“Expresidente Uribe, lo encontramos preocupado, venga a controvertir”: Roberto Vidal

Hace siete años, en el teatro Colón de Bogotá, ocurrió la firma de un documento histórico para el país: el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Con esas firmas sobre el papel, comenzó un camino que no ha escapado controversia para implementar todo lo acordado en La Habana. Parte de esos compromisos fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como el mecanismo para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Hace siete años, en el teatro Colón de Bogotá, ocurrió la firma de un documento histórico para el país: el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Con esas firmas sobre el papel, comenzó un camino que no ha escapado controversia para implementar todo lo acordado en La Habana. Parte de esos compromisos fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como el mecanismo para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

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En el marco de este aniversario, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, habló con El Espectador e hizo un balance de lo que se ha hecho en estos años y, aseguró que las primeras sanciones llegarán en aproximadamente un mes. Sin embargo, mostró su preocupación por el poco tiempo que le queda al organismo de justicia para investigar y le pidió respeto al expresidente Álvaro Uribe, quien en los últimos días ha cuestionado fuertemente a esa jurisdicción.

La JEP cumple siete años y no hay ni una sola sanción. ¿A qué se debe el retraso?

Las sanciones no están demoradas, lo que pasa es que vienen al final de los procesos. En estos seis años de la JEP y del acuerdo, lo que hemos hecho es adelantado, de una manera bastante rápida, las investigaciones tal vez más complejas que ha enfrentado el país en términos de los crímenes derivados del conflicto armado. Nosotros no estamos investigando un homicidio, en el caso de los falsos positivos son 6.400. No estamos investigando un secuestro, sino 20.000. Tampoco una masacre, sino regiones y departamentos donde hayan ocurrido. Nuestros casos tienen una complejidad y está llegando el momento de las sanciones dentro de esos procesos, lo que significa que empezarán a producirse ahora. Nos hemos esforzado mucho preparando los proyectos de sanciones.

¿En cuánto tiempo entonces saldrá la primera sanción?

En un mes aproximadamente. Aspiramos a que en lo que queda de este año tengamos nuestros primeros proyectos ya de sanción propia funcionando, en los que se van a vincular miembros de la antigua guerrilla de las FARC y de la fuerza pública. Estamos trabajando en tres de ellos: el primero sobre temas de desminado y educación en riesgo de minas que va a ser en cuatro municipios de Antioquia; el segundo, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en Bogotá, sobre recuperación ambiental; y el tercero, en Nariño, en un trabajo con grupos indígenas y con autoridades afros, de reconocimiento, construcción de una casa de la memoria y una vía en zonas de resguardo y territorios étnicos. Todo está articulado, tanto con el Gobierno como con otras instituciones.

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¿Cómo avanzan las sanciones para las personas que no han aceptado responsabilidad?

El 90% de las personas que están sometidas a la JEP y que han sido procesadas han reconocido su responsabilidad, lo cual tiene un gran valor para las víctimas. Queda ese 10% de personas que ejercen su derecho a no reconocerlo, pero esto no es un drama para la JEP ni una derrota. Simplemente, es un cambio en el procedimiento. Es decir, es enviado a nuestra propia Fiscalía que los acusa ante nuestra sección especializada y tienen un juicio con todas las garantías. Esos procesos apenas están caminando. Ya tuvimos nuestras primeras dos imputaciones y allí va a haber una sentencia. Si son encontrados responsables, tendrán que ir a prisión porque esa es la consecuencia de no reconocer responsabilidad. Si usted no la reconoce y es derrotado en juicio, entonces ahí si va a prisión hasta 20 años.

En el caso de Salvatore Mancuso, ¿cómo evitar que se presente un choque de trenes entre Justicia y Paz y la JEP?

Yo diría con toda claridad que no hay un choque de trenes. La disputa entre jurisdicciones es una cuestión que puede pasar y pasa todo el tiempo en la Rama Judicial, pero aquí no es un caso de choque de trenes. Al contrario, desde que nosotros abordamos los temas, no solo de Mancuso, sino de la posibilidad de incorporar jefes paramilitares, veníamos negando la entrada de personas del paramilitarismo arguyendo que ellos tenían allá la competencia desde Justicia y Paz. Cuando vino la decisión de nuestra sección de apelación de abrir esta ventana excepcional, inmediatamente lo que hicimos fue comunicarnos con la justicia ordinaria, entramos a examinar el asunto con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Justicia y Paz y la Fiscalía General de la Nación y empezamos a trabajar en los mecanismos de articulación.

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¿Y eso para qué sirvió?

De ahí salió una conciencia que hoy es muy importante para la justicia transicional y es la idea del Sistema Nacional de Justicia Transicional. En este caso, nosotros encontramos una gran cantidad de información que este señor nos ofrece y hay una parte de ella que es importante para los casos de la JEP. Pero la mayoría de esta es importante para las otras autoridades competentes, por eso esa decisión es una gran compulsa copias.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró, a través de su cuenta de X, que funcionarios de la JEP tienen todo listo en su contra ¿Qué le responde?

Se lo hemos dicho, no solo al expresidente Uribe, sino a las autoridades de Gobierno y a todas las personas que participan en la JEP: esta jurisdicción exige y demanda absoluto respeto por nuestra labor judicial e institucional autónoma. Nosotros somos independientes frente al Gobierno; frente a todas las partes que están sometidas a la JEP; frente a aquellos como el expresidente sobre el que compulsamos copias. Pero esa independencia no es simplemente una afirmación o una norma jurídica, es un principio constitucional fundamental.

Yo no puedo entrar ni requiero entrar a controvertir qué es lo que piense el expresidente Uribe. Esto no es una cuestión de opinión o él qué opina de la JEP. Es una cuestión de un principio constitucional de respeto a las autoridades judiciales y ese respeto lo exigimos. Lo que estamos mostrando desde la JEP es que, gracias a esa autonomía y a ese trabajo serio, estamos pudiendo hacer unos aportes de verdad que no se habían podido hacer antes por múltiples razones, dentro de la complejidad judicial. Vamos a llevar la verdad hasta las últimas consecuencias. No le tiembla la mano a la JEP respecto de la verdad. Si la JEP se asustara de la verdad, ¿quién podría hacer ese aporte a la sociedad?

En el caso de la información que nos ha llegado fue remitida a las autoridades competentes que, en este caso, es la Comisión de Acusaciones del Congreso. Nosotros no juzgamos al presidente Uribe, ni tenemos competencia para hacerlo, pero no quiere decir que haya un vacío de impunidad en el país. Aquí hay autoridades competentes para hacerlo, en ese caso es la Corte Suprema autorizada por la Comisión de Acusaciones y así pasa con las 300 y más personas que fueron mencionadas por Mancuso y que están siendo mencionadas en todos los casos de la jurisdicción.

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Usted y el canciller Álvaro Leyva han entrado en controversia porque él dice que la JEP se “descarriló” y que toca “corregirla”. ¿Qué opina de esas críticas?

En el caso del canciller, pedimos el mismo respeto. La autonomía de la jurisdicción para realizar sus investigaciones y tomar sus decisiones de ninguna manera significa que pretendamos que somos infalibles. Nosotros podemos equivocarnos, nuestras decisiones y nuestras apreciaciones pueden ser controvertidas perfectamente y para eso el sistema judicial tiene mecanismos. Por eso insisto: yo no controvierto opiniones, ni las del expresidente Uribe ni las del canciller. Solo los invito a que se hagan partes, nosotros hablamos judicialmente, están abiertas las puertas.

Al expresidente Uribe lo encontramos preocupado por lo que está pasando aquí. Entonces le decimos: venga a controvertir; hágase testigo de la JEP; entre en los procesos y los espacios judiciales que están absolutamente abiertos para que él haga una declaración igualita con todo el despliegue, pruebas y afirmaciones. Yo lo que no discuto es con la prensa ni con opiniones del Twitter. Nosotros estamos abiertos a la discusión judicial y esos recursos judiciales están disponibles.

A la Sala de Reconocimiento le quedan menos de tres años de funcionamiento. ¿Cómo van a garantizar los derechos de las víctimas en ese tiempo?

Para nosotros, el tema de la estricta temporalidad de la JEP es una virtud y una gran preocupación. Es una virtud, porque manda un mensaje y es que este es un tribunal para resolver el asunto del conflicto, pero no podemos tardarnos mucho en ello. Esto nos pone en ese dilema: si usted es temporal, tiene poco tiempo para hacerlo, no se puede demorar lo que quiera. Nos quedan un poco menos de tres años de investigación, lo cual es muy poco para terminar los 11 casos que abrimos. Entonces estamos en emergencia, en una emergencia absoluta.

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¿A qué se refiere?

Estamos en un proceso de planeación muy delicado, reorganizando todos los recursos de la JEP para garantizar que las investigaciones se puedan terminar. De ese proceso hemos concluido que tenemos la capacidad de hacerlo. El Gobierno, tengo que reconocerlo, ha sido sensible al tema y nos ha permitido allegar recursos de personal y técnicos para poder hacerlo. Pero estamos frente a un desafío infinito para cualquier órgano judicial en el país.

¿Cuáles macrocasos se encuentran en mayor estado de emergencia?

Tenemos dos capas de macrocasos. La primera, que se abrió cuando empezamos en la JEP y que llevan seis años de investigaciones, es decir, los casos uno al seis. Pero los últimos macrocasos los abrimos este año, el caso 08 que es vínculos entre militares, paramilitares y terceros; el caso 09 sobre violencia contra grupos étnicos y territorios étnicos y los últimos de las FARC, es decir, el caso 10 que son ataques contra la población civil o violaciones al Derecho Internacional Humanitario y el caso 11 de violencia basada en género y violencia sexual.

Esos casos hasta ahora están comenzando. Acumulamos mucha información de lo que se ha hecho antes; sin embargo, nos produce mucha preocupación porque son casos que técnicamente van a tener mucho menos tiempo que los anteriores para desarrollarse y lo estamos tratando de salvar concentrando una cantidad mayor de recursos.

¿Considera que las estrategias que hasta ahora ha desarrollado la JEP son aplicables a otros acuerdos con otros grupos armados en el marco de la Paz total del Gobierno Nacional?

Nosotros aquí tenemos un modelo en el que tenemos mucha fe, hemos trabajado mucho para que sea exitoso y creemos que empieza a rendir sus frutos. La idea de que haya una fórmula que se pueda aplicar a cualquier proceso de paz creo que no es tan fácil, cada uno de esos procesos tiene sus características, los actores se manejan de una manera diferente, pero lo que hemos dicho a la sociedad y al Gobierno Nacional es que el modelo de la JEP está a disposición para que se tome de él lo que sea útil. Hemos aprendido muchas cosas, este país no está en cero, la JEP no arrancó de cero tampoco, nosotros arrancamos después de diez años de Justicia y Paz, hoy ellos llevan 17 años trabajando y yo creo que los que vienen tampoco pueden arrancar de cero, tienen que tomar toda esta experiencia que hemos ido acumulando para ponerla al servicio de la paz.

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