Exregistrador municipal habría expedido cédulas falsas al ELN por más de 10 años
La Fiscalía le imputó cargos a Miguel Ángel Pinto Quintero, exregistrador del municipio de Cubará (Boyacá), quien entre 2007 y 2018 habría expedido actas de defunción, registros civiles de nacimiento, cédulas y otros documentos falsos para integrantes del ELN.
Entre 2007 y 2018, Miguel Ángel Pinto Quintero habría sido una pieza clave para las estructuras del ELN que tienen injerencia en el departamento de Boyacá. Así lo determinó la Fiscalía que le imputó cargos por haberle expedido documentos falsos a la guerrilla.
Lo que encontró el ente investigador es que Pinto Quintero habría expedido cédulas, actas de defunción, registros civiles de nacimiento, todos ellos falsos. Lo anterior le habría servido al ELN a ocultar su identidad y hacerse pasar como muertos para evadir a las autoridades.
Al revisar las pruebas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pinto Quintero los delitos de falsedad ideológica en documento público y supresión, alteración o suposición del estado civil.
El exfuncionario no aceptó ninguno de los cargos y seguirá vinculado al proceso judicial mientras avanza la investigación de la Fiscalía.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Entre 2007 y 2018, Miguel Ángel Pinto Quintero habría sido una pieza clave para las estructuras del ELN que tienen injerencia en el departamento de Boyacá. Así lo determinó la Fiscalía que le imputó cargos por haberle expedido documentos falsos a la guerrilla.
Lo que encontró el ente investigador es que Pinto Quintero habría expedido cédulas, actas de defunción, registros civiles de nacimiento, todos ellos falsos. Lo anterior le habría servido al ELN a ocultar su identidad y hacerse pasar como muertos para evadir a las autoridades.
Al revisar las pruebas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pinto Quintero los delitos de falsedad ideológica en documento público y supresión, alteración o suposición del estado civil.
El exfuncionario no aceptó ninguno de los cargos y seguirá vinculado al proceso judicial mientras avanza la investigación de la Fiscalía.
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