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Tras cuatro años de su puesta en marcha, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer sus primeras imputaciones por el macrocaso de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, fenómeno de guerra en el que civiles inocentes fueron asesinados y presentados como bajas en combate por el Ejército. El pasado 6 de julio, 10 antiguos militares en El Catatumbo, entre ellos el general (r) Paulino Colorado, fueron llamados a reconocer su responsabilidad. El Espectador ha revelado lo que la JEP encontró sobre 15 militares (r) del Batallón La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar) y referenciado en decenas de sentencias de la justicia ordinaria por permitir y orquestar tales crímenes. Estos son sus perfiles.
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Al igual que en el caso Catatumbo, conocido por ser el epicentro de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha, la JEP señaló a los 15 militares del Batallón La Popa como miembros de una posible “organización criminal”. La Sala de Reconocimiento de la justicia transicional concuerda en que existía una sed por resultados, sin importar los medios, y que altos mandos habrían ofrecido premios a cambio de bajas. En particular, se le reprocha al batallón agredir a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, y la alianza con el Bloque Norte de las Auc, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo -Jorge 40-.
Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, los comandantes
En junio de 2020, el coronel (r) Publio Hernán Mejía anunció que piensa lanzarse a la presidencia de Colombia en 2022. Aseguró que los “colombianos de bien” necesitan armarse. Ya está condenado a 14 años de prisión por, como comandante del Batallón La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, aliarse con las Auc para cometer “falsos positivos”. Se demostró que patrulló de manera conjunta con los “paras” y les suministró de armas y uniformes de guerra, a cambio de víctimas, como si se tratara de mercancía.
Según la JEP, tanto Mejía como su sucesor, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, comandante del batallón desde 2004 hasta mediados de 2005, habrían usado a los militares bajo sus ordenes para ejecutar un plan criminal. “Se sirvieron de su mando y de su control en una estructura altamente jerarquizada para emitir órdenes dirigidas a presentar asesinatos fuera de combate como resultados operacionales legítimos. La Sala entiende que el poder de mando de estos autores mediatos era precisamente lo que garantiza el cumplimiento automático de sus órdenes que son una expresión de su autoridad y de su control”, aseguró el órgano de justicia transicional.
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Sobre Publio Hernán Mejía, la JEP asegura que ordenó, participó y encubrió la muerte de 75 inocentes, entre ellos 72 hombres -tres indígenas Kankuamos-, un adolescente y tres mujeres. Todos habrían sido presentados como guerrilleros o personas que les prestaban apoyo. De acuerdo con otros comparecientes, quienes lo echaron al agua, Mejía tenía el carisma propio de las fuerzas militares, sin embargo, se aprovechó de la credibilidad con la que gozaba para convencer a sus hombres de cometer “falsos positivos”. Con el Bloque Norte de las Auc, al parecer, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos.
Aparte, bajo su comandancia se pusieron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las ordenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. Sirvieron de referentes para otros pelotones, dados los números de “positivos”, que en realidad no serían tal cosa. En su defensa, Mejía asegura que la Fiscalía “desapareció” del batallón la documentación operacional “secreta original” y además montó una “horrible mentira” pagándole a criminales para declarar contra él.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa tomó la bandera del Batallón La Popa el 7 de enero de 2004 y allí estuvo hasta el 9 de julio de 2005. Durante su comandancia, la unidad militar reportó 113 bajas en combate, de las cuales, según la JEP, 51 serían ejecuciones extrajudiciales. Fue convocado a versión voluntaria en la justicia transicional, sin embargo, nunca fue. Lo tuvieron que ubicar a través de Migración Colombia, donde se dieron cuenta que hace años vive en París (Francia). De acuerdo con la JEP, Figueroa habría presionado a sus hombres y estimulado el reporte de bajas, otorgando permisos y premios, sin importar la calidad de los muertos.
“Figueroa Suárez, omitió deliberadamente la supervisión que le correspondía sobre el actuar de los hombres bajo su mando, creando así las condiciones que favorecieron no solo la continuidad de la práctica sino su sofisticación”, agregó la JEP. De hecho, en el Libro de Operaciones de Figueroa quedó retratada una felicitación del 30 de septiembre de 2004, a un oficial -cuyo nombre es omitido en el documento- que reportó 54 bajas en combate. “Considero que este Oficial reúne todas las condiciones físicas, morales, técnicas e intelectuales para seguir comandando tropas comprometidas con la actitud ofensiva que requiere la institución”, habría escrito Figueroa.
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Entre “reclutadores” y “coautores”
Tras endilgarle responsabilidad a los excomandantes Mejía y Figueroa, la JEP se centró en 13 antiguos militares que serían piezas, con sus particularidades, del posible engranaje criminal. Por ejemplo, el teniente coronel (r) José Pastor Ruiz, jefe de la Sección de Inteligencia y luego jefe de la Sección de Operaciones, presentó un total de 63 bajas en combate. Para la JEP, 54 ilegítimas. De acuerdo con el documento, Ruiz se habría aliado con las Auc y entrenó y comandó los grupos especiales Zarpazo y Trueno, dueños al parecer de una cruda misión específica. Incluso, habría seleccionado a los soldados de ambos grupos.
Ruiz nunca compareció ante la JEP, ni siquiera estando condenado por el delito de homicidio en persona protegida, por el Tribunal de Bogotá, por una de las sonadas operaciones del grupo especial Zarpazo, en la que murieron 18 personas. El mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, por su parte, fue el comandante de la batería Contera del Batallón La Popa. Uno de los cuatro pelotones de Contera era el mismísimo grupo especial Trueno. Gutiérrez Riveros reemplazó por unos meses a Ruiz en la Sección de Operaciones, donde reportó 82 bajas en combate, de las cuales 60 serían falsos positivos según la JEP.
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El teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez reconoció ante la JEP su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa. De acuerdo con el documento, se encargó de acudir a los lugares donde los “paras” dejaban los cuerpos de las víctimas y de organizar a la tropa que iba a acudir a la puesta en escena. Allí, Gómez simulaba la existencia de un combate y, al menos en una ocasión, disparó al aire y pidió auxilio por radio para hacer más verosímil el relato. La justicia ordinaria lo tiene vinculado a siete investigaciones por el mismo crimen.
Por su parte, el sargento primero (r) Efraín Andrade Perea tenía funciones administrativas y se suponía que debía coordinar con las autoridades judiciales el levantamiento de los cadáveres. Él era quien avisaba a la Fiscalía, se desplazaba a la morgue y emitía los informes sobre el levantamiento de cuerpos y el material de guerra incautado. No obstante, según la JEP, Andrade Perea manipularía las escenas del crimen y encubriría los asesinatos. Se habría encargado de señalar los objetivos, escoger las armas y uniformes a implantar y de expedir documentación para disfrazar de legalidad los operativos.
Manuel Valentín Padilla, sargento primero (r) y conocido en inteligencia como Hugo, sería según la JEP uno de los intermediarios entre los paramilitares y el Batallón La Popa. Sería el mensajero entre el Frente Mártires del Cesar y el entonces comandante Publio Hernán Mejía. Así lo “sapeó” un exparamilitar, quien se sometió a Justicia y Paz y era miembro de ese frente: “Hugo, que fue quien hizo las coordenadas, que pertenece al Ejército Batallón La Popa, le manifestó a 38 (un paramilitar) que únicamente del operativo sabíamos nosotros. Que íbamos a dar el falso positivo contra ellos y el puntero de la tropa del Ejército, que era quien iba a llegar al sitio e iba a disparar para que sus otros compañeros dispararan y todo quedara normal como si hubiese sido un combate”.
El teniente coronel (r) Carlos Andrés Lora confesó a la JEP haber participado en el asesinato de 18 personas, como miembro de la batería Contera. Lo felicitaron en el batallón por “darle de baja a bandoleros”. Fue condenado dos veces por el delito de homicidio en persona protegida. Por otro lado, el antiguo teniente Edart Gustavo Álvarez fue el único que abandonó su servicio como militar, pues no quería “seguir prestándose para la presión por los resultados”. Durante su versión libre ante la JEP aseguró que participó en siete “falsos positivos”. Aseguró haber patrullado junto a paramilitares y acordar la entrega de personas para presentarlas como guerrilleros muertos en combate.
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El sargento viceprimero (r) José de Jesús Rueda confesó su participación en siete ejecuciones extrajudiciales. La JEP asegura que reveló haber instruido a miembros del Batallón La Popa para que le dieran declaraciones acomodadas a la Justicia Penal Militar. El subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos fue designado para comandar la batería Dinamarca, conformada por soldados regulares que estaban prestando servicio militar. Sus hombres presentaron como muertes en combate los posibles homicidios de seis hombres, dos de ellos indígenas kankuamos. Burgos les habría explicado a sus subalternos que “así iban a hacer los resultados operacionales”, según dos comparecientes.
El cabo tercero desertor Elkin Rojas se sometió a la JEP en 2017 y aceptó su responsabilidad por varios asesinatos. “Destacó como en una reunión de los integrantes del pelotón en junio de 2004, se acordó la comisión de asesinatos fuera de combate, para obtener permisos y responder a las presiones por resultados operacionales que ejercía el comandante del batallón. El suboficial salía del área de responsabilidad del pelotón para buscar víctimas, mientras que los demás esperaban en el área para simular los combates”, agregó la JEP. Él mismo se autodenominó como “reclutador”.
Los “gatilleros”
Uno de los presuntos “gatilleros” era el soldado profesional Yeris Andrés Gómez, quien hizo parte de los pelotones Zarpazo y Albardón 1. De acuerdo con la JEP, habría participado en el asesinato de 50 personas. Confesó haber asesinado directamente a algunas de las víctimas. Uno de los soldados comparecientes aseguró que Gómez se regodeaba de sus crímenes: “él se las tiraba de crecido ahí en el pelotón, él se creía más que los demás, que decía que si él quería y él mataba y le importa un carajo, que él quería mataba y le daba lo mismo. Que el que se metiera con él se la se las veía”.
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Alex José Mercado sería otro de los “gatilleros”, pues confesó haber asesinado con su propia arma de dotación a cuatro civiles inocentes. No obstante, la JEP tiene pistas que lo vincularían con el doble de muertes. En el expediente se describe como Mercado, al parecer, les disparó por la espalda a sus víctimas, luego de que intentaran escapar de su destino. Confesó haber asesinado al indígena kankuamo Daiver José Mendoza Montero. Incluso, la JEP cree que en marzo de 2005 viajó a Barranquilla solo para contactar personas, que luego iban a ser masacradas y presentadas en un montaje.
Juan Carlos Soto Sepúlveda, antiguo miembro del Batallón La Popa, por su parte fue vinculado por el traslado de personas a su sitio de muerte y la ejecución de al menos cuatro de ellas. Confesó ante la JEP haber asesinado a un hombre en diciembre de 2002, quien fue entregado por paramilitares. Soto Sepúlveda dijo que recibió la orden de un superior, pero sintió temor al momento de disparar su arma. Aseguró que perpetró el crimen para “mostrar firmeza”. La víctima recibió 13 impactos de arma de fuego en la cabeza, rostro, cuello, abdomen y los brazos. Un mes y medio después asesinó a otra víctima, de un disparo a corte distancia en el cráneo.