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Un experto independiente de la ONU presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de esa organización sobre la llamada “terapia de conversión”, un término que se utiliza para referirse a intervenciones de diversa índole que se basan en la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género de las personas pueden y deben cambiarse o reprimirse cuando no se ajustan a lo que otros consideran. En particular, cuando se trata de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso.
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Esas prácticas tienen siempre el objetivo de convertir a las personas en heterosexuales y a las personas transgénero o de género diverso en cisgénero, es decir, las personas en las que el sexo biológico y la identidad de género coinciden. En función del contexto, el término se utiliza para designar multitud de prácticas y métodos, algunos de los cuales se realizan de manera clandestina y, por lo tanto, apenas están documentados.
Este informe que fue elaborado por el experto independiente Víctor Madrigal-Borloz en el que habla sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El informe también analiza los efectos de la terapia de conversión en las personas sometidas a ellas, sus implicaciones para los derechos humanos y su relación con la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, así como en las correspondientes medidas de prevención, rendición de cuentas y reparación.
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Durante sus visitas a los países y otras actividades de diálogo, Madrigal-Borloz escuchó numerosos testimonios de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y de género diverso que habían sido sometidas a esas prácticas. En Mozambique, oyó los relatos de personas que habían sido objeto de exorcismos practicados por iglesias o curanderos. También testimonios de mujeres lesbianas que habían sido víctimas de las llamadas violaciones “correctivas” organizadas por sus familias, su comunidad, los dirigentes de organizaciones confesionales o curanderos.
“La existencia de ideas equivocadas entre la población en general sigue siendo uno de los principales problemas. En el Líbano, alrededor del 79 % de los participantes en una encuesta indicaron que la homosexualidad era una “enfermedad hormonal” y que los homosexuales deberían recibir tratamiento psicológico u hormonal. A nivel sistémico, ese tipo de prácticas han contado con el respaldo de líderes de organizaciones confesionales y autoridades políticas de países tan dispares como Colombia, Israel, Filipinas, Uganda y los Estados Unidos”, reza el informe.
En Ucrania, se reunió con un joven homosexual de 16 años cuyos padres lo habían obligado a acudir al psicólogo para que lo tratara y a visitar a un sacerdote para expresar su arrepentimiento. También lo habían forzado a cortar todo contacto con su hermano y sus amigos, echado del hogar familiar, privado de medios de subsistencia y amenazado con el uso de violencia y la muerte. El joven, finalmente, había decidido hacer creer a su familia que había cambiado, en espera del momento en que pudiera tomar libremente sus propias decisiones vitales.
El experto independiente cuenta que se sintió especialmente impresionado por la resiliencia de las personas con las que se reunió y por el grado en que sus vidas habían quedado marcadas por esas prácticas. “Los intentos de patologizar y borrar la identidad de las personas, negar su existencia como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso y provocar “autoodio” tienen consecuencias profundas en su integridad y bienestar físicos y psicológicos”, señala el informe conocido por El Espectador.
En varios estudios mundiales recientes, dice el informe, muchas de las personas entrevistadas hablaron de los profundos daños que les habían causado las terapias de conversión. Por ejemplo, en una encuesta en la que participaron 8.000 personas de 100 países, un 98% de las 940 personas que afirmaron haber sido sometidas a dichas prácticas sostuvieron que habían sufrido múltiples daños físicos y psicológicos.
Todas las pruebas recibidas por el experto independiente en las que se describen palizas, violaciones, desnudez forzada, alimentación forzada o privación de alimentos, aislamiento y confinamiento, medicación forzada, agresiones verbales, humillaciones y electrocuciones indican que los métodos y medios que normalmente se utilizan para llevar a cabo las terapias de conversión provocan dolor y sufrimiento físicos y psicológicos
Cuando se les pidió que indicaran la principal consecuencia de esas prácticas, el 4,5 % de las víctimas declararon haber tenido pensamientos suicidas. Otros de los efectos descritos fueron daños físicos irreparables (el 1,8 % de las víctimas), tentativas de suicidio (el 2,9 %), depresión (el 5,9 %), ansiedad (el 6,3 %), vergüenza (el 6,1 %), “autoodio” (el 4,1 %) y pérdida de fe (el 3,5 %).
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que las terapias de conversión carecían de justificación médica y representaban una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas afectadas. Además, en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría determinó que no existían pruebas científicas sólidas que indicaran que la orientación sexual innata se pudiera cambiar.
“No es ético que los profesionales de la salud traten de curar algo que no es una enfermedad, y el principio de no causar daño los obliga a no ofrecer tratamientos que se sepa que son ineficaces o que estén destinados a alcanzar resultados imposibles. Por ese y otros motivos, el Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, un grupo de especialistas de 23 países, ha determinado que ofrecer terapias de conversión constituye una forma de engaño, publicidad falsa y fraude”, señala el informe.
El documento también cita un análisis reciente que reveló que las terapias de conversión se practican en al menos 68 países. Asimismo, en varias encuestas se recogieron testimonios que indicaban que esas prácticas se daban en todas las regiones del mundo. En una de ellas, la mayoría de los encuestados respondieron que dichas prácticas eran “muy frecuentes” en África y “bastante frecuentes” en Asia, América Latina y el Caribe.
En un estudio realizado en 2018 en los Estados Unidos, los investigadores llegaron a la conclusión de que 698.000 personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso están entre los 18 y 59 años, y que casi el 20 % de los adultos transgénero que alguna vez habían acudido a un profesional para hablar sobre su identidad de género, habían sido sometidos a prácticas de ese tipo en algún momento de sus vidas. En otro estudio reciente, se descubrió que en Australia y Nueva Zelandia al menos diez organizaciones seguían publicitando esa práctica.
A finales del siglo XIX, los científicos empezaron a examinar los comportamientos considerados moralmente inaceptables, entre los que figuraban la homosexualidad y el travestismo, que finalmente terminaron por clasificar como enfermedades, y a teorizar sobre posibles curas. La mayoría de las escuelas de psicología y psiquiatría, impulsadas por las clasificaciones de los trastornos mentales vigentes entre la década de 1940 y principios de la década de 1970, operaron como proveedoras de terapias de conversión.
“A partir de mediados del siglo XX, la diversidad sexual y de género empezó a ser reconocida como un componente de la pluralidad normal del desarrollo humano, proceso que cobró coherencia con la eliminación de estas realidades de las clasificaciones internacionales que las categorizaban como trastornos de salud mental. Además, se empezaron a conocer mejor los daños físicos y psicológicos, a menudo graves, causados por las terapias de conversión, y también empezó a aumentar la oposición a esas prácticas”, apunta el informe.
La decisión de someter a una persona a las terapias de conversión es producto de una compleja serie de relaciones entre los interesados que rodean a la víctima. El “honor familiar” se citó como el principal factor en Asia, y una encuesta realizada a nivel mundial reveló que, de las 1.480 personas que afirmaron haber sido objeto de estas prácticas, el 21,9 % habían sido coaccionadas por miembros de su familia; el 11,9 %, por líderes religiosos; el 11 %, por miembros de sus comunidades y el 9,7 %, por profesionales de la salud mental.
El experto independiente detectó una tendencia reciente hacia la prohibición de las terapias de conversión en algunas partes del mundo. En unos pocos países, como Ecuador y Malta se consideran delito. En otros, como Canadá, España y los Estados Unidos se han introducido prohibiciones a nivel local.
Madrigal-Borloz pide que se prohíban las terapias de conversión descritas en el informe, entre otras cosas, estableciendo claramente, por las vías jurídicas o administrativas que correspondan, una definición de las prácticas prohibidas, y velando por que no se utilicen fondos públicos, ya sea de manera directa o indirecta, para financiarlas. También prohibiendo la publicidad de las “terapias de conversión” y la aplicación de esas “terapias” en los entornos sanitarios, religiosos, educativos, comunitarios, comerciales o de otra índole, ya sean públicos o privados.
A su vez, estableciendo un sistema de sanciones, que sean acordes con la gravedad de los actos cometidos, para quienes no respeten la prohibición de las terapias de conversión, y velando, en particular, por que las denuncias se investiguen sin demora y, si procede, se enjuicie y sancione a los responsables, de conformidad con los parámetros establecidos en virtud de las obligaciones internacionales de derechos humanos relativas a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Otra propuesta del experto es crear sistemas de supervisión, apoyo y denuncia para que las víctimas de las terapias de conversión tengan acceso a todas las formas de reparación, incluido el derecho a la rehabilitación, así como a asistencia jurídica, sobre todo,para proteger a los niños y los jóvenes contra estas prácticas.