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Luego de que el pasado 18 noviembre el exsenador Mario Castaño falleciera en la cárcel la Picota de Bogotá, el Concejo de Manizales decidió reconocer al condenado político caldense. El órgano municipal señaló que las gestiones del corrupto excongresista permitieron que este departamento pudiera adquirir infraestructura vial, institucional y deportiva.
Ante la polémica que levantó ese reconocimiento del confeso corrupto senador, el Concejo de Manizales acaba de publicar un comunicado en el que “aclara” lo sucedido: “Se entregaron notas de duelo por el fallecimiento de dos ciudadanos caldenses, uno de ellos el excongresista Mario Castaño Pérez la cual fue otorgada a su señora madre mediante proposición presentada por el concejal liberal Danilo Fernández Becerra y aprobada por unanimidad por la plenaria de la plenaria de la corporación”.
La condena contra Mario Castaño
El exsenador del Partido Liberal fue condenado en junio de 2023 a 15 años de prisión por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por ser el líder de una red de corrupción en contratación estatal, integrada por servidores públicos y particulares, con injerencia en municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca.
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La condena contra Mario Castaño es por 19 delitos que le formuló la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. La investigación de la Corte Suprema contra el político caldense inició en marzo de 2022, cuando la Fiscalía compulsó copias al alto tribunal, facultado para investigar a legisladores, sobre averiguaciones que adelantó el ente investigador sobre irregularidades en contratación en varios departamentos del país.
Según la investigación, el caldense aprovechó sus conocimientos como contador público profesional y su información privilegiada de las finanzas de la nación para montar todo un entramado de corrupción a través de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), como lo denomina la Fiscalía, en el que se direccionaban contratos para obras públicas en varios departamentos del país a cambio de porcentajes de esos acuerdos. Mancomunadamente con las averiguaciones de la Fiscalía y de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los direccionamientos se hicieron a través de cupos indicativos, un presupuesto que se le otorga a los parlamentarios para gestionar proyectos que ayuden a la superación de problemáticas en los territorios.
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