Falsos positivos en Sucre: Procuraduría pide cárcel para policías imputados

Este 26 de agosto, avanzó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra 10 de los 11 policías señalados por la muerte violenta de tres jóvenes de la vereda Chochó, de Sincelejo, hace casi un mes. La hipótesis del caso sugiere que cada uno de los servidores públicos participó en la tortura, asesinato y posterior encubrimiento del crimen, por lo cual, para la Fiscalía, merecen la cárcel. La Procuraduría intervino y exigió a la jueza del caso ordenar su privación de la libertad.

En contexto: Falsos positivos en Sucre: el “arreglito” de policías para ocultar evidencias

“Nada explica por qué hicieron esto. Es que no tiene justificación. La Policía está instituida para salvar la vida y honra de todos los seres humanos en Colombia. Ellos estudian derechos humanos. Están capacitados para proteger a las personas. Las imágenes son atroces. Como les infligieron dolor simplemente por sospecha”, señaló la procuradora asignada al caso, cuya solicitud es valorada por la jueza encargada de decidir sobre la libertad de los policías.

“Por sospecha”. La hipótesis de la Fiscalía establece que los jóvenes Jesús Díaz, Carlos Ibáñez y José Carlos Arévalo fueron asesinados sin que se hubiese hecho el mínimo esfuerzo por comprobar su participaron en la muerte del patrullero Diego Ruiz. Este último fue baleado a pocos kilómetros en Sampués (Sucre), en el marco del plan pistola del Clan del Golfo. Según la Fiscalía, los policías se valieron de esa tragedia para, presuntamente, hallar a los primeros que les resultaran sospechosos para acribillarlos y presentarlos como resultado.

Lea también: Falsos positivos en Sucre: Fiscalía pidió cárcel para policías investigados

La representante de la Procuraduría se detuvo en los exámenes médicos para describir la sevicia sufrida por las víctimas. Expuso ante la jueza que cuando los policiales encontraron a los jóvenes, en vía pública, los golpearon de tal manera que ni siquiera podían caminar. Las pruebas periciales demuestran que los tuvieron que arrastrar a la camioneta, tras lacerar sus rostros, cráneos, cuellos, abdomen y miembros superiores e inferiores.

“Sin importar quien haya sido el que accionó el arma, y que al parecer fue el coronel Benjamín Núñez, ninguno hizo nada señora juez para detener a este hombre. Si no hicieron nada cuando lo estaban torturando por el solo hecho de pensar que le había causado la muerte a su compañero en Sampués, mucho menos iban a hacer algo viendo que el coronel iba a ejecutarlos”, agregó la delegada de Procuraduría.

Antecedentes: Falsos positivos en Sucre: Ninguno de los policías aceptó cargos

La funcionaria del Ministerio Público adhirió a la tesis del caso que vincula a Núñez como el rematador. El oficial hasta hace un mes fue el comandante operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre. La Fiscalía intentará probar que disparó en el tórax y miembros superiores e inferiores contra las víctimas. Los demás, argumentan Fiscalía y Procuraduría, se aliaron para torturar a los jóvenes y encubrir el crimen tanto en informes como modificando la patrulla en la que fueron transportados los cuerpos a un hospital de Sincelejo.

“Nada explica por qué hicieron esto. Es que no tiene justificación. La Policía está instituida para salvar la vida y honra de todos los seres humanos en Colombia. Ellos estudian derechos humanos. Están capacitados para proteger a las personas. La Policía Nacional, aun cuando la persona sea captura en flagrancia, debe procurar por proteger los derechos de esa persona, jamás maltratarla”, concluyó la delegada en su intervención.

Entrevista: El testimonio de un sobreviviente a los presuntos falsos positivos de Sucre

A esta altura de las audiencias concentradas, todos los policías se declaran inocentes por los delitos de homicidio, tortura, favorecimiento, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio, imputados a distintas personas, dependiendo el caso. Aparte de Núñez, quien al parecer está prófugo en México, la justicia procesa a los patrulleros María Buriticá, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamid Henao, Huber Mieles, Bernardo Pontón, Diana Puerta y Leila Ávila. La audiencia reiniciará el próximo lunes 29 de agosto y ahí se conocerá si enfrentan el proceso desde la cárcel.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Este 26 de agosto, avanzó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra 10 de los 11 policías señalados por la muerte violenta de tres jóvenes de la vereda Chochó, de Sincelejo, hace casi un mes. La hipótesis del caso sugiere que cada uno de los servidores públicos participó en la tortura, asesinato y posterior encubrimiento del crimen, por lo cual, para la Fiscalía, merecen la cárcel. La Procuraduría intervino y exigió a la jueza del caso ordenar su privación de la libertad.

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“Nada explica por qué hicieron esto. Es que no tiene justificación. La Policía está instituida para salvar la vida y honra de todos los seres humanos en Colombia. Ellos estudian derechos humanos. Están capacitados para proteger a las personas. Las imágenes son atroces. Como les infligieron dolor simplemente por sospecha”, señaló la procuradora asignada al caso, cuya solicitud es valorada por la jueza encargada de decidir sobre la libertad de los policías.

“Por sospecha”. La hipótesis de la Fiscalía establece que los jóvenes Jesús Díaz, Carlos Ibáñez y José Carlos Arévalo fueron asesinados sin que se hubiese hecho el mínimo esfuerzo por comprobar su participaron en la muerte del patrullero Diego Ruiz. Este último fue baleado a pocos kilómetros en Sampués (Sucre), en el marco del plan pistola del Clan del Golfo. Según la Fiscalía, los policías se valieron de esa tragedia para, presuntamente, hallar a los primeros que les resultaran sospechosos para acribillarlos y presentarlos como resultado.

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La representante de la Procuraduría se detuvo en los exámenes médicos para describir la sevicia sufrida por las víctimas. Expuso ante la jueza que cuando los policiales encontraron a los jóvenes, en vía pública, los golpearon de tal manera que ni siquiera podían caminar. Las pruebas periciales demuestran que los tuvieron que arrastrar a la camioneta, tras lacerar sus rostros, cráneos, cuellos, abdomen y miembros superiores e inferiores.

“Sin importar quien haya sido el que accionó el arma, y que al parecer fue el coronel Benjamín Núñez, ninguno hizo nada señora juez para detener a este hombre. Si no hicieron nada cuando lo estaban torturando por el solo hecho de pensar que le había causado la muerte a su compañero en Sampués, mucho menos iban a hacer algo viendo que el coronel iba a ejecutarlos”, agregó la delegada de Procuraduría.

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La funcionaria del Ministerio Público adhirió a la tesis del caso que vincula a Núñez como el rematador. El oficial hasta hace un mes fue el comandante operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre. La Fiscalía intentará probar que disparó en el tórax y miembros superiores e inferiores contra las víctimas. Los demás, argumentan Fiscalía y Procuraduría, se aliaron para torturar a los jóvenes y encubrir el crimen tanto en informes como modificando la patrulla en la que fueron transportados los cuerpos a un hospital de Sincelejo.

“Nada explica por qué hicieron esto. Es que no tiene justificación. La Policía está instituida para salvar la vida y honra de todos los seres humanos en Colombia. Ellos estudian derechos humanos. Están capacitados para proteger a las personas. La Policía Nacional, aun cuando la persona sea captura en flagrancia, debe procurar por proteger los derechos de esa persona, jamás maltratarla”, concluyó la delegada en su intervención.

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A esta altura de las audiencias concentradas, todos los policías se declaran inocentes por los delitos de homicidio, tortura, favorecimiento, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio, imputados a distintas personas, dependiendo el caso. Aparte de Núñez, quien al parecer está prófugo en México, la justicia procesa a los patrulleros María Buriticá, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamid Henao, Huber Mieles, Bernardo Pontón, Diana Puerta y Leila Ávila. La audiencia reiniciará el próximo lunes 29 de agosto y ahí se conocerá si enfrentan el proceso desde la cárcel.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.