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La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) emitió la resolución de conclusiones en el caso que investigó asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Con esta decisión se cierra la etapa de investigación con víctimas y comparecientes, ahora el caso será llevado ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal de Paz. Este será el responsable de evaluar los reconocimientos y presentar un proyecto de sanción propia para los responsables de los crímenes cometidos entre 1997 y 2007.
Durante casi 5 años de investigación, la JEP logró identificar cuatro tipos de daños que fueron sufridos por los habitantes de Dabeiba. Para la Jurisdicción, los exmilitares ocasionaron afectaciones a la entidad y al buen nombre, a las relaciones familiares y comunitarias, al proyecto de vida y por último, a la salud física y mental. Por ello, la Sala de Reconocimiento propuso cinco medidas de reparación, entre las que está la cátedra de paz, el establecimiento de vías terciarias y un proyecto de obra de memoria y reparación simbólica en el cementerio Las Mercedes. Sin embargo, la decisión final sobre las sanciones propias está en manos del Tribunal de Paz.
En el documento también se estableció, como en otras investigaciones previas sobre falsos positivos, tres patrones de criminalidad. El primero de ellos reconoce que las víctimas eran campesinos de la zona que fueron asesinados por “prejuicio” de ser cercanos a la guerrilla. El segundo plantea que los muertos eran personas ajenas al municipio, las cuales eran trasladadas desde Turbo o Medellín con promesas falsas. El tercero de ellos, quizás el más novedoso, es que la Fuerza Pública utilizó un cementerio municipal para desaparecer a sus víctimas.
En su momento, la JEP afirmó que al cementerio de Dabeiba fueron a parar 49 civiles asesinados por miembros del Ejército y presentados como bajas en combate. La contundencia de esta afirmación quedó escrita en el documento con el que imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 militares. Las decisiones alrededor de este caso no tienen precedentes, ya que sobre él no había investigaciones previas de la justicia ordinaria.
El caso inició en 2019, cuando William Capera Vargas le dijo a la JEP que tenía información sobre el cementerio de Dabeiba, mientras era interrogado por falsos positivos cometidos en otra región del país. Los magistrados lo escucharon y sus declaraciones fueron el punto de partida para que la Sala de Reconocimiento estableciera unas señales de interés para intervenir en el camposanto. Estos datos luego fueron ampliados con entrevistas a otros testigos y militares que acudieron a la justicia especial. Los testimonio de los uniformados fueron comprobados con lo que hallaron expertos forenses en las fosas comunes.
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