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Siguen surgiendo cuestionamientos sobre la operación militar del Ejército del pasado 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo). En el hecho, que ha dejado versiones encontradas entre la comunidad y la Fuerza Pública, fueron reportadas 11 personas muertas y que fueron señaladas por el ministro de Defensa, Diego Molano, como supuestos miembros de los Comandos de la Frontera, un grupo armado que recoge exparamilitares y antiguos miembros de las Farc, y que hoy están al servicio de la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez.
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Sin embargo, tres reportajes publicados el pasado domingo por El Espectador, la revista Cambio y Vorágine, dejan varias dudas sobre los hechos que rodearon la operación que, según los habitantes de la zona, dejó un número indeterminado de civiles muertos, entre ellos, una mujer embarazada y un menor de 16 años. El Espectador se contactó con varios expertos en Derecho Internacional Humanitario (DIH) para conocer su postura sobre las denuncias que existen contra los miembros del Ejército que adelantaron la acción militar.
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1. Presencia de civiles no armados
Los testimonios entregados a los medios de comunicación dan cuenta que las personas que estaban en la vereda del Alto Remanso asistían a un bazar que duró tres días y al que asistieron campesinos, indígenas y afros de las veredas aledañas, incluyendo poblaciones de Ecuador y Perú. De acuerdo con lo que ha dicho el Ejército, desde hace 10 días se estaba adelantando una operación contra alias Bruno, jefe de los denominados Comandos de la Frontera, un grupo que se dedica al narcotráfico. En las fiestas, según el Ejército, había también disidentes de las Farc y, por eso, planearon la operación.
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Una de las preguntas que surgen de estos hechos es si, ante la presencia de civiles, que no estaban armados, ¿el Ejército debía replegarse y esperar otro momento para capturar a alias Bruno y sus hombres? Camilo Umaña, abogado especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dice que todas las acciones de las Fuerzas Militares, en el contexto de un conflicto armado, requieren observar el principio de distinción, que quiere decir que se debe distinguir entre los objetivos militares y combatientes con los civiles.
“Esto con el fin de que los civiles no sufran ningún daño por ninguna parte del conflicto. Entonces, el Ejército debe tomar toda medida de precaución y prevención para no tener bajas dentro de la población civil”, dice Umaña. En ese mismo sentido se pronunció Wilfredo Robayo, experto de la Universidad Externado en la materia: “El DIH impone unos deberes de abstención en estos cosos al Ejército y a cualquier otro combatiente. Si un estado va a realizar una acción militar se tiene que verificar que no haya afectación a la población, porque si lo hace está infringiendo de manera flagrante el DIH y claramente violaciones a los derechos humanos”.
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2. Presencia de mujeres y/o niños en la zona de la operación
Sobre la posible intencionalidad del Ejército de atacar un lugar con presencia de civiles, niños y mujeres, el abogado Jean Carlo Mejía puntualizó que, en este caso, es importante tener en cuenta que los hombres que desplegaron la operación son miembros de las unidades más especializadas de todo el Ejército: El Comando de las Fuerzas Especiales. “Son hombres que son entrenados día y noche sobre DIH y derechos humanos y todas sus operaciones se planean con muchísimo tiempo de antelación, precisamente para evitar complicaciones con civiles. En este caso, por ejemplo, sabemos que fue una operación que arrancó con el trabajo de los TAP (tiradores de alta precisión) que estaban muy lejos de donde estaba ocurriendo el bazar”, agregó el abogado experto en DIH, derechos humanos y doctrina militar.
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A su vez, Camilo Umaña señala que el DIH es complementario con las obligaciones de derechos humanos, estas últimas, además hacen una protección reforzada sobre niños y mujeres, especialmente en estado de embarazo en medio de los combates. “En la eventualidad de que un niño o una mujer puedan ser miembros de un grupo armado, debe existir una prevención equivalente a la de la población civil. Así las cosas, si una mujer en estado de embarazo o un niño no cumplen una función activa de combate, se les debe preservar la vida”, sostiene Umaña.
Mejía agregó que la operación se concretó luego de un año de investigaciones y de que la información en manos del Ejército apuntaba que la presencia de civiles era reducida. Sin embargo, apuntó que, ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, los uniformados deben siempre aplicar el principio de precaución, limitación y distinción. Aun así, lo que se sabe hasta hoy es que en la operación murieron al menos cuatro civiles, como así lo confirmó la Fiscalía y la Defensoría.
3. El Ejército no habría usado su uniforme
Las comunidades también han dicho que cuando el Ejército entró a la vereda lo hizo sin su uniforme tradicional, el camuflado. Incluso, señalan que los hombres armados llegaron gritando: “Al suelo, no somos Fuerza Pública” y por eso la comunidad presumió que eran del frente Carolina Ramírez de las disidencias, grupo enemigo de los Comandos de la Frontera y al servicio de alias Gentil Duarte. El Ejército ha dicho que sí estaban de negro, pero que esas prendas hacen parte de una indumentaria especial para operaciones contra el narcotráfico.
El abogado Robayo indica que, aunque puede haber casos en que las Fuerzas Militares pueden usar prendas poco conocidas, debe tener distintivos de que se trata de miembros de la Fuerza Pública. Además, señala que si se tratara de una operación encubierta, se entendería que utilizaran otras prendas, pero hasta el momento, las Fuerzas Militares no han indicado que se tratara de una operación de esa naturaleza. Por el contrario, han señalado que durante 10 días adelantaban operaciones para dar con la captura de los supuestos integrantes de los Comandos de la Frontera y que desde hace un año estaban recopilando información de inteligencia.
“Las Fuerzas Armadas tienen unos distintivos y pueden tener de cierta manera algunas prendas que en algunos casos no pueden ser publicitadas porque se perderían las ventajas que ofrecen. Por ejemplo, camuflados especiales, en casos en que sean prendas de agentes en cubierto. Sin embargo, es extraño que, según lo que se sabe, las personas que entraron a la vereda no tenían ningún distintivo y estuvieran totalmente de negro. Las Fuerzas Armadas de un estado deben estar identificadas y no pueden de ninguna manera actuar sin ningún distintivo, o que sugieran neutralidad que induzcan a error, porque ahí podemos caer en perfidia”, agregó que el experto Robayo.
Por su parte, el abogado Jean Carlo Mejía agregó sobre este punto que, bajo ninguna circunstancia, esa falsa declaración de que el Ejército era en realidad la guerrilla está prohibida. “Eso se llama perfidia”, agregó el jurista.
4. Levantamiento de cuerpos (civiles o no)
Una de las principales denuncias que existe sobre la operación en Puerto Leguízamo es que el Ejército habría alterado las escenas de los hechos. Incluso, se habla de que existen fotos en las que algunos cuerpos aparecen inermes y posteriormente, salen portando armas largas. Wilfredo Robayo señaló que aquí hay que remitirse al “derecho común, al nacional” pues el Ejército no tiene labores de policía judicial y aseguró que “no se entiende por qué el Ejército se llevó los cuerpos en un helicóptero”.
Los expertos concuerdan en que en ese momento debe aplicarse toda la normatividad y los estándares internacionales en cuanto al acordonamiento del lugar para no alterar el estado de la escena del crimen, que sea una autoridad independiente e imparcial la que haga el levantamiento y recoja todas las evidencias. Los testimonios recogidos por los periodistas de la alianza informativa señalan que el Ejército avisó al CTI de la Fiscalía de la operación cinco horas después que esta finalizara. Además, que los funcionarios del ente investigador llegaron cuatro días después de los hechos a recopilar las pruebas.
5. Daño colateral
Uno de los argumentos que ha esgrimido la Fuerza Pública en estos casos, como cuando durante este mismo gobierno se supo que menores de edad murieron en bombardeos en campamentos de las disidencias, es que se trataron de daños colaterales. Este argumento, que por ahora no han utilizado ni el Gobierno ni las Fuerzas Militares, está contemplado por el DIH, pero de una manera muy estricta. Los expertos indican que solo se acepta derogar algunas protecciones especiales de DIH en circunstancias excepcionales: cuando hay una necesidad imperiosa, inevitable de cometer ese daño o cuando el daño que se va a provocar a personas protegidas, como los civiles, es muy bajo frente a la ventaja militar que se va a obtener.
Para los abogados expertos Wilfredo Robayo y Camilo Umaña es clave que se haga una investigación profunda de los hechos para determinar en qué circunstancias se desarrolló la cuestionada operación. “Los daños colaterales están reglados y no ocurren donde los ataques están expresamente dirigidos a civiles, donde se trata de ocultar pruebas y de generar una distorsión en la escena del crimen. Los daños colaterales son generados por equivocaciones porque se reconoce que las guerras tienen un ingrediente de error, de equivocación. Lo que se dice en estos casos es que debe hacerse todo el esfuerzo para cumplir con el DIH y prevenirse todo daño”, concluye Umaña.
¿Un problema de doctrina?
Al referirse sobre este tema, el coronel (r) Pedro Javier Rojas Guevara hizo referencia a lo que él considera uno de los problemas más graves que tiene el Ejército hoy en día: la no aplicación de la doctrina Damasco, que se conoce como el “eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia”. Introducida en el país en 2011, esos nuevos postulados de las fuerzas militares buscaban, entre muchas otras cosas, ser una “coraza” protectora de la extralimitación de las funciones del Ejército.
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Y eso, agrega Rojas, es precisamente lo que está pasando en operaciones como de Putumayo. “Hoy la doctrina, uno de los tres pilares de toda fuerza militar, junto a la cohesión y los principios y valores, está debilitada. No la siguieron construyendo, y además no ha sido correctamente interiorizada y difundida por la cúpula actual del Ejército. Por eso vemos los reiterados errores en las operaciones”, agregó el coronel retirado en diálogo con El Espectador. Rojas ha sido uno de los más críticos de las decisiones de los altos mandos militares de los últimos años. Es más, en noviembre de 2020, el uniformado renunció al Ejército pues, explicó, perdió la confianza en los altos mandos militares.
En su momento, trascendió en medios de comunicación que el coronel (r) había expresado sus desencuentros, en especial con el hoy general Eduardo Zapateiro, quien hoy es uno de los más férreos defensores de la operación militar en Putumayo. Además, frente a los detalles sobre la manera en que el Ejército actuó en El Remanso, Rojas agregó: “Seguramente el planeamiento se hizo correctamente, pero podemos apreciar que pudo haber fallas en la toma de desiciones en el área objetivo, por no ponderar la presencia de civiles no combatientes, que se mezclaron con guerrilleros armados y sumado a una inadecuada comprensión del ambiente operacional. La operación es legal pues se ciñe a la doctrina y la ley, pero lo que está en discusión, es su legitimidad”.