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Uno de los procesos administrativos más importantes del país entró en su recta final. En el Consejo de Estado ya reposan los alegatos de conclusión que, en su mayoría, buscan tumbar un fallo de responsabilidad patrimonial de diciembre de 2018 firmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que condenó a la concesionaria Ruta del Sol, a sus filiales y particulares a pagar $800.000 millones por el entramado de corrupción protagonizado por Odebrecht, congresistas y funcionarios públicos. El magistrado ponente, Martín Bermúdez, se alista a proyectar un fallo que podría mantener una de las sanciones más contundentes en la historia de este escándalo o, por el contrario, dejarla sin piso. Incluso, varios procesados y condenados por estos hechos le están pidiendo al alto tribunal que los exima de la multa.
La decisión que estudia el Consejo de Estado estuvo en primera instancia en manos del magistrado Luis Manuel Lasso, quien evaluó una acción popular que interpuso la Procuraduría, en cabeza del entonces jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo. Ese recurso buscaba no solo que se devolvieran los dineros de los que se apropiaron ilícitamente, sino suspender de tajo el contrato de concesión, sus adiciones y modificaciones que se celebraron en 2010 y estuvieron plagadas de sobornos y otras irregularidades. Lasso, quien hoy hace parte de la terna que entregó el Consejo de Estado para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, le dio el espaldarazo al ente de control y declaró la responsabilidad a la concesionaria y sus filiales por más de $800.000 millones.
Durante el último mes, al despacho del magistrado Martín Bermúdez, quien asumió el proceso, han llegado un poco más de seis alegatos de conclusión que tienen la misma intención: dejar sin efecto la decisión de primera instancia. Uno de los documentos allegados y conocido por este diario está firmado por el exministro de Justicia Enrique Gil Botero, que defiende los intereses de CSS Constructora S.A. La empresa, propiedad de Carlos Solarte, quien enfrenta un proceso judicial por el entramado de corrupción y su hija Paola ya fue condenada a seis años de cárcel por su participación en él, le pide al alto tribunal que analice las actuaciones de CSS y tumbe la multa que el Tribunal de Cundinamarca ordenó.
Para el exministro y su cliente, en el fallo de 2018 el Tribunal dijo que la CSS no incurrió en actos de corrupción. En el documento, Gil Botero reprochó que a la empresa se le haya condenado a “sanciones drásticas”, cuando en realidad tenía una participación accionaria en la concesionaria Ruta del Sol que no superaba el 5 % y cuando desconocía de los actos de corrupción que se cometieron. Sin embargo, el fallo de la acción popular deja claro que, aunque CSS no participó de actos de corrupción, sí se benefició de ellos y por eso Paola Solarte fue condenada. Además de pedir modificar la multa, la constructora de Solarte le pidió al alto tribunal que también evalúe la posibilidad de modificar la sanción que los inhabilitó a contratar con el Estado durante 10 años (decisión que cobijó a otras seis firmas).
A su juicio, de dejar en firme el fallo del Tribunal, se pondría en vilo la operación de la constructora que se ha posicionado como líder en la planeación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura en el país. Para la defensa de la CSS no es posible que los actos de corrupción cometidos por algunos integrantes de la Ruta del Sol deriven en responsabilidad patrimonial a la firma que defiende. Gil Botero resaltó que la constructora no podía predecir que alrededor de la adjudicación del contrato de concesión para la construcción de la ruta del sol 2, se estaban gestando acciones irregulares, más aún cuando para 2009, Odebrecht posaba de ser una multinacional que gozaba de buena reputación y con quien todas las empresas querían tener una sociedad.
“Se reitera que, de todas las reuniones y acuerdos que, al parecer, tenían como propósito el pago de sobornos eran desconocidas por CSS Constructores S.A., así lo dejan expresamente claro los intervinientes en el acto de corrupción, toda vez que, Luiz Antonio Bueno Júnior y Gabriel García Morales (este último exviceministro de Transporte y condenado por el entramado) fueron enfáticos en señalar que CSS Constructores S.A., no tuvo conocimiento, ni participación alguna en la gestación, desarrollo y materialización del acto de corrupción, pues nunca se le comunicó sobre el mismo”, expone en el documento de Gil Botero.
En su momento, la sentencia del Tribunal de Cundinamarca se convirtió en el reflejo de la indignación que generó entre los colombianos la feria de sobornos que repartió Odebrecht. No solo llevaron a poner en jaque una de las principales obras de infraestructura del país, sino que, en palabras del magistrado Lasso, vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso a servicios públicos y a la libre competencia económica. Por esa razón, el Tribunal responsabilizó por estos actos de corrupción a las sociedades Odebrecht y Episol, al igual que al exviceministro Gabriel García Morales, al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, al lobista Otto Bula y a los exdirectivos de la multinacional brasileña en Colombia.
Otro de los alegatos de conclusión que estudia Bermúdez es el que envió la Concesionaria Ruta del Sol, que también expresó su intención de que, en segunda instancia, la liberen de responsabilidad. En el documento, sus abogados, señalaron que no hubo imparcialidad en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues consideran que favoreció mucho más a las entidades públicas sobre las privadas. Además, estimaron que el consorcio, compuesto en su mayoría por Odebrecht, pero también por Episol —filial de Corficolombiana— y CSS Constructores, no debe responder por hechos ilícitos cometidos por uno de sus socios, como lo determinó la sentencia de la acción popular que los dejó con problemas financieros que no han logrado saldar y con la inhabilidad de una década.
Por su parte, las entidades del Estado que también fueron condenadas por su omisión en tareas que hubieran podido evitar el escándalo pidieron cambiar el fallo. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, consideró que la cartera ministerial no intervino en actuaciones ilegales. Aclaró también que el exviceministro Gabriel García Morales, hoy condenado, intervino en actos ilícitos mientras fungió como director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y no como funcionario del Ministerio. A estos alegatos se suman los de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los de las firmas Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Latinvest Colombia, ambas en liquidación judicial, quienes solicitan que cese la responsabilidad en su contra.
La multa de los $800.000 millones que pretenden tumbar varios de los vinculados a este proceso es ocho veces mayor a la propuesta que presentó la firma brasileña en 2018 a las autoridades colombianas a cambio de inmunidad total. La propuesta se centraba en pagar $109.000 millones para no tener que asumir su responsabilidad en los procesos penales y administrativos que se adelantaban contra los exdirectivos de Odebrecht. El Estado se negó a ese acuerdo. Ahora, mientras terminan de llegar los alegatos de conclusión al despacho del magistrado Bermúdez, el gremio constructor, los bancos que prestaron dinero a la concesionaria y todos los convocados en el asunto se alistan para recibir la decisión que podría aliviarles sus responsabilidades o, por el contrario, reiterarlas con todavía más fuerza.