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Con ponencia del magistrado César Reyes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía el proceso que se surte contra el exsenador Richard Aguilar por presunta irregularidad en contratos mientras fungió como gobernador de Santander. La decisión obedece a la renuncia que presentó al Congreso el pasado 28 de julio una vez se registró su captura en Bogotá.
Aguilar que está ante los estrados judicial por asociación para cometer un delito contra la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés debido en la celebración de contratos, a través de su defensa solicitó al alto tribunal que su expediente quede en manos de la Fiscalía debido a que los hechos por los cuales es acusado ocurrieron, al parecer, entre 2014 y 2015 mientras fungía como gobernador.
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“Ninguna de las imputaciones fácticas realizadas en los autos del 13 de mayo de 2021, 27 de julio de 2021, ni en la diligencia de indagatoria del 11 de junio de 2021, tienen relación clara y directa con el cargo o funciones de Senador de la República”, dijo en su documento el abogado Iván Cancino quien defiende los intereses de Aguilar.
Los argumentos de la defensa, así como el documento de renuncia de Aguilar ante el legislativo llegaron al despacho del magistrado Reyes quien consideró que, en efecto, para cuando ocurrieron las supuestas irregularidades en contratación el ahora exsenador fungía como gobernador.
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“En últimas los delitos imputados no se habrían cometido por causa del servicio, con ocasión del mismo, como tampoco a consecuencia de un desviado o abusivo ejercicio de funciones congresuales, que no ostentaba para el momento de la comisión de las conductas antijuridicas imputadas por la Sala, vale enfatizar acaecidas durante los años 2014 y 2015 cuando el procesado desempeñaba el cargo de Gobernador del Departamento de Santander”, reposa en el documento de 26 páginas.
El magistrado Reyes, además de remitir el expediente al ente acusador, también envió información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que tomen las medidas pertinentes con el exsenador debido a que este se encuentra bajo detención preventiva en el Batallón de Policía Militar, Tomás Cipriano de Mosquera en Bogotá.
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El exsenador quien completó un poco más de 10 días detenido se encuentra ante la justicia por cuenta de unas irregularidades en contratación. El documento en el que se consignaron las pruebas en su contra y que fue conocido en su totalidad por El Espectador da cuenta que el senador estuvo inmerso en al menos seis contratos en los que habría cometido varios delitos, al parecer, para favorecer sus recursos y el de sus familiares.
El primer caso que documentó la Corte se trata de un contrato que buscaba el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López, en Bucaramanga, a finales de 2014. Lo que dice la investigación es que el entonces gobernador debía recibir una coima del 10% del negocio. El porcentaje, supuestamente, fue definido por el ahora senador luego de recomendar a la organización que sería la contratista para adelantar dicha obra. En este caso, el convenio empezó costando 24.000 millones de pesos.
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En el marco de la investigación, la Corte tiene consignado el testimonio de dos personas con quien Aguilar trabajó en llave durante su estadía en la gobernación. Se trata de Claudia Toledo, quien fungió como secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo. Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía luego de que Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con el contrato del estadio en marzo de 2015, confesó al ente investigador la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación del ahora exsenador.
Los testimonios de la pareja de esposos que fue capturada en octubre de 2018, le sirvieron a la Fiscalía para vislumbrar lo que fue el entramado de corrupción, presuntamente, suscitado y con conocimiento del exsenador. Las versiones llegaron a manos del alto tribunal, y allí con ponencia de Reyes, quien le dio credibilidad a las mismas empezó un grueso desarrollo de la investigación.
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Si bien la lupa del alto tribunal empezó con el contrato que buscaba el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López, la Corte contaba con información que le permitía confirmar que las irregularidades en contratación se registraron en cuatro contratos más que fueron firmados en 2014, y en los cuales quedaría en evidencia los negocios turbios del exsenador durante su administración.
Dos de ellos, resaltó el documento de la Corte Suprema, habrían tenido un proceso similar al del estadio, pero con resultado diferente. Según las pruebas del alto tribunal, Aguilar habría recomendado a dos empresas para que fueran ellas las que se quedaran con los negocios. La primera, de propiedad de Reynaldo Bohórquez, estaba detrás del contrato para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca. Y la segunda, en manos de Aureliano Naranjo Salamanca, que quería el contrato para la construcción del corredor vial entre San Gil y Charalá. Sin embargo, durante el proceso de selección, ninguna de las “favoritas” del exgobernador pasó el examen, porque se evidenció que no tenían la experiencia suficiente, había errores en las propuestas o había mejores contratistas.
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Luego del fracaso de la licitación de los recomendados por Aguilar, la Corte relata que quiso resarcir la promesa que le había hecho a Naranjo Salamanca. No era para menos. El hombre detrás de esa empresa era, según el alto tribunal, primo hermano de su papá, Hugo Aguilar, nombre que tiene un profundo trasfondo en Santander y en el mundo de la política. También gobernador del departamento entre 2004 y 2007, condenado por vínculos con los paramilitares y con una larga trayectoria en la Policía, Hugo Aguilar maneja los hilos del poder en esta región desde hace un buen tiempo. De hecho, otro de sus hijos, Mauricio, es el actual gobernador.
De Hugo Aguilar se sabe que también tiene un pasado oscuro dado que varios testimonios de exparamilitares como Salvatore Mancuso dan cuenta que tuvo nexos con las autodefensas, hipótesis que ratificó la sanción disciplinaria que lo sacó de la vida política durante 20 años. Sobre su nombre pesa una condena de la Corte Suprema de Justicia y una nueva investigación por la adquisición de bienes de manera irregular.
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Aunque el pasado de Hugo Aguilar no define la suerte del exsenador capturado, si lo hacen sus actuaciones, de ahí que, entre otras cosas, la Corte también tenga documentado un contrato que llevó el visto bueno del excongresista. Se trata de un negocio que se firmó en agosto de 2014 con el objetivo de garantizar el suministro diario de una ración alimentaria a estudiantes de instituciones educativas oficiales de 82 municipios de Santander.
Según el alto tribunal, Aguilar impartió órdenes a Claudia Toledo y Julián Jaramillo “para que llevaran a cabo el trámite del proceso licitatorio público [de ese contrato], indicándoles que debían favorecer con la adjudicación a la Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales (Empsenal). Con lo anterior, la Corte dijo que se habría asociado con servidores públicos de su administración y con particulares contratistas y subcontratistas para direccionar amañadamente los procesos de adjudicación relativos”.
Las pruebas que se recolectaron durante el proceso investigativo que lideró el magistrado Reyes quedaron en manos de la Fiscalía General, que asignará un fiscal especializado para avanzar con el proceso de judicialización.