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La Fiscalía imputará cargos a María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, por supuestas irregularidades en 106 contratos de prestación de servicios que firmó cuando fue jefe de esa cartera, hasta marzo de 2023. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía solicitará la audiencia de imputación de cargos contra Urrutia, “como posible responsable de varias conductas delictivas en el trámite y celebración de más de un centenar de contratos”. El ente investigador no pedirá una medida de aseguramiento.
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El 7 de marzo pasado, el presidente Gustavo Petro declaró como insubsistente a la exministra Urrutia, luego de conocerse que inmediatamente fue notificada sobre su salida de la cartera del Deporte, la noche del 28 de febrero, firmó una serie de contratos en tiempo récord, los cuales sumarían alrededor de $21.000 millones. Debido a esto, el investigador delegó a un grupo de fiscales de unidad anticorrupción para determinar si los señalamientos hechos por el presidente, de suscribir varios contratos, sí hubo “indelicadezas”.
“He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”, fueron las declaraciones del primer mandatario en enero de 2023, cuando argumentó su decisión de retirar del cargo de la medallista olímpica Urrutia junto a los exministros Alejandro Gaviria y Patricia Ariza.
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En la investigación, la Fiscalía encontró que, supuestamente, los contratistas finalizaron sus compromisos laborales por motivos personales. Sin embargo, en cuestión de cuatro días, y por orden de la entonces ministra Urrutia, habían sido contratados de nuevo, y por un término superior, hasta el 31 de diciembre de 2023. Andres Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, señaló que Urrutia pretendía dejar vinculadas a varias personas hasta diciembre de 2023 y que tenían contrato hasta abril de este año.
“El Ministerio de Deporte desperdició dos meses de presupuesto, duplicando los objetos contractuales sobre la misma cantidad de contratistas (...) Eso podría tener a la luz de la norma un posible interés ilícito en la celebración de contratos y también podría originar una responsabilidad penal para quien ordenó el gasto y para todos los que participaron en la celebración del contrato”, mencionó el secretario en declaraciones a Caracol Radio.
Urrutia tiene una versión distinta de los hechos. Ella dice que “en el periodo comprendido entre el primero al cinco de marzo no hubo pronunciamiento alguno por parte de la Presidencia de la República relacionada con la renuncia presentada. Por lo tanto, fungí y ejercí las funciones de ministra del Deporte tanto administrativas y financieras, incluidas la de ordenadora de gastos. Toda vez que la administración pública, en este caso inherente al Ministerio, no se podía paralizar”.
No solo la Fiscalía indaga sobre la presunta responsabilidad de Urrutia en la firma de los contratos, la Procuraduría, en su momento, también ordenó la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, con el propósito de establecer las conductas disciplinarias irregulares. Pues, en la investigación del ente acusador se estableció que los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública.
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