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El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene cita en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Deberá declarar el próximo 23 de febrero a las 2:30 p.m., en medio de las pesquisas que la alta corte adelanta contra la exsenadora Piedad Córdoba, señalada por presunta influencia y poder de decisión en la extinta guerrilla de las Farc. También fueron citados el expresidente Andrés Pastrana y Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt quien estuvo secuestrada entre 2002 y 2008 por el grupo armado.
En contexto: Las pruebas sobre Piedad Córdoba y la farcpolítica
La orden fue emitida por la magistrada Cristina Lombana, togada de una sala encargada de investigar a aforados como congresistas, ministros o gobernadores. La diligencia de Uribe Vélez será presencial y le fue advertido que está en la obligación de rendir testimonio. Cercanos al exmandatario, como Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay, hace tan solo días señalaron públicamente a Córdoba por posibles alianzas con las Farc.
Lo demostrable, hasta el momento, es que la Sala de Instrucción lleva tiempo recolectando pruebas en contra de Córdoba, quien habría tenido una fuerte relación con las Farc en la primera década de los 2.000. Hace unos días, Noticias Caracol reveló el testimonio ante la Fiscalía de Andrés Vásquez, quien fue su asesor para aquella época. Mencionó que Córdoba tendría tal poder de decisión que mediaba la liberación de secuestrados con fines políticos.
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El episodio, no obstante, ya había agitado la agenda nacional hace años. Piedad Córdoba al parecer salía mencionada en los computadores incautados al líder fariano Raúl Reyes, muerto en bombardeo en Ecuador en 2008. Al final, toda prueba documental fue desechada por orden judicial, pues se rompió la cadena de custodia y pudo haber intervención indebida en los documentos. El escándalo ha sido llamado Farcpolítica e incluso se habló de que Córdoba tendría el alias de Tedodora.
La excongresista, quien hace parte de las filas del Pacto Histórico, le dijo a El Espectador que no ha pensado en irse del país, que seguirá su lucha política y que no teme ser extraditada, pues no ha cometido ningún delito. Dice que no creen en la Fiscalía, niega ser alias Teodora para las Farc y señala sentirse una perseguida política, por lo que pide garantías para ejercer sus derechos políticos. Además, responsabiliza al presidente Iván Duque de su seguridad y de los riesgos para su vida en la actual situación que está atravesando.
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Piedad Córdoba fue por años mediadora con las Farc para lograr liberaciones. Sin embargo, Vásquez la señala de promover su candidatura presidencial utilizando a los mismos retenidos bajo condiciones infrahumanas por la guerrilla. Incluso, Vásquez dio a entender que la excongresista intercedía ante el gobierno de Venezuela en temas empresariales con empresas colombianas y que habría tenido vínculos con Alex Saab, nacional procesado en Estados Unidos por supuesto lavado de activos.
Las declaraciones de Vásquez incluso tuvieron eco en el presidente Iván Duque, quien desde Europa manifestó lo siguiente: “Las autoridades judiciales de nuestro país están adelantando las investigaciones y son ellos los que tienen que llegar a la verdad, los que tienen que escuchar esos testimonios, validarlos y proceder. Claramente, aquí lo que se trata es que ninguno de esos hechos de complicidad o presunta complicidad queden en la impunidad y por lo tanto lo que esperamos es que las autoridades judiciales se pronuncien con mucha velocidad”.
La precandidata presidencial Ingrid Betancourt fue una de las víctimas de secuestro de la Farc quien, horas después de conocer la declaración de Vásquez, adhirió a la versión. En su cuenta de Twitter, la política explicó que Córdoba retrasó su liberación para obtener dividendos políticos. Por su parte, el congresista Jaime Felipe Lozada, hijo de Gloria Polanco, secuestra por las Farc, al tiempo que su hijo, también dio veracidad a lo dicho en contra de Córdoba.