Exsenadora Piedad Córdoba pide ser reconocida como víctima ante la JEP
Igualmente, la política dijo que tiene intención de rendir testimonio en el macrocaso que tiene la justicia transicional por el delito de secuestro. Reseñó que su intención se basa en especulaciones en medio de la presente campaña electoral con la que busca llegar al legislativo por el Pacto Histórico.
“Me pongo a disposición de la JEP, para ser llamada como testigo en el Caso 001 si así lo considera pertinente la Sala correspondiente. En mi labor humanitaria tuve la posibilidad de conocer situaciones y acceder a testimonios que podrían contribuir en el desarrollo final de este macrocaso”, reseñó este jueves la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha estado en el ojo del huracán por las declaraciones que entregó uno de sus exasesores, que la señaló de retrasar las liberaciones de los entonces secuestrados en poder de las Farc.
La exsenadora resaltó que, una vez fue de conocimiento público la apertura de tres nuevos macrocasos en la justicia transicional, solicitó ser reconocida como víctima en el caso denominado: “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros”. A su juicio, fue víctima de privación de libertad, tortura y exilio por agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares, y que recientemente se ha pretendido negar dicha condición, excluyendo a sus victimarios tanto del proceso de Justicia y Paz, como de la JEP.
Lea aquí: Las pruebas sobre Piedad Córdoba y la farcpolítica
Igualmente, la exsenadora elevó ante el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Eduardo Cifuentes, su intención de ser llamada como testigo en el nuevo macrocaso: Concentración de crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos que investiga masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lideresas e integrantes de pueblos étnicos, destrucción a la naturaleza, territorio y daño socioambiental y otros repertorios de violencia. “Al respecto presenté ante la Comisión de la Verdad mi primer informe denominado Etnocidio y Genocidio Étnico contra el pueblo afro”, resaltó la política.
En el marco de la reunión que sostuvo con el magistrado Cifuentes, este jueves, la exsenadora resaltó que su intención no es postularse como compareciente ante la JEP, pese a que hay evidentes acusaciones en su contra en la Corte Suprema de Justicia que corresponden a hechos relacionados con el conflicto armado. “Valga aclarar que la solicitud de postulación no implica aceptación de culpabilidad ni de responsabilidad, sino el compromiso de otorgar verdad plena para la reparación integral de quienes hemos sido víctimas de la guerra”, dijo la política que pretende nuevamente hacer parte del legislativo.
Lea también: Piedad Córdoba denuncia persecución política y señala a la DEA
Córdoba explicó que esta no es la primera vez que busca tener un vínculo con el componente de verdad y reparación que surgió a raíz del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, contrario a ello, reseño que desde 2020 ha desarrollado una “Ruta de Verdad con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad”. Dichos aportes a la verdad, dijo, se retomarán en marzo una vez culminen los comicios para el Congreso. Su intención ante la JEP, conocido este jueves, se suma a todas las acciones que ha adelantado la política una vez se conoció que el caso en su contra sobre Farcpolítica que reposa en el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, empezó a moverse con fuerza con el testimonio de uno de sus exasesores.
Mientras Córdoba, el martes pasado, denunciaba persecución política, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rendía testimonio ante el despacho de la magistrada Lombana. El exjefe de Estado fue llamado a declarar junto con su homólogo Andrés Pastrana y Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada entre 2002 y 2008 por el grupo guerrillero. El expediente de Córdoba reposa en el alto tribunal desde 2008, por cuenta de una investigación de oficio que se abrió por la información que hallaron en los computadores que incautaron las autoridades tras el bombardeo al campamento en el que murió el exjefe de las Farc, Raúl Reyes.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
“Me pongo a disposición de la JEP, para ser llamada como testigo en el Caso 001 si así lo considera pertinente la Sala correspondiente. En mi labor humanitaria tuve la posibilidad de conocer situaciones y acceder a testimonios que podrían contribuir en el desarrollo final de este macrocaso”, reseñó este jueves la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha estado en el ojo del huracán por las declaraciones que entregó uno de sus exasesores, que la señaló de retrasar las liberaciones de los entonces secuestrados en poder de las Farc.
La exsenadora resaltó que, una vez fue de conocimiento público la apertura de tres nuevos macrocasos en la justicia transicional, solicitó ser reconocida como víctima en el caso denominado: “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros”. A su juicio, fue víctima de privación de libertad, tortura y exilio por agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares, y que recientemente se ha pretendido negar dicha condición, excluyendo a sus victimarios tanto del proceso de Justicia y Paz, como de la JEP.
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Igualmente, la exsenadora elevó ante el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Eduardo Cifuentes, su intención de ser llamada como testigo en el nuevo macrocaso: Concentración de crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos que investiga masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lideresas e integrantes de pueblos étnicos, destrucción a la naturaleza, territorio y daño socioambiental y otros repertorios de violencia. “Al respecto presenté ante la Comisión de la Verdad mi primer informe denominado Etnocidio y Genocidio Étnico contra el pueblo afro”, resaltó la política.
En el marco de la reunión que sostuvo con el magistrado Cifuentes, este jueves, la exsenadora resaltó que su intención no es postularse como compareciente ante la JEP, pese a que hay evidentes acusaciones en su contra en la Corte Suprema de Justicia que corresponden a hechos relacionados con el conflicto armado. “Valga aclarar que la solicitud de postulación no implica aceptación de culpabilidad ni de responsabilidad, sino el compromiso de otorgar verdad plena para la reparación integral de quienes hemos sido víctimas de la guerra”, dijo la política que pretende nuevamente hacer parte del legislativo.
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Córdoba explicó que esta no es la primera vez que busca tener un vínculo con el componente de verdad y reparación que surgió a raíz del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, contrario a ello, reseño que desde 2020 ha desarrollado una “Ruta de Verdad con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad”. Dichos aportes a la verdad, dijo, se retomarán en marzo una vez culminen los comicios para el Congreso. Su intención ante la JEP, conocido este jueves, se suma a todas las acciones que ha adelantado la política una vez se conoció que el caso en su contra sobre Farcpolítica que reposa en el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, empezó a moverse con fuerza con el testimonio de uno de sus exasesores.
Mientras Córdoba, el martes pasado, denunciaba persecución política, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rendía testimonio ante el despacho de la magistrada Lombana. El exjefe de Estado fue llamado a declarar junto con su homólogo Andrés Pastrana y Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada entre 2002 y 2008 por el grupo guerrillero. El expediente de Córdoba reposa en el alto tribunal desde 2008, por cuenta de una investigación de oficio que se abrió por la información que hallaron en los computadores que incautaron las autoridades tras el bombardeo al campamento en el que murió el exjefe de las Farc, Raúl Reyes.
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