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Organizaciones como Dejusticia, dhColombia, la FLIP o la Comisión Colombiana de Juristas lograron en septiembre de 2020 que la Corte Suprema de Justicia profiriera una histórica sentencia que protegió el derecho de protesta en Colombia. En esa decisión, el alto tribunal encontró que la Fuerza Pública, en especial el Esmad, no ha sido capaz de custodiar las protestas sin violar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Los magistrados, además, dictaron varias órdenes que el Estado debía cumplir. Sin embargo, según los accionantes, la sentencia no se ha cumplido, una denuncia sumamente grave en el contexto actual del Paro Nacional, por lo que le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que declare el incumplimiento de la sentencia y para ello acudieron a un incidente de desacato. (Los detalles del histórico fallo que ordena frenar abuso policial en la protesta)
En la sentencia de 2020, la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. Por ende, la justicia reconoció que las personas pueden disfrutar su derecho de protesta que consiste en “disentir y a hacer público su pensamiento”. La Corte encontró finalmente que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” y de quienes hacían el cubrimiento periodístico en las marchas de 2019; y que las actuaciones de la fuerza pública representan una amenaza para los manifestantes. (La tutela de la protesta)
En consecuencia, la Corte ordenó que el ministro de Defensa presentara disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019; que los miembros del Gobierno mantengan neutralidad cuando se producen manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias; conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones; diseñar un protocolo para verificar casos de capturas y traslados de personas durante las protestas; y suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas. (No olvidar que la protesta es un derecho, por favor )
Varias de estas órdenes, según las organizaciones, se han incumplido y en el actual Paro Nacional es más evidente. “Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones públicas. Observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales; continúa también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y la utilización inadecuada de armas no letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa”, afirmaron las organizaciones ante la Corte.
En el incidente de desacato, las organizaciones pidieron además que se ordene suspender la “asistencia militar”, una figura del Código de Policía mediante la cual la fuerza militar ha hecho más presencia en algunas ciudades con el fin de apoyar a la fuerza de policía en medio del Paro Nacional. También los accionantes solicitaron la disolución por la fuerza de las manifestaciones; el uso de armas de fuego; y la actuación del Esmad. También pidieron que la fuerza pública, Procuraduría, Defensoría, la Fiscalía y el Gobierno entreguen los informes sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional.
“Pedimos suspender la actuación del Esmad hasta tanto se evidencie que está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas”, concluyeron las organizaciones, entre las que se encuentran también El Veinte, Humanidad Vigente y el Colectivo de Abogados CAJAR. Las organizaciones pidieron que se declarara en desacato, específicamente, al presidente Iván Duque; al ministro de Defensa, Diego Molano; al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; al defensor del Pueblo, Carlos Camargo; a la procuradora Margarita Cabello y al fiscal general, Barbosa Delgado, “por el incumplimiento de las órdenes” de la sentencia.