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Cuatro personas, entre ellas el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Helmuth Barros Peña, fueron imputadas por la Fiscalía por posibles hechos en los que habrían incurrido en malversación de fondos. Además de este exdirectivo, también fueron imputados los contratistas Édgar García y Óscar Ricardo Cruz, y el empleado de una fiduciaria, Germán Eduardo Manzanera. Según la Fiscalía, estos hombres habrían participado en una malversación de más de $38.848 millones.
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En el caso del exdirector del FNA para el periodo 2016 a 2018, y de Edgar García, una fiscal anticorrupción les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. A Óscar Sánchez y Germán Manzanera la Fiscalía les endilgó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Estas imputaciones nacen de hechos ocurridos en noviembre de 2017 en la celebración de un contrato.
De acuerdo con la investigación, el 20 de noviembre de 2017 los imputados habrían suscrito de manera irregular un convenio por más de $68.435 millones. Según el ente investigador, este contrato se celebró con la intención de vender 2.087 créditos hipotecarios que pertenecían a la cartera vencida de este fondo. El problema ocurrió, ya que el valor real de esta cartera era de $107.284 millones.
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Según la Fiscalía, estos hombres habrían pactado el cobro del 30% menos de estos $107.284 millones, o sea $68.435 millones. Esto habría causado un peculado superior a los $38.848 millones a través de esta acción ilegal. Estos hombres se habrían puesto de acuerdo para direccionar el contrato que terminaría con la malversación de estos miles de millones de pesos.
De acuerdo con el material recogido por la Fiscalía, este contrato habría sido direccionado de forma irregular para favorecer a las empresas de los dos contratistas. Estas empresas ya habían recibido el aval de la entidad financiera en la que se encontraba trabajando Germán Manzanera. Después de recibir el aval de esta fiduciaria, celebraron el millonario contrato con el Fondo Nacional del Ahorro.
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De acuerdo con el ente investigador, se evidenció que la adjudicación de este contrato terminó favoreciendo a una compañía que no contaba con ninguna experiencia en la recuperación de cartera, no era una entidad financiera, tenía una capacidad de pago limitada por lo que no podía ejecutar la labor financiera con la que se habían comprometido. Por estos hechos, ninguno de los imputados aceptó los cargos.
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