Falsos positivos en Sucre: Ninguno de los policías aceptó cargos

Después de la legalización de la captura de diez de los once uniformados señalados por la Fiscalía de ser los responsables del asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre), el ente investigador les imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tortura, favorecimiento a terceros, falsedad en documento público y destrucción de material probatorio. Esta imputación se da después de los testimonios de dos patrulleros que contaron lo que sucedió el pasado 25 julio de 2022.

En contexto: Falsos positivos en Sucre: jueza dice que las capturas de los 10 policías son legales

En la tarde de ese día, Carlos Alberto Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza fueron asesinados y presentados como miembros del Clan del Golfo. Los policías imputados son: María Camila Buriticá Valencia, Jesús María Bolaño Castor, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamit Henao, Huber Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Puerta Rodríguez, Leila Ávila. Pero no a todos les imputaron los mismos delitos.

A María Camila Buriticá, Santiago Garavito y Rafael Paz la Fiscalía los investigará por homicidio agravado y privación ilegal de la libertad; a Jesús María Bolaño por homicidio agravado, ocultamiento de material probatorio y privación ilegal de la libertad; a Yamit Henao los delitos de privación ilegal de la libertad y favorecimiento a terceros; a Huber Mieles Arroyo tortura, falsedad en documento público y privación ilegal de la libertad, a Leila Ávila los delitos de tortura y privación ilegal de la liberta; y a Bernardo Pontón y Diana Puerta el delito de tortura.

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Los representantes de las víctimas pidieron que se añadiera a la imputación el delito de falsedad en documento contra Buritica por haber firmado el informe que afirmaba que los jóvenes habían muerto enfrentándose a la Policía, además pidieron que se imputara el delito de falso testimonio. Los abogados aseguraron que existen delitos que no han sido imputados y que es evidente que los uniformados incurrieron en ellos. A pesar de esto, los términos de la imputación quedaron como se habían planteado por la Fiscalía.

La Fiscalía, durante la audiencia de imputación, relató detalladamente los hechos en los que los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo murieron a bordo de un vehículo de la Policía. De acuerdo con la narración, estos jóvenes fueron capturados por varios uniformados de infancia y adolescencia de la Policía, luego de que se les informara de la muerte de un uniformado a manos de presuntos miembros del Clan del Golfo. Estos funcionarios pidieron apoyo en el sitio y allí llegaron varios uniformados, entre ellos, el coronel Benjamín Núñez, único de los sospechosos que no ha sido capturado y que se encuentra en México con circular roja de la Interpol. Según los testimonios, el oficial fue quien disparó.

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El fiscal delegado afirmó que fueron capturados sin mostrar ninguna resistencia y que fueron golpeados por los miembros de la Policía que se encontraban en el sitio. “Llegan otros funcionarios y contrario a garantizar la seguridad, los golpean al relacionarlos con la muerte del patrullero Díaz, causaron padecimientos innecesarios” afirmó la Fiscalía durante la audiencia.

Después de ser víctimas de los golpes de los uniformados, los jóvenes capturados, continúo el fiscal, fueron subidos a la camioneta de la Policía. El fiscal afirmó que dentro del vehículo se encontraban el coronel Núñez y otro funcionario de la Policía. De acuerdo con el fiscal, “servidores todos ustedes de la Policía que en abuso de sus funciones continuaron privando de la libertad a estos tres jóvenes de manera ilegal y sin justificación alguna, que se insiste, estos jóvenes subieron con vida a dicho rodante”.

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Dentro de este vehículo fue donde habrían muerto los jóvenes capturados. De acuerdo con la narración de la Fiscalía, el coronel Núñez, a pesar de que los jóvenes se encontraban en completa indefensión, disparó contra ellos a sangre fría, lo que habría causado que, después de tomar una ruta más lenta al hospital, los jóvenes hayan llegado sin vida a este centro de salud ubicado en Sincelejo (Sucre).

Después de esto, el patrullero Jesús María Bolaños habría sido el encargado de llevar este vehículo hasta un mecánico para que cubriera los huecos causados por las balas disparadas por este uniformado, y de esta forma, ocultar la evidencia del crimen. Además de esto, varios uniformados habrían entregado un informe falso que afirmaba que los jóvenes habrían sido “neutralizados” en un enfrentamiento con las autoridades.

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Todos estos hechos se conocieron gracias a los testimonios de dos patrulleros que se encontraban dentro del vehículo de la Policía donde murieron en indefensión los jóvenes de Sucre. Los uniformados le contaron a la Inspección de Policía lo sucedido, lo que dio lugar a la investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría.

Aunque los testimonios se conocieron tres días después de los asesinatos, solo hasta ayer se capturaron a los primeros policías. Sin embargo, el coronel Núñez, quien habría disparado, se encuentra todavía por fuera del país.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Después de la legalización de la captura de diez de los once uniformados señalados por la Fiscalía de ser los responsables del asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre), el ente investigador les imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tortura, favorecimiento a terceros, falsedad en documento público y destrucción de material probatorio. Esta imputación se da después de los testimonios de dos patrulleros que contaron lo que sucedió el pasado 25 julio de 2022.

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En la tarde de ese día, Carlos Alberto Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza fueron asesinados y presentados como miembros del Clan del Golfo. Los policías imputados son: María Camila Buriticá Valencia, Jesús María Bolaño Castor, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamit Henao, Huber Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Puerta Rodríguez, Leila Ávila. Pero no a todos les imputaron los mismos delitos.

A María Camila Buriticá, Santiago Garavito y Rafael Paz la Fiscalía los investigará por homicidio agravado y privación ilegal de la libertad; a Jesús María Bolaño por homicidio agravado, ocultamiento de material probatorio y privación ilegal de la libertad; a Yamit Henao los delitos de privación ilegal de la libertad y favorecimiento a terceros; a Huber Mieles Arroyo tortura, falsedad en documento público y privación ilegal de la libertad, a Leila Ávila los delitos de tortura y privación ilegal de la liberta; y a Bernardo Pontón y Diana Puerta el delito de tortura.

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Los representantes de las víctimas pidieron que se añadiera a la imputación el delito de falsedad en documento contra Buritica por haber firmado el informe que afirmaba que los jóvenes habían muerto enfrentándose a la Policía, además pidieron que se imputara el delito de falso testimonio. Los abogados aseguraron que existen delitos que no han sido imputados y que es evidente que los uniformados incurrieron en ellos. A pesar de esto, los términos de la imputación quedaron como se habían planteado por la Fiscalía.

La Fiscalía, durante la audiencia de imputación, relató detalladamente los hechos en los que los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo murieron a bordo de un vehículo de la Policía. De acuerdo con la narración, estos jóvenes fueron capturados por varios uniformados de infancia y adolescencia de la Policía, luego de que se les informara de la muerte de un uniformado a manos de presuntos miembros del Clan del Golfo. Estos funcionarios pidieron apoyo en el sitio y allí llegaron varios uniformados, entre ellos, el coronel Benjamín Núñez, único de los sospechosos que no ha sido capturado y que se encuentra en México con circular roja de la Interpol. Según los testimonios, el oficial fue quien disparó.

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Después de ser víctimas de los golpes de los uniformados, los jóvenes capturados, continúo el fiscal, fueron subidos a la camioneta de la Policía. El fiscal afirmó que dentro del vehículo se encontraban el coronel Núñez y otro funcionario de la Policía. De acuerdo con el fiscal, “servidores todos ustedes de la Policía que en abuso de sus funciones continuaron privando de la libertad a estos tres jóvenes de manera ilegal y sin justificación alguna, que se insiste, estos jóvenes subieron con vida a dicho rodante”.

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Dentro de este vehículo fue donde habrían muerto los jóvenes capturados. De acuerdo con la narración de la Fiscalía, el coronel Núñez, a pesar de que los jóvenes se encontraban en completa indefensión, disparó contra ellos a sangre fría, lo que habría causado que, después de tomar una ruta más lenta al hospital, los jóvenes hayan llegado sin vida a este centro de salud ubicado en Sincelejo (Sucre).

Después de esto, el patrullero Jesús María Bolaños habría sido el encargado de llevar este vehículo hasta un mecánico para que cubriera los huecos causados por las balas disparadas por este uniformado, y de esta forma, ocultar la evidencia del crimen. Además de esto, varios uniformados habrían entregado un informe falso que afirmaba que los jóvenes habrían sido “neutralizados” en un enfrentamiento con las autoridades.

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Aunque los testimonios se conocieron tres días después de los asesinatos, solo hasta ayer se capturaron a los primeros policías. Sin embargo, el coronel Núñez, quien habría disparado, se encuentra todavía por fuera del país.

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