Expresidente Álvaro Uribe declaró en la Fiscalía por masacres en Antioquia

Aunque fue el propio expresidente Álvaro Uribe quien solicitó ser escuchado en la Fiscalía, luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declarara y entregara información que lo salpica con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, algunas víctimas reclaman que el expresidente no entregó mayor información. Además, denuncian que en la diligencia se habrían presentado algunas irregularidades por parte del ente investigador.

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La declaración de Uribe duró tres horas. Según señaló el abogado Miguel Ángel del Río, representante de algunas víctimas, el expresidente dijo ser víctima de estos hechos, como lo ha hecho en diferentes oportunidades. “Esto es más de lo mismo, el mismo show de la Fiscalía General de la Nación, nosotros no confiamos en este despacho, porque la Fiscalía solicitó la preclusión del expresidente con los hechos jurídicamente relevantes que tiene esta investigación. Significa lo anterior que este ejercicio estaba destinado a seguramente salir rápidamente en favor de Álvaro Uribe porque se acaba esta administración y quieren cerrar los casos”, explicó.

Otro de los abogados que representan víctimas en este caso, le contó a este medio que la diligencia fue presidida por un fiscal que no es el titular de la investigación, es decir, por alguien diferente al fiscal Javier Fernando Cárdenas Pérez, el mismo que pidió la preclusión en favor del expresidente por, supuestamente, intentar torcer testigos y que fue rechazada por un juez. Además, dice que las preguntas fueron muy genéricas, lo que impide que pudiera obtener más información de los hechos. El Espectador intentó contactarse con el abogado del expresidente, pero no recibió respuesta.

Lea: El Aro y otros casos de Uribe se van de la Corte Suprema para la Fiscalía

La Fiscalía tiene en su poder, desde 2020, la investigación que estaba desarrollando la Corte Suprema de Justicia con respecto a la masacre de El Aro y otros hechos de violencia en los que se indagó la responsabilidad de Uribe Vélez por acción u omisión durante su administración en Antioquia. Entre ellos, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998), quien había alertado a las autoridades la escalada de la violencia paramilitar en la región.

El pasado 17 de noviembre, por otro lado, la JEP aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso como punto de conexión entre el paramilitarismo y fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía y el Ejército. Para llegar a esa conclusión, la Jurisdicción contrastó las declaraciones que Mancuso ha entregado a la justicia ordinaria y al Sistema de Justicia y Paz, y encontró diversas novedades que tocaron a pesos pesados la historia reciente nacional.

Lea también: JEP aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar

Entre ellos el expresidente Uribe Vélez, de quien, por primera vez, habría una declaración de Mancuso en la que se reconociera al entonces gobernador como conocedor directo de la masacre que iba a ocurrir en el corregimiento de El Aro, según la JEP. Entre 150 paramilitares arrasaron el corregimiento antioqueño, quemaron 42 de las 60 casas, se robaron miles de cabezas de ganado y, con lista en mano, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de guerrilleros.

Mancuso aseguró que los crímenes se gestaron con los militares de más alto rango en Antioquia, entre ellos los generales Alfonso Manosalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército, respectivamente. Según Mancuso, el general Ramírez, cuyo sometimiento a la JEP fue rechazado, lo mandó para organizar y coordinar la operación de El Aro. La cual, a su vez, les habría pedido Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Aunque fue el propio expresidente Álvaro Uribe quien solicitó ser escuchado en la Fiscalía, luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declarara y entregara información que lo salpica con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, algunas víctimas reclaman que el expresidente no entregó mayor información. Además, denuncian que en la diligencia se habrían presentado algunas irregularidades por parte del ente investigador.

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La declaración de Uribe duró tres horas. Según señaló el abogado Miguel Ángel del Río, representante de algunas víctimas, el expresidente dijo ser víctima de estos hechos, como lo ha hecho en diferentes oportunidades. “Esto es más de lo mismo, el mismo show de la Fiscalía General de la Nación, nosotros no confiamos en este despacho, porque la Fiscalía solicitó la preclusión del expresidente con los hechos jurídicamente relevantes que tiene esta investigación. Significa lo anterior que este ejercicio estaba destinado a seguramente salir rápidamente en favor de Álvaro Uribe porque se acaba esta administración y quieren cerrar los casos”, explicó.

Otro de los abogados que representan víctimas en este caso, le contó a este medio que la diligencia fue presidida por un fiscal que no es el titular de la investigación, es decir, por alguien diferente al fiscal Javier Fernando Cárdenas Pérez, el mismo que pidió la preclusión en favor del expresidente por, supuestamente, intentar torcer testigos y que fue rechazada por un juez. Además, dice que las preguntas fueron muy genéricas, lo que impide que pudiera obtener más información de los hechos. El Espectador intentó contactarse con el abogado del expresidente, pero no recibió respuesta.

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La Fiscalía tiene en su poder, desde 2020, la investigación que estaba desarrollando la Corte Suprema de Justicia con respecto a la masacre de El Aro y otros hechos de violencia en los que se indagó la responsabilidad de Uribe Vélez por acción u omisión durante su administración en Antioquia. Entre ellos, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998), quien había alertado a las autoridades la escalada de la violencia paramilitar en la región.

El pasado 17 de noviembre, por otro lado, la JEP aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso como punto de conexión entre el paramilitarismo y fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía y el Ejército. Para llegar a esa conclusión, la Jurisdicción contrastó las declaraciones que Mancuso ha entregado a la justicia ordinaria y al Sistema de Justicia y Paz, y encontró diversas novedades que tocaron a pesos pesados la historia reciente nacional.

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Entre ellos el expresidente Uribe Vélez, de quien, por primera vez, habría una declaración de Mancuso en la que se reconociera al entonces gobernador como conocedor directo de la masacre que iba a ocurrir en el corregimiento de El Aro, según la JEP. Entre 150 paramilitares arrasaron el corregimiento antioqueño, quemaron 42 de las 60 casas, se robaron miles de cabezas de ganado y, con lista en mano, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de guerrilleros.

Mancuso aseguró que los crímenes se gestaron con los militares de más alto rango en Antioquia, entre ellos los generales Alfonso Manosalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército, respectivamente. Según Mancuso, el general Ramírez, cuyo sometimiento a la JEP fue rechazado, lo mandó para organizar y coordinar la operación de El Aro. La cual, a su vez, les habría pedido Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez.

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