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La Fiscalía ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre ocho inmuebles en el centro de Medellín (Antioquia), valorados en más de $11.000 millones, por presunta vinculación a redes delictivas dedicadas a la explotación sexual de menores de edad y la venta de estupefacientes. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encargará de la administración de estos bienes mientras avanzan los procesos judiciales.
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Los operativos, realizados con el apoyo de la Policía en la comuna 10, centro, permitieron ocupar hoteles, residencias, hostales e inquilinatos, que habrían sido usados para inducir a niños, niñas y adolescentes a actividades sexuales y para el almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.
Según las investigaciones, los propietarios de los inmuebles habrían permitido estas actividades ilegales al no ejercer el control adecuado sobre sus propiedades. Además, algunos de los bienes ya habían sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Alcaldía de Medellín y estaban involucrados en procesos penales previos.
Las alertas por casos de explotación sexual de menores de edad, en Medellín, han sido recurrentes. Según el coronel Edwin Correa, director de la DIJIN de la Policía, tres grandes bandas dominan las redes de explotación sexual en la ciudad: Odín Robledo, La Raya y La Terraza.
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Esta última, reconocida como una de las organizaciones criminales más antiguas del Valle de Aburrá, fue utilizada en las décadas de 1980 y 1990 por Pablo Escobar y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llevar a cabo múltiples asesinatos.
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