Desde este 9 de noviembre y por orden de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el soldado profesional (r) Francisco Eladio Uribe vuelve a ser miembro del sistema de justicia transicional. En abril de este año había sido expulsado, luego de que se conociera su nombre entre los principales señalados por el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse en Haití, en 2021. Sin embargo, a partir de hoy tiene una nueva luz.
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La Sección de Apelación revocó la decisión con la cual Uribe fue expulsado, dado que las razones que motivaron su exclusión, en realidad, no están del todo claras. Es verdad que se demostró que salió del país, a mediados de 2021, cuando no tenía permiso para hacerlo y, además, es protagonista la dilatada investigación que adelanta Haití por la muerte de Moïse. Sin embargo, Uribe no ha sido condenado, ni tampoco han sido aportadas al Estado colombiano pruebas contundentes que vinculen a Uribe con el mayor crimen en la historia del país centroamericano.
“El hecho manifiesto que salta a la vista en el presente asunto está relacionado única y exclusivamente con la captura de Uribe Ochoa, por parte de autoridades haitianas. No es cierto que su responsabilidad penal sea igualmente revelada. Pues, se reitera, además de la ausencia de elementos concretos e inequívocos de los cuales se pueda advertir su culpabilidad, no se ha desvirtuado la presunción de inocencia de Uribe, quien, además, hasta donde se tiene conocimiento, se encuentra alegando inocencia, no ha reconocido cargos, ni ha sido condenado”, agregó la JEP.
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Aunque quedó revocada la resolución que decretó la salida de Uribe, se adelantará un incidente de incumplimiento, con respecto a su salida sin permiso del país. Según reportes de Migración Colombia, salió el 4 de junio de 2021 con destino a Punta Cana (República Dominicana). Desde allí, de acuerdo con la escasa investigación que las autoridades haitianas han revelado, salió con destino al país entonces presidido por Moïse, donde, al parecer en compañía de casi una veintena de militares retirados, habría acribillado al jefe de Estado en su propia casa.
Así las cosas, por ahora la justicia ordinaria no tomará acciones por las dos investigaciones previas que cursaban contra Uribe y cuyo origen está en Colombia. Uno de los juicios tiene que ver con el asesinato de dos personas en Don Matías (Antioquia), en 2007, al parecer por miembros del Gaula Militar. “Las personas fallecidas fueron reportadas como extorsionistas dados de baja en combate”, se lee en la acusación de la Fiscalía.
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En otro de los casos, se le recrimina otro caso de falsos positivos, esta vez desde Yarumal (Antioquia) en 2008. Todo indica que el soldado (r) Uribe tendría información relevante sobre esta muerte, pues en su solicitud de entrada a la JEP, en 2018, remarcó que colaboraría para destapar la verdad sobre este hecho en particular. Por ahora, permanece privado de su libertad en Haití, un país que, después de año y medio del asesinato de Moïse, no lo ha llevado a juicio. Desde la prisión ha enviado cartas y audios a Colombia en los que señala que fue obligado a autoincriminarse bajo tortura.
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