Néstor Iván Osuna, exministro de Justicia de Gustavo Petro, llegó a la Unidad para las Víctimas tras su salida del gabinete. Ahora, se encargará de manejar la estrategia de la entidad para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre desplazamiento forzado, declarado por la Corte Constitucional hace 20 años, en una sentencia que marcó un hito jurídico para la política pública de desplazamiento forzado, y que determinó la grave y masiva violación de derechos humanos frente a la población desplazada.
El ECI es una figura jurídica que convoca una alerta máxima sobre un escenario en el cual plenamente se vulneran los derechos amparados en la Carta Magna. En 2004, esta sentencia, nombrada T-025, reunió ante la alta corte decenas de expedientes con cientos de demandantes que pedían al Estado garantías tras abandonar o ser despojados de sus tierras. De acuerdo con la ONU, Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados internos en el mundo, superado por Siria.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, destacó que el apoyo de Osuna en esta estrategia “es una gran noticia para el país, las víctimas y sus organizaciones”, que esperan avanzar “en el goce efectivo de derechos de quienes fueron obligados a salir de sus territorios por causa del conflicto armado”. El exministro será el encargado de dirigir las acciones que den respuesta a los desafíos establecidos por la alta corte sobre la implementación de medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral para esta población que, de acuerdo al Registro Único de Víctimas, ya son más de ocho millones de desplazados.
El exministro Néstor Osuna, quien entraría en calidad de asesor, resaltó que su compromiso es lograr salir de este Estado de Cosas Inconstitucional, así como reparar y satisfacer los derechos de los desplazados. “La idea es poderle dar a Colombia y a la Corte Constitucional la noticia de que estamos haciendo todos los esfuerzos. Colaborar con la doctora Lilia y con la Unidad para las Víctimas en ese propósito me enorgullece profundamente”.
En los 20 años que han trascurrido desde la sentencia T-025, la Corte Constitucional ha reconocido avances como la expedición de un marco normativo robusto: la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas, que creo la Unidad y el sistema de restitución de tierras) y los Decretos Ley Étnicos. No obstante, diferentes documentos de seguimiento han insistido a las entidades a fortalecer esfuerzos y crear soluciones estructurales que den garantía de los derechos de quienes fueron obligados a abandonar sus territorios.
Una de estas exigencias tuvo lugar el miércoles 28 de febrero de este año, y fue realizada por las Naciones Unidas, a través del asesor especial sobre Soluciones al Desplazamiento Interno del Secretario General, Robert Piper. El asesor reiteró su compromiso con Colombia para consolidar el diseño y puesta en marcha de una estrategia de soluciones duraderas, enfocado en que las víctimas de desplazamiento superen su situación de vulnerabilidad.
Asimismo, hizo un llamado a que el Gobierno de Colombia presente el informe de cuánto costará la primera etapa de la estrategia de soluciones duraderas, con la cual se espera que dos millones de desplazados superen su situación de vulnerabilidad. Según la Unidad para las Víctimas, esta estrategia de soluciones duraderas ha adelantado una focalización de 33 ciudades y municipios donde se implementará el enfoque para contribuir a superar la situación de vulnerabilidad de esta población.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en su informe semestral de tendencias en el desplazamiento forzado, declaró que en el país hay más de 8,3 millones de personas desplazadas internas, de las cuales aproximadamente 861 mil han sido desplazadas desde el Acuerdo de Paz en 2016. Además, Colombia ha acogido a la mayor cantidad de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, con un total de 2,4 millones de personas, y alrededor 845 mil colombianos han retornado de Venezuela al país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.