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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos y llamó a reconocimiento de verdad a 10 militares, entre ellos el general Paulino Coronado Gámez, por la ejecución extrajudicial de 120 personas en el Catatumbo (Norte de Santander). La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) aseguró que eran miembros de una “organización criminal”, cuyo propósito habría sido asesinar a civiles para presentarlos como bajas en combate y, así, responder a la presión por resultados “a como diera lugar”. En el documento de 284 páginas en que esta Sala de la JEP tomó la decisión, los magistrados detallaron las pruebas para tomar la decisión y quiénes son los uniformados involucrados en el caso.
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Se trata del primer auto de imputación en el macrocaso de “falsos positivos”, que según un reciente documento de la JEP, corresponde a 6.402 víctimas en el periodo 2002-2008. En concreto, la SRVR imputó al general Coronado como comandante de la Brigada 30 del Ejército y a militares de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN), de Ocaña. Fue justamente en ese municipio donde decenas de jóvenes de Soacha fueron llevados, bajo engaños, para asesinarlos y engrosar los números del Ejército.
General Paulino Coronado, la punta del iceberg
Sobre el general Coronado, la JEP explicó que fue comandante de la Brigada 30, adscrita a la Segunda División del Ejército, entre el 27 de noviembre de 2006 y el 29 de noviembre de 2008. Durante la época investigada, Coronado estaba a cargo de la BRIM15 y de la BISAN. “Deliberadamente incumplió el deber de evitar la perpetración de los crímenes que en la presente providencia se han imputado a los demás comparecientes”, fue la conclusión a la que llegó la JEP. Según el auto, debe rendir cuentas por la muerte de al menos 55 personas.
“Coronado tenía el deber jurídico de impedir que los miembros de las unidades militares bajo su mando desaparecieran y asesinaran personas o, en otras palabras, que incurrieran en conductas constitutivas de crímenes de guerra o de lesa humanidad. La posición de garante de Coronado se fundamenta entonces, en primer lugar, en los deberes propios de los comandantes militares, según el DIH y el ordenamiento constitucional colombiano”, explicó la JEP.
Entre los documentos que tiene la entidad, habría pruebas que indicarían que Coronado insistía en reforzar la inteligencia militar mediante la consolidación de redes de cooperantes, el pago de recompensas a informantes y la búsqueda de inteligencia de combate. Coronado, además, al parecer presionaba a las unidades a su cargo para aumentar los resultados. Según la JEP, resaltaba el atraso de la Brigada 30 respecto de otras unidades y buscaba las bajas por encima de otro tipo de acciones, como las capturas. Presuntamente ofreció incentivos y premios a quienes produjeran las muertes.
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Por otro lado, en el expediente hay información de programas radiales en los que se podría concluir que Coronado tenía conocimiento de las conductas cometidas por los miembros de la BISAN y la BRIM15. En esos programas, el general insistiría en que las unidades militares debían prepararse para enfrentar las acusaciones de la ciudadanía. Les habría dicho a sus subalternos que las denuncias contra el Ejército son promovidas por la “subversión” y que los pobladores del Catatumbo eran cercanos a los grupos al margen de la Ley.
“Debemos sentirnos satisfechos de saber que somos soldados que hacemos lo que queríamos hacer cuando éramos niños, estamos cumpliendo con nuestro deber un resumen corto de lo que ha ocurrido (…) debemos demostrar que todo lo hemos hecho con transparencia, tenemos que sustentar que eran bandidos los que murieron los bandidos llevan casi 8 años en el sector de Soacha”, quedó registrado, según la JEP, en un programa radial locutado por Coronado el 8 de octubre de 2008.
Por otro lado, Coronado quedó retratado entre los 23 general y seis coroneles, activos y retirados, en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI) por ejecuciones extrajudiciales. El 9 de julio de 2017, la Fiscalía del organismo vinculó a una investigación al entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez y el antiguo comandante del Ejército, el general (r) Mario Montoya Uribe. El informe concluye, entre otros resultados, que la mayoría de asesinatos se cometieron para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla y que las víctimas fueron seleccionadas porque pertenecían a sectores marginales de la población.
¿Qué se les imputa a los militares de la BISAN?
La JEP explicó que miembros del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’, entre 2007 y 2008, habrían cometido 44 crímenes de lesa humanidad -asesinatos- y de guerra -homicidios en persona protegida-. Entre los imputados está quien fue suboficial de inteligencia para 2008, el cabo primero Sandro Mauricio Pérez. En dos versiones voluntarias, el militar aceptó participar en 25 “falsos positivos”, no obstante, la Sala concluyó que sería responsable por la muerte de 47 víctimas.
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Como miembro del grupo de inteligencia, Pérez habría entregado y coordinado la entrega de las armas que se usaban para simular los combates, en los que supuestamente caían guerrilleros, quienes en realidad eran civiles inocentes. Incluso, habría coordinado la entrega de algunas víctimas a los ejecutores materiales en Ocaña y, por si fuera poco, presuntamente acompañó a las tropas que perpetrarían los homicidios. “Incluso llegó a ‘montar’ un retén en el que dos víctimas serían ‘capturadas’ y después asesinadas”, dijo la JEP.
El mayor Juan Carlos Chaparro, miembro de la Plana Mayor de la BISAN en 2008, por su parte habría tapado los asesinatos que conoció dentro del grupo y presuntamente falló en sus deberes de verificación. Se le acusa haber consignado información falsa y firmar documentos, por medio de los cuales se legalizaron supuestos resultados operacionales, que en realidad corresponderían a civiles asesinados. La JEP habla de, al menos, siete misiones tácticas falsas.
Asimismo, la JEP mencionó al teniente coronel Álvaro Diego Tamayo, quien fue comandante de la BISAN entre el 22 de enero de 2007 y el 7 de noviembre de 2008. “Ejerció presión permanente para que la tropa bajo su mando aumentara las bajas reportadas; garantizó la obtención de insumos necesarios para que los miembros de las compañías encargadas de ejecutar a las víctimas contaran con armamento suficiente para realizar el encubrimiento de las muertes; creó el GRULOC Boyacá 22, con el fin de tener personal disponible para llevar a cabo las ejecuciones; y utilizó prácticas de amenaza para que el personal bajo su mando llevara a cabo algunos asesinatos”, le imputaron.
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Tamayo, además, fue imputado por dos casos de desaparición forzada, uno de ellos Jaime Castillo Peña, hermano de la activista Jacqueline Castillo. Se trata de una mujer que a sol y sombra ha presidido el colectivo de Madres de Falsos Positivos en Colombia, resultado de las denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales de decenas de jóvenes de Soacha (Cundinamarca). De acuerdo con Castillo, su hermano Jaime Castillo era un comerciante que trabajaba en la Carrera 68 con Américas en Bogotá, quien un día de 2008 desapareció y luego fue reportado como guerrillero en Ocaña.
BRIM15, entre la acción y la omisión
De acuerdo con la SRVR de la JEP, la Brigada Móvil 15 habría cometido 76 crímenes de lesa humanidad, entre 2007 y 2008. Entre los imputados está quien fue comandante de escuadra, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez. El expediente del militar no lo favorece, pues en cuatro procesos distintos, en la justicia ordinaria, aceptó cargos por cometer “falsos positivos”. Ante la JEP, Gutiérrez aceptó haberle disparado a Diosemiro Chinchilla, Gerardo Quintero Jaimes, Álvaro Guerrero, Jesús Hermídez Quintana y una víctima identificada como N.N.
El sargento segundo Rafael Antonio Urbano, confesó en versión voluntaria que señaló y engañó al menos a tres víctimas para trasladarlas al lugar donde fueron ultimadas. El capitán Daladier Rivera Jácome, por su parte, confesó en versión libre haber participado en 14 “falsos positivos”, sin embargo, la JEP lo imputó por al menos 42 hechos similares y por la persecución a un inocente quien finalmente pudo escaparse. Se le acusa intervenir en la organización y en la ejecución de las operaciones falsas e incluso de planear el arma con la que se quería mostrar que la persona era miembro de un grupo armado ilegal.
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El antiguo oficial de operaciones Gabriel de Jesús Rincón está condenado dos veces por seis ejecuciones extrajudiciales. No obstante, la JEP tendría como probar que perpetró lo mismo con un total de 75 personas. De acuerdo con la Sala, Rincón habría ejercido una presión constante contra los otros miembros de la brigada, para que presentaran bajas y así mejoraran los indicadores de resultados operaciones. Supuestamente realizó promesas de viajes a los soldados que reportaran más bajas.
Sobre el antiguo comandante Santiago Herrera Fajardo, quien estuvo al mando de la brigada entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007, se tendrían pruebas que lo vincularían con 43 ejecuciones. A Herrera se le acusa, en particular, alterar la línea de mando y el Estado Mayor de la brigada, con el objetivo de contar con personas de confianza y, así, llevar a cabo los crímenes. “Dos miembros del Estado Mayor de la BRIM15, que presentaron su versión voluntaria, señalaron que los excluyó del control de asuntos que inicialmente eran de su competencia y que él directamente era el encargado del lanzamiento de las operaciones y su legalización”, explicó la JEP.
Finalmente, el coronel Rubén Darío Castro, antiguo miembro del Estado Mayor, ya reconoció ante la JEP su responsabilidad por un caso de “falsos positivos”, no obstante, el órgano de justicia lo vincula con la muerte de 59 víctimas: “Firmó documentos operacionales con los cuales se legalizó el asesinato de Gerardo Quintero Jaimes; no realizó las investigaciones respectivas al interior de la unidad ni denunció ante las autoridades competentes las irregularidades que se estaban presentando, una vez este las conoció; autorizó el pago de supuestas ‘recompensas’; y tampoco realizó los respectivos controles para evitar que estas situaciones irregulares siguieran ocurriendo.