del afecto y validar socialmente su masculinidad que, en muchos casos, incluye denigrar y estereotipar”, dice la psicóloga Orcasita.
Y en un contexto carcelario, normalizar estos comportamientos de maltrato hacia la población diversa es la regla en las cárceles de hombres. Ulises lo dice mejor: “El problema es que quien se atreve a exigir respeto o a luchar por unas condiciones básicas de bienestar, tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso muchas personas prefieren callar, aguantarse u ocultar su identidad para evitar más maltratos y violencia”.
La crisis se agrava más para los venezolanos que hacen parte de la población LGBTI privados de la libertad en Colombia, pues además tienen que sortear la ausencia de sus familias y los líos económicos de la supervivencia misma en la cárcel. “Cuando no tenía ropa ni trabajaba haciendo uñas y tintes acá, me vestía con lo que me regalaban las visitas. A veces los que venían a visitar a mis compañeras traían ropita de más y me regalaban”, cuenta Alicia Bustos.
En la otra orilla, Pedro, el guardia del Inpec, asegura que no todo es tan rotundo: “A las personas LGBTI les preguntamos quién quiere que las requise. Eso lo respetamos y si tienen sus citas médicas o procesos de hormonización, hágale. Pero hay muchas cosas del otro lado que no se ven”.
Y agrega que son señalados permanentemente de ser “los malos”, y comprende que piensen así: “Nadie quiere vivir la experiencia de estar privado de la libertad y bajo las condiciones que implica estarlo. Pero lo que no dicen es que algunos utilizan su identidad diversa para ponernos al límite y a nosotros nos toca aguantarnos. Por poner un ejemplo, cuando vamos a hacer requisas, como a ellos no se les puede tocar, muchas veces son los que se encargan de encaletar cosas en su ‘cajón’ [partes íntimas]. O cuando se cortan y nos amenazan con la sangre diciendo que tienen VIH y que nos van a contagiar”.
Avances insuficientes
La tutela ha sido un instrumento legal frecuente para tratar de balancear la reiterada violación a los derechos de la población carcelaria. Uno de los antecedentes históricos que marcó el rumbo de los reclusos LGBTI en Colombia fue el caso de Marta Lucía Álvarez. Desde 1994, a pesar de sus legítimos requerimientos, le fue negado el derecho a la visita íntima por ser lesbiana. Como reclamó sus derechos, la humillaron, golpearon y trasladaron a doce cárceles del país, así queda documentado a lo largo de su libro “Mi historia la cuento yo”.
En mayo de 1996 acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA que después de analizar el proceso determinó, en 2014, que el Estado colombiano debía eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGBTI privadas de su libertad, al tiempo que reconoció la extensa cadena de violaciones a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En 2016, ante la comunidad internacional, el Estado aprovechó la oportunidad para pedir perdón a la señora Marta Lucía Álvarez Giraldo por las afectaciones causadas, manifestándole además el compromiso y voluntad de repararla integralmente, así como para que hechos como estos no tengan ocurrencia en el futuro.
En 2017 se acordaron las medidas de reparación: compensación que incluye la indemnización tanto por daño material e inmaterial; un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas; la publicación y difusión del diario de la víctima “Mi historia la cuento yo”, y medidas de no repetición que incluyen la modificación del Reglamento General Penitenciario y de los reglamentos internos de cada establecimiento de reclusión, entre otras.
Este pleito internacional abrió la puerta para que el Estado colombiano tratara de responder a los estándares de derechos humanos a nivel global, en relación con la población LGBTI detenida en cárceles. Gustavo Pérez, representante de la Mesa de Seguimiento del caso Álvarez y miembro de Colombia Diversa, dice que, a pesar de múltiples retrasos, en 2019 por fin el Inpec adecuó su reglamento interno para atender esta obligación internacional y avanzar en los procesos de formación a sus funcionarios. “Estamos diseñando una metodología para hacer un seguimiento más sistemático de la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad y, de este modo, medir el impacto real del cambio de los reglamentos y procesos de formación”, cuenta.
Más allá de lo que dicen los nuevos reglamentos del Inpec o los avances en materia de sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional –en 2013, por ejemplo, reafirmó la visita íntima como un derecho fundamental–, lo cierto es que la discriminación abismal contra esta población no cesa. Así lo revelan también los testimonios que fueron recogidos en diferentes centros penitenciarios de Colombia durante esta investigación periodística. En lugar de la protección que deberían tener, algunos internos manifiestan que los tipos y escalas de violencia se mantienen y varían según la cárcel, el patio o el sector en el que se encuentren o los niveles de hacinamiento, las jerarquías de poder entre unos internos y otros y si son hombres o mujeres. Se trata de una normalización de la humillación por su identidad sexual o su lugar de origen. Y los venezolanos migrantes, diversos y detenidos sí que saben de ello.
* Nombres modificados para reservar la seguridad de las fuentes.
** Los datos entregados por el INPEC corresponden a agosto de 2021.
Nota: Esta investigación fue realizada como parte del especial periodístico de Consejo de Redacción: Salud en el exilio. Vea el artículo completo aquí.
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