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Elkin Javier López Torres, conocido con el alias de la Silla, quien había sido capturado en diciembre de 2019 por las autoridades colombianas, y quien era pedido en extradición por Estados Unidos, fue enviado al país norteamericano a que respondiera por delitos relacionados con el narcotráfico. Según dijo el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, deberá responder ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas.
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La extradición de La Silla, que se dio junto a otros seis solicitados y se firmó el pasado mes de febrero por el ministro Ruiz, quien aprobó la extradición hacia Estados Unidos de López Torres y de Julio César Ruíz Arango, alias Butaco, ambos requeridos por el país norteamericano. Alias La Silla deberá enfrentar cargos por los delitos de elaboración y distribución de cocaína con el conocimiento de que sería llevada a EE. UU., concierto para importar la misma droga ilegal a suelo estadounidense y, por último, concierto para poseer el estupefaciente mientras se estaba a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de ese país.
López Torres también era señalado hasta hace muy poco por la Policía de controlar el 40 % de la cocaína que salía del Magdalena. Según una declaración dada en marzo de 2018, él mismo le habría reconocido a autoridades panameñas que era un narcotraficante: “López Torres se había enterado de que estaba siendo investigado en los Estados Unidos y Colombia y admitió su deseo de cooperar con la investigación”, dijo en una declaración jurada Tiffany Hernández, agente de la DEA que le siguió por años.
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Mientras La Silla esperaba que se resolviera su extradición a Estados Unidos, las autoridades nacionales le incautaron un total de 36 bienes, presuntamente conseguidos de manera ilícita a través de la extorsión y el narcotráfico. Las propiedades tenían un valor de $8.000 millones y estaban ubicadas en las ciudades de Santa Marta y Valledupar.
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En ese entonces, le fueron incautados 26 inmuebles, entre los cuales se encontraron 13 lotes, nueve casas, tres apartamentos y una finca. Además, contaba con cinco sociedades comerciales y cuatro establecimientos de comercio. Por último, tanto la DIJIN como la Fiscalía, determinaron que también debían ejercer extinción de dominio sobre un vehículo.
Igualmente, en junio del presente año, la defensa de López Torres solicitó prisión domiciliaría en Barranquilla, amparándose en el derecho a la salud y a la vida, sumado a la discapacidad motriz que sufre y a la pandemia por Covid-19. El Tribunal Superior de la capital del atlántico avaló tal petición, mientras se resolvía su lio en instancias internacionales.