La Procuraduría General le formuló pliego de cargos contra la exministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, por el presunto incumplimiento de las obligaciones que se habían adquirido con Panam Sports Organization para el desarrollo de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Las presuntas faltas, dice el ente de control, provocaron “la rescisión del negocio jurídico y el retiro de la sede”.
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público señaló que la ahora exministra y el secretario general, Luis David Garzón Chaves —quien también fue incluido en el expediente—, “habrían permito el incremento en el patrimonio de la empresa en detrimento de la ciudad en 2 millones 250 mil dólares que había pagado la Alcaldía como parte de lo establecido y que se perdieron por el impago del Ministerio”.
De acuerdo con lo dicho por el ente de control, la exministra Rodríguez posiblemente “quebrantó los principios de eficacia, diligencia y celeridad de la función pública al resolver el 27 de diciembre de 2023 no suscribir el contrato y no honrar el compromiso asumido de hacer efectivo el monto pactado de acuerdo con el plan de pagos establecido el 30 de diciembre”.
Asimismo, el Ministerio Público indaga si en el caso del secretario, que fungía como ordenador del gasto, “pasó por alto el principio de eficacia al supuestamente detener el proceso contractual para modificar la forma de pago a través de un acto administrativo”. Con esa acción, presuntamente, “se afectó de manera grave la imagen, seriedad y credibilidad del Estado colombiano”.
Para el Ministerio Público, tanto la entonces ministra como su secretario “actuaron consciente y libremente, de forma voluntaria y con conocimiento” a pesar de las advertencias que se habían hecho. Los dos funcionarios en ese entonces habían sido puestos en aviso de los efectos negativos que tendría incumplir el contrato, “situación que al parecer fue omitida y que produjo las consecuencias referidas, por lo que calificó de manera provisional la presunta conducta de los funcionarios como falta gravísima cometida a título de dolo”.
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