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La perspectiva de la seguridad y la guerra contra las drogas parece que va a sufrir varios cambios durante el mandato de Gustavo Petro, uno de ellos podría ser el estado de la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. En medio de la visita del presidente español, Pedro Sánchez, Petro fue cuestionado sobre el tema de la “paz total” de la que ha hablado en repetidas ocasiones. El presidente aprovechó para referirse a la reunión que mantuvo con miembros del gobierno de Joe Biden, donde presentó un nuevo enfoque a la extradición.
En contexto: Petro propone que narcotraficantes que negocien con el Estado no sean extraditados
“Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, narcotraficante que negocie y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita” aseguró el presidente Petro. El Espectador le cuenta como afectaría esto desde la mirada judicial y si lo que propone el presidente es algo posible.
Para poder extraditar a un ciudadano colombiano se necesita la intervención de tres actores fundamentales en este proceso, primero debe ser pedido por una corte en el extranjero, segundo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana debe emitir un concepto sobre este pedido de extradición para después elevárselo al presidente que es quien finalmente decide, a través de una resolución, si entrega al extraditable y bajo qué condiciones.
Esta propuesta del presidente Petro llega pocas semanas después de que el expresidente Iván Duque le entregara el cargo. Durante el gobierno Duque, fueron 540 las personas que se extraditaron a los Estados Unidos, siendo el 2021, durante la gestión de Wilson Ruiz como ministro de justicia, el año donde más se presentaron con 239, cifra que contrasta con las 102 de 2018, 163 de 2019, 135 de 2020 y 78 en los ocho meses de 2022. Además, los delitos relacionados con el narcotráfico fueron por los que más extradiciones se dieron.
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Varias críticas a la extradición tienen que ver con que los extraditados no terminan de cumplir con sus compromisos con la justicia en Colombia antes de ser enviados a otro país. Sobre esto, la Comisión de la Verdad se pronunció a través de una recomendación en su Informe Final, allí la Comisión señala que “se ajuste la extradición (...) de tal manera que el gobierno priorice las investigaciones en Colombia si la persona solicitada en extradición puede contribuir a esclarecer fenómenos de criminalidad, violaciones de los DDHH e infracciones al DIH y corrupción a gran escala”.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, la propuesta de Petro se enmarca dentro de la legalidad. “Ya que el presidente es quien decide autónomamente si entrega o no a un ciudadano en extradición, no se debe hacer ningún ajuste a la ley. Esto, en la medida que el presidente es totalmente libre en la decisión de a quién decide extraditar. Por ejemplo, él puede decir que si una persona ha negociado, entonces no se extradita”, afirmó Bernate.
Esta propuesta marcaría un precedente en las relaciones de Colombia con este país norteamericano. Durante toda la historia de la llamada “Guerra contra las drogas” Colombia ha sido el principal aliado de este país para el desarrollo de esta estrategia, y la propuesta de Petro marcaría un cambio en las condiciones de esta política. Según el abogado Bernate, “esto tendría una dificultad en el caso en que la persona requerida no tenga cuentas pendientes en Colombia, y ahí no tenga cómo negociar”.
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El abogado penalista, Alfonso Cadavid, afirmó que la propuesta de Petro es jurídicamente viable, “La extradición no es un acto automático como consecuencia de la comisión de un delito en el exterior, y de acuerdo con su teoría, no se debería conceder cuando la persona todavía tenga procesos pendientes de decisión en el país”. De acuerdo con esto, la propuesta de Petro pasaría más por una decisión política que una jurídica.
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