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Escoltado con guardias del Inpec y esposado. Así llegó el exsenador Mario Castaño en la mañana de este miércoles a la Corte Suprema de Justicia a aceptar los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión por los que es señalado tras pertenecer a una red de corrupción que el propio excongresista lideraba, y por el cual las autoridades ordenaron su captura en junio pasado.
Ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el excongresista aceptó su responsabilidad por ser la cabeza de una red criminal integrada por servidores públicos y por particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal en los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima. El proceso judicial de Castaño parece resolver este miércoles tras un poco más de seis meses de investigación.
Senador Mario Castaño acepta 19 delitos formulados por #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ como líder de organización criminal que, con alcaldes, funcionarios y particulares, saqueó millonarios recursos al patrimonio público. #SalaPrimeraInstancia dictará sentencia anticipada. pic.twitter.com/Cncp3ELqV4
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) September 21, 2022
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El despacho del magistrado Rodríguez remitirá la información obtenida este miércoles a la Sala de Primera Instancia y serán los tres magistrados que la componen quienes definan el monto de la pena. Este diario conoció que podría tener una rebaja de la tercera a la mitad de la sentencia. El político que pidió perdón y quien, además, dijo que reintegraría el dinero del que se apoderó, en su momento, afirmó que era inocente. Entre otras cosas, Castaño seguirá detenido y será la Sala de Primera Instancia la que defina si mantiene la medida de aseguramiento en centro carcelario, y si la condena debe ser cumplida en el mismo lugar donde permanece recluido desde junio pasado que fue capturado.
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El expediente contra Castaño aterrizó en la Corte Suprema por cuenta de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía en marzo pasado, días antes de las elecciones legislativas. En ese momento, el ente investigador capturó e imputó a 10 personas señaladas de integrar la red de corrupción a servicio del senador caldense. Según interceptaciones telefónicas, información contractual y otras pruebas, la supuesta organización criminal se hizo a más de $43.000 millones de dinero público entre contratos de “Sacúdete”, una estrategia del gobierno Duque, de licores y de reparación de vías en departamentos como Caldas y Chocó.
Aunque las investigaciones contra Castaño iniciaron en el primer semestre del año, la Fiscalía sigue adelantando judicializaciones contra funcionarios públicos inmersos en esa red. Por ejemplo, hace un par de semanas, las autoridades también realizaron otro operativo en el que fueron capturados más de cinco alcaldes. Se trata de los mandatarios de Suárez (Cauca), Ronal Villegas, La Merced (Caldas), Jhonattan Vásquez, Aguadas (Caldas), Diego Fernando González, Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal, Medardo Ortega, Armero-Guayabal (Tolima), Víctor Hugo Franco Muñoz, Piedamó (Cauca) y Alcalá (Valle) Gloria Stella Raigoza.
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Además de las judicializaciones, el expediente que envuelve al exsenador también apunta a que pudo tener detalles de la investigación tres meses antes de que se ordenara su captura. Interceptaciones telefónicas de diciembre de 2021, indican que Jeiler Sánchez, uno de los 10 imputados por el entramado de corrupción, llamó a un hombre y le dijo que no volviera a hablar de Castaño por teléfono, pues había una orden de detención contra él.
La red de corrupción que lideraba Castaño, al parecer, sabía que estaba siendo investigada y habría manipulado pruebas. La Corte, en su momento, cuando le dictó medida de aseguramiento lo dijo sin rodeos: “Existen evidencias de que los subalternos en la organización criminal han tratado de entorpecer las investigaciones que adelantan en su contra y que han obtenido información reservada que incluso ha permitido que uno de los miembros de mayor rango en el entramado criminal, Martínez Rodríguez, haya podido hasta el momento evadirse de la justicia”.
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Castaño en la indagatoria que rindió hace unas semanas en la Corte se declaró inocente y afirmó que las personas de su círculo se habían unido con un fin político, no delictivo; que las gestiones que adelantó para conseguir recursos para proyectos en las regiones están amparados por la ley y que lo hizo “sin esperar ningún tipo de retribución económica, pues su objeto era satisfacer los intereses de la ciudadanía e incrementar su caudal electoral”. No obstante, esas palabras quedaron en el aire con la aceptación de cargos que hizo este miércoles ante el mismo alto tribunal al que le dijo que era inocente.
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