Exterminio de la UP: Así va el caso en la JEP y Comisión de la Verdad

“Hay una realidad que se va a convertir en algo difícilmente controvertible. Esta es la dimensión de lo que sufrieron los militantes de la Unión Patriótica, que es superior a lo que se ha dicho. Algo de estas dimensiones no podría haberse dado sin que hubiese un aparato complejo en muchos niveles, tanto en la preparación, ejecución y ocultamiento de los eventos”.

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Esa fue una de las intervenciones del magistrado Gustavo Salazar, de la JEP, en un evento de la Comisión de la Verdad desde Madrid (España). Durante el mediodía de este 23 de junio, Salazar y dos comisionados hablaron sobre el exterminio a la UP, un partido político de izquierda que fue masacrado en los 80′s. Desde 2014 se ha podido establecer que entre “paras” y agentes del Estado fueron asesinados dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 militantes.

La JEP y la Comisión de la Verdad son organismos hermanos, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que nacieron con los Acuerdos de Paz entre las antiguas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. La Comisión entregará un informe final con los resultados sobre su investigación sobre el conflicto armado y, por su parte, la JEP tiene abierto el macrocaso 006, correspondiente a la victimización de miembros de la Unión Patriótica.

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El magistrado Gustavo Salazar aseguró que para entender el exterminio a la UP se necesita entender la criminalidad como un todo. Ha existido una gran dificultad en su investigación, dado que los hechos datan de hace más de tres décadas y muchas de las personas involucradas o mencionadas ya están muertas. Incluso, a la JEP han llegado comparecientes de más de 75 años.

“Todo ese material judicial ha sido tratado de manera dispersa. La pregunta es ¿había un único aparato organizado? ¿había un entramado de aparatos organizado?”, explicó el magistrado Salazar. Lo que ha hecho la JEP, de acuerdo con el togado, es priorizar una serie de subcasos con periodos históricos y espacios específicos. El resultado de ese trabajo permitirá reconocer que hubo un “aparato complejo”. Por otro lado, hay casos donde involucrados en los crímenes contra la UP terminan siendo mencionados en expedientes por ejecuciones extrajudiciales, en la década del 2.000.

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“En el caso 006 hemos acudido en menos medida a las víctimas y a los testigos. Hemos encontrado miles de testimonios, indagatorias y versiones en justicia ordinaria y Justicia y Paz. Ha sido uno de los centros de la recolección de información. Uno rara vez encuentra la prueba reina que revela todo el aparato, eso solo existe en CSI (la serie de televisión), en la vida real es una sumatoria de pequeñas verdades que se pueden entrelazar (...) hemos encontrado miles de documentos, dentro de cientos de inspecciones judiciales, que revelan en algún grado u otro la posible responsabilidad de entidades del Estado”, agregó Salazar.

El comisionado Alejandro Valencia, por su parte, asegura que el camino ha sido complejo, pero hay avances que pronto conocerán los colombianos. Explicó que, aparte del esclarecimiento de la verdad, a la comisión se le dejó la tarea de buscar el reconocimiento de responsabilidades colectivas. Los antiguos miembros de las Farc han cumplido su compromiso, de acuerdo con Valencia, pero los funcionarios del Estado habrían puesto todo tipo de trabas.

“Hay gente que es totalmente pasiva e incrédula con lo que ha pasado en Colombia. Son los indiferentes, que no creen en estas instituciones de paz. El trabajo con empresarios fue muy difícil, no reconocen responsabilidades. Solo querían un reconocimiento como víctimas. También es difícil tener una interlocución con sectores opositores o sectores indiferentes. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo de manera abierta que él no iba a asistir a la Comisión de la Verdad, porque era producto de un Acuerdo de Paz espurio, que resultó ´perdiendo en un plebiscito”, agregó Valencia.

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El comisionado Alejandro Valencia resaltó que ya se ha hecho una primera sistematización en el caso de la UP. En el informe que presentará la Comisión de la Verdad a Colombia habrá un capitulo aparte del caso de los exiliados, quienes dejaron el país ante la persecución contra el partido político, el cual recobró su personería jurídica en 2013. Valencia espera que los aliados nacionales e internacionales hagan seguimiento al informe final, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones al Estado. “Las recomendaciones irán en clave de no repetición”, concluyó.

Por último, el comisionado Carlos Beristain tiene fe en que las instituciones y los ciudadanos seguirán las recomendaciones del organismo, pero eso depende de la voluntad política y de la movilización social alrededor de la verdad. “La verdad no se asimila porque se publique el informe. Depende también del seguimiento que se le dé, de cuáles son las políticas de asimilación de la verdad. El informe no es para dejarlo en una estantería, espera caminar. Para que sea un marco distinto para hablar de todas esas cosas”, dijo.

“Hay una realidad que se va a convertir en algo difícilmente controvertible. Esta es la dimensión de lo que sufrieron los militantes de la Unión Patriótica, que es superior a lo que se ha dicho. Algo de estas dimensiones no podría haberse dado sin que hubiese un aparato complejo en muchos niveles, tanto en la preparación, ejecución y ocultamiento de los eventos”.

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Esa fue una de las intervenciones del magistrado Gustavo Salazar, de la JEP, en un evento de la Comisión de la Verdad desde Madrid (España). Durante el mediodía de este 23 de junio, Salazar y dos comisionados hablaron sobre el exterminio a la UP, un partido político de izquierda que fue masacrado en los 80′s. Desde 2014 se ha podido establecer que entre “paras” y agentes del Estado fueron asesinados dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 militantes.

La JEP y la Comisión de la Verdad son organismos hermanos, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que nacieron con los Acuerdos de Paz entre las antiguas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. La Comisión entregará un informe final con los resultados sobre su investigación sobre el conflicto armado y, por su parte, la JEP tiene abierto el macrocaso 006, correspondiente a la victimización de miembros de la Unión Patriótica.

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El magistrado Gustavo Salazar aseguró que para entender el exterminio a la UP se necesita entender la criminalidad como un todo. Ha existido una gran dificultad en su investigación, dado que los hechos datan de hace más de tres décadas y muchas de las personas involucradas o mencionadas ya están muertas. Incluso, a la JEP han llegado comparecientes de más de 75 años.

“Todo ese material judicial ha sido tratado de manera dispersa. La pregunta es ¿había un único aparato organizado? ¿había un entramado de aparatos organizado?”, explicó el magistrado Salazar. Lo que ha hecho la JEP, de acuerdo con el togado, es priorizar una serie de subcasos con periodos históricos y espacios específicos. El resultado de ese trabajo permitirá reconocer que hubo un “aparato complejo”. Por otro lado, hay casos donde involucrados en los crímenes contra la UP terminan siendo mencionados en expedientes por ejecuciones extrajudiciales, en la década del 2.000.

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“En el caso 006 hemos acudido en menos medida a las víctimas y a los testigos. Hemos encontrado miles de testimonios, indagatorias y versiones en justicia ordinaria y Justicia y Paz. Ha sido uno de los centros de la recolección de información. Uno rara vez encuentra la prueba reina que revela todo el aparato, eso solo existe en CSI (la serie de televisión), en la vida real es una sumatoria de pequeñas verdades que se pueden entrelazar (...) hemos encontrado miles de documentos, dentro de cientos de inspecciones judiciales, que revelan en algún grado u otro la posible responsabilidad de entidades del Estado”, agregó Salazar.

El comisionado Alejandro Valencia, por su parte, asegura que el camino ha sido complejo, pero hay avances que pronto conocerán los colombianos. Explicó que, aparte del esclarecimiento de la verdad, a la comisión se le dejó la tarea de buscar el reconocimiento de responsabilidades colectivas. Los antiguos miembros de las Farc han cumplido su compromiso, de acuerdo con Valencia, pero los funcionarios del Estado habrían puesto todo tipo de trabas.

“Hay gente que es totalmente pasiva e incrédula con lo que ha pasado en Colombia. Son los indiferentes, que no creen en estas instituciones de paz. El trabajo con empresarios fue muy difícil, no reconocen responsabilidades. Solo querían un reconocimiento como víctimas. También es difícil tener una interlocución con sectores opositores o sectores indiferentes. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo de manera abierta que él no iba a asistir a la Comisión de la Verdad, porque era producto de un Acuerdo de Paz espurio, que resultó ´perdiendo en un plebiscito”, agregó Valencia.

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Por último, el comisionado Carlos Beristain tiene fe en que las instituciones y los ciudadanos seguirán las recomendaciones del organismo, pero eso depende de la voluntad política y de la movilización social alrededor de la verdad. “La verdad no se asimila porque se publique el informe. Depende también del seguimiento que se le dé, de cuáles son las políticas de asimilación de la verdad. El informe no es para dejarlo en una estantería, espera caminar. Para que sea un marco distinto para hablar de todas esas cosas”, dijo.