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El exparamilitar Jesús Emiro Pereira Rivera, conocido en los expedientes judiciales con el alias de Huevoepizca, está prófugo de la justicia. Se trata de uno de los tres únicos condenados por el expediente de secuestro, tortura y violencia sexual sufrido por la periodista y activista por los derechos humanos Jineth Bedoya, en mayo del 2.000, al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), defensora de Bedoya, denunció públicamente el grave error de la justicia nacional, que pone en riesgo la seguridad de la lideresa y constituye una nueva bofetada de los órganos judiciales en su caso, el cual sigue, 24 años después, sin ser esclarecido.
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Huevoepizca fue condenado, en dos instancias, a 40 años de cárcel por tortura, secuestro y acceso carnal agravado. Aunque ha insistido en que solo “conoció” el caso, el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de confirmación de 2019, determinó que fue clave en la planeación y ejecución de los crímenes, como comandante de la estructuras paramilitares que conformaban el Bloque Capital y Centauros de las Autodefensas. Huevoepizca estuvo en una de las bodegas en las que estuvo secuestrada Bedoya y fue el conductor de la camioneta que la llevó a Villavicencio, donde fue abandonada.
En diciembre de 2001, Huevoepizca se desmovilizó, pero recién pudo postularse en el sistema de Justicia y Paz, para el desarme paramilitar a cambio de verdad, en agosto de 2008. Desde entonces estuvo preso y fue condenado, a la par, en dos instancias por el caso Bedoya. No obstante, en mayo de 2021 encontró una salida a sus pendientes con la justicia. Un magistrado de control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín suspendió la ejecución de su pena y, en pocas palabras, ordenó su libertad. La razón principal fue que se acreditó que los delitos contra Bedoya fueron cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a las Auc. Por tanto, bajo las reglas de Justicia y Paz, era beneficiario de una pena reducida de solo ocho años, la cual ya había cumplido.
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“No hemos podido acceder al expediente para ver exactamente qué ocurrió y las decisiones que justificaron la salida condicional de Huevoepizca”, explicó la Flip en diálogo con este diario. De acuerdo con el acta del magistrado de control de Garantías de Justicia y Paz se sustituyeron las medidas de detención preventiva en establecimiento carcelario, por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Es decir, aunque Huevoepizca tenía libertad de movilidad, debía presentarse periódicamente ante la justicia, tener un buen comportamiento ante la ciudadanía y, desde luego, no cometer delitos.
Ante la salida de prisión de Huevoepizca, la Fiscalía apeló la decisión del magistrado de Justicia y Paz y llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia. En marzo de 2022, la Sala Penal de esa corporación dio vuelta atrás a la libertad del criminal, en el entendido de que, aunque se haya desmovilizado y postulado para decir su verdad de la guerra, nunca reconoció culpas por el crimen de Bedoya. La Corte Suprema de Justicia, entonces, ordenó su recaptura inmediata para que siguiera cumpliendo con la condena a 40 años que tiene a cuestas. Sin embargo, Huevoepizca se fugó y es la fecha, dos años después, en la que no lo encuentran.
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“En el 2022, cuando se libra la orden de captura y se revoca la libertad condicional de este señor, se libra esa orden a la dirección de investigación criminal e interpol de la Policía. Ellos deberían haber avanzado en la captura de este señor. Cuando alertamos a la Fiscalía de que esto no había pasado, el ente investigador le solicitó a un juzgado de ejecución de penas que comisione esa orden y que se ella la institución que adelante lo correspondiente. Por eso, es ahora el ente investigador y su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quien tiene a cargo la captura. La Policía no hizo nada en dos años”, explicó la Flip.
Y agregó: “Todo este proceso de concesión de libertad y revocatoria de la misma jamás se nos notificó como representantes de víctimas. La Fiscalía no nos avisó cuando apeló, ni tampoco el magistrado de Justicia y Paz cuando otorgó la libertad condicional en 2021. Hay una falla del sistemática de la justicia. Es absurdo que no se le avise a una víctima el desarrollo del expediente de una persona que tiene una condena de 40 años por semejantes delitos y en un caso que tiene en medio una condena contra Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
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La condena contra el Estado data de octubre de 2021 y reconoce la incapacidad de la justicia nacional para investigar y sancionar los hechos victimizantes sufridos por Bedoya. Aunque hay prueba de una asociación criminal en la que participaron hasta 20 personas, la Fiscalía solo logró condenar a tres personas (contando Alejandro Cárdenas, alias J.J, y Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero), y una de ellas permanece prófugo de la justicia. Tal es la desazón de la periodista con la Fiscalía, que en octubre pasado renunció a que el ente investigador investigue las amenazas en su contra, lo cual es una orden internacional, dado que no encuentra garantías en sus denuncias. Y, ahora, Colombia permitió que uno de sus agresores se escape de las manos de la justicia.
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