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Según la Corporación Sisma Mujer, en 2021 la Fiscalía General de la Nación reportó 488 feminicidios, de los cuales 215 llegaron a etapa de indagación, 165 a juicio, 67 a investigación, y apenas 35 a ejecución de penas. Este resultado estaría asociado con la presencia de estereotipos de género en las decisiones de los jueces durante los procesos penales, como lo evidencia la revisión y el análisis de 21 sentencias.
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Las sentencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, analizadas por la abogada Natalia Sofía Barraza, estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), correspondían a violencia feminicida, cuyos hechos en cada caso, la etapa del juicio oral y la valoración de las pruebas dejó en evidencia los estereotipos presentes en la aplicación de justicia.
Por un lado, se identificó a la mujer como corresponsable; se argumenta que la víctima “provoca” celos en el victimario, desencadenando en él un estado de ira que lo conducen a incurrir en los hechos. Asimismo, bajo esa misma idea prejuiciosa, se demeritan las agresiones físicas y psicológicas de las que fue víctima la mujer a lo largo de la relación sentimental. Y, se minimiza la violencia psicológica; se normalizan los comportamientos agresivos y ofensivos por parte del procesado al ser pareja de la víctima.
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“El feminicidio como delito representa un paso en pro de la eliminación de la violencia contra la mujer, sin embargo, por sí mismo no resulta suficiente, pues su efectividad depende de si los jueces valoran la prueba con una perspectiva de género, entendida como una mirada diferencial para abordar los problemas de las mujeres”, afirma la estudiante Barraza, integrante del Centro de Estudios Procesales (Cendepro), de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL.
A mediados de 2015, ante un escenario desalentador, en Colombia entró en vigor la Ley 1761, o Ley “Rosa Elvira Cely”, para tipificar el feminicidio como un delito autónomo y, de esta manera, prevenir y sancionar todo acto violento cometido hacia la mujer por su identidad de género. Aunque el objetivo de dicha ley es claro: dar amparo a las mujeres, el Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista indica que entre enero y septiembre de 2022 se han reportado 445 casos de feminicidios en el país.
Decisiones estereotipadas
La investigación de la abogada Barraza surgió con base en el trabajo de Cendepro. La profesora María Cristina Patiño, su directora, menciona que dicho centro ganó una convocatoria para hacer observación a los estereotipos de género en las decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante los últimos 10 años. “Ese fue el pilar de esta investigación de maestría en la que analizamos la valoración probatoria de los jueces y verificamos si cumple con los criterios de enfoque de género necesarios”, señala.
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Teniendo como base las pautas judiciales contenidas en los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia, se identificaron cuatro criterios para una valoración probatoria con enfoque de género: (i) apreciar la prueba sin estereotipos; (ii) valorar el contexto de violencia circundante a la agresión; (iii) reconocer el carácter fundamental de la declaración de la superviviente en el feminicidio tentado, y (iv) privilegiar los indicios ante la insuficiencia de las pruebas directas. Una vez establecidos los criterios, se realizó la revisión y el análisis de 21 sentencias.
Además de dichos hallazgos, también se logró determinar que en 19 de los 21 casos el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá valoró sin estereotipos las pruebas de casos, es decir un 90,48 %, o sea que tres presentaron sesgos en los elementos probatorios. Los resultados de esta investigación dan cuenta de la carencia de garantías de las mujeres víctimas de feminicidio en el ámbito judicial, “la falta de implementación consolidada del enfoque de género conduce a resoluciones reproductoras de la violencia en contra de la mujer en el plano institucional”, asegura la abogada Barraza.
Como producto de dos años de investigación, se desarrollaron nueve boletines ilustrados sobre estereotipos de género, los cuales, a través de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, se divulgaron y pusieron a disposición de los funcionarios judiciales. Cabe destacar que esta investigación obtuvo el financiamiento de la UNAL, tras aplicar y cumplir los parámetros requeridos en la Convocatoria para el Apoyo de Estudiantes de Posgrado 2020 de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.
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