Falso positivo: La nueva petición a la CIDH de 19 soldados retirados del Ejército

En junio de 2008, 19 soldados profesionales fueron retirados del Ejército por razones del servicio. Al menos así quedó notificado en las actas administrativas que les anunció la baja. Los uniformados que hacían parte de la Contraguerrilla Atila 1 del Batallón Cartagena, ubicado en La Guajira, participaron en una operación de rescate de dos funcionarios de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) y del periodista Mario Alfonso Puello, quienes estaban bajo el poder del ELN. Hoy, 19 años después, con una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscan que se revise el caso porque hubo irregularidades.

En junio de 2008, 19 soldados profesionales fueron retirados del Ejército por razones del servicio. Al menos así quedó notificado en las actas administrativas que les anunció la baja. Los uniformados que hacían parte de la Contraguerrilla Atila 1 del Batallón Cartagena, ubicado en La Guajira, participaron en una operación de rescate de dos funcionarios de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) y del periodista Mario Alfonso Puello, quienes estaban bajo el poder del ELN. Hoy, 19 años después, con una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscan que se revise el caso porque hubo irregularidades.

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Si bien el expediente llegó en 2016 al órgano internacional, la nueva petición la hacen basados en los trámites que ya se surtieron ante autoridades nacionales y con nuevas pruebas de lo que consideran un “retiro arbitrario” de la institución. La solicitud, en esta ocasión, la hacen el soldado en retiro Wilmar Yucuma y el abogado Carlos Varela. La intención es que la CIDH revise una serie de irregularidades que se registraron no solo frente al retiro de los uniformados, sino en la forma en la que sus superiores afrontaron la operación militar que buscaba rescatar a los funcionarios de la UNAD y del comunicador que fueron raptados en febrero de 2008.

La cronología del caso empezó en abril con la operación Macedonia. Según Yucuma, inició en la vereda Cascajalito y la intención era llegar al municipio de Riohacha, en La Guajira. En el camino hallaron un hombre indígena y una menor de edad, quienes fueron detenidos e interrogados. Luz Elena López, alias Marcela, confesó que militaba en el Frente de Guerra Norte Gustavo Palmesano Ojeda, del ELN y que se dirigía hacia Riohacha buscando ayuda médica porque tenía una hemorragia por cuenta de un legrado uterino que le habían practicado.

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Marcela, en poder del Ejército, según Yucuma, recibió asistencia médica, entregó a los soldados un sobre sellado y decidió conocer de los programas de desmovilización. Además, accedió a llevar a los uniformados a un campamento guerrillero donde se encontraba Luis Fernando Pérez, alias Edwar o Atencio, el máximo líder del frente del ELN. El hombre estaba acompañado de nueve personas más miembros de la estructura. Con la información en su poder, los soldados alertaron a sus superiores y por orden del entonces teniente coronel Ramón Saldaña avanzaron.

Según el relato que reposa en la Comisión Interamericana, los uniformados fueron divididos y solo terminaron entrando a la operación 12 de ellos. Los restantes se quedaron haciendo labores de ranchería y, al cabo de una hora, empezaron a escuchar un combate que duró alrededor de tres horas donde no solo se distinguían disparos de fusil y ráfagas de ametralladoras, sino también las detonaciones de granadas y morteros. Una vez culminó el enfrentamiento el teniente coronel Saldaña, algunos peritos de la Fiscalía y miembros del CTI arribaron al lugar para realizar la inspección judicial.

Los 19 soldados solo se volvieron a reunir un par de horas después cuando fueron trasladados al batallón y a la media noche del 23 de abril de 2008, según el relato, los hicieron formar en la madrugada. Los desnudaron, les requisaron prendas y proveedores de fusil y los equipos de campaña. La situación se tornó inusual, pero en medio de ella se conoció que la operación dejó la incautación de material de guerra, equipos de comunicación, dos portátiles, abundante cantidad de víveres y el sobre sellado con cinta transparente que entregó Marcela. Este último fue entregado por un sargento primero al coronel quien, al abrirlo frente a la tropa, encontró unas cartas, y entre ellas, dinero en moneda extranjera por aproximadamente 2.500 dólares.

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La batalla jurídica

A juicio de Yucuma, desde ese momento hubo una serie de inconsistencias que detonaron en el retiro de la institución. Mencionó que en los registros de policía judicial y CTI no quedó el registro de la incautación de los 2.500 dólares. Además, expuso: “Nuestro entonces comandante, el teniente coronel Ramón Saldaña entró en cólera y la emprendió a improperios en contra de los compañeros que dieron el golpe de mano, amenazándolos con la baja del servicio activo bajo el argumento de que para él era irrelevante la incautación que se llevó a cabo”, reposa en el documento.

A juicio de Yucuma, el entonces coronel manifestó que para él sólo tenían importancia “las bajas” porque por esas estadísticas lo medían para su ascenso a coronel efectivo y que “la menor de edad capturada viva de poco le servía”. Los 19 soldados, quienes perdieron contacto entre sí durante un poco más de cinco años hoy consideran que el retiro de la institución castrense estuvo motivado en que no asesinaron a Marcela. Los uniformados, a su modo, emprendieron acciones con las que pretendían verificar por qué fueron retirados del Ejército. Algunos lo hicieron a través de derechos de petición, otros con tutelas.

Los siete soldados que no atendieron el combate enviaron derechos de petición buscando información y siempre encontraron la misma respuesta: el retiro fue por decisión del comandante de la fuerza. El oficio iba firmado por el hoy general retirado Jorge Horacio Romero, sobre quien se adelanta un juicio en la Corte Suprema por corrupción. Yucuma, por su parte, presentó tutela, en 2008, la fallaron a favor, pero solo se hizo efectiva la decisión hasta que el Tribunal Administrativo de Huila emitió orden de desacato por incumplimiento.

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En ese entonces, se le ordenó al Ministerio de Defensa realizar la notificación. Además, la corporación compulsó copias a la Procuraduría para que se adelantara trámite en contra de los asesores jurídicos de la subdirección del Ejército por si pudieron incurrir en algunas faltas disciplinarias. Otros seis uniformados, al no tener una respuesta válida en los derechos de petición, presentaron tutela ante el Tribunal Superior de Riohacha, en 2011, fallaron en su contra y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde tampoco ampararon sus derechos. Yucuma, por su parte, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, sin embargo, pasaron un poco más de 13 años en el expediente sin que haya tenido resultado.

La CIDH, entonces, tiene en su poder no solo el relato de Yucuma, sino también los expedientes judiciales que se surtieron alrededor del caso, así como audios, radiogramas y declaraciones de miembros del Ejército. A su juicio, todos estos elementos dan cuenta de que el retiro de los soldados pudo tener una serie de inconsistencias que no se han logrado subsanar tras casi 20 años. Será entonces el órgano internacional el que defina si atiende el caso.

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