Falsos positivos: general (r) Henry Torres Escalante acepta su responsabilidad
El general (r) Henry William Torres Escalante y otros 17 militares reconocieron ante la JEP su responsabilidad en los falsos positivos cometidos en el departamento de Casanare.
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el general (r) Henry William Torres Escalante y otros 17 militares aceptaron su responsabilidad en varias ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en el departamento de Casanare. Quien fue comandante de la Brigada 16 del Ejército reconoció ante la JEP su máxima responsabilidad sobre los casos de falsos positivos sobre los que fue imputado. El general en retiro aceptó “los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas”.
En contexto: Estos son los militares imputados por la JEP por falsos positivos en Casanare
Del mismo modo, 17 uniformados también reconocieron su participación como coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata del teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería No. 44 entre diciembre de 2006 y junio de 2008, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007, el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo, el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, los mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas, los capitanes (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava, y los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.
Además, aceptaron su responsabilidad los sargentos primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, el sargento segundo activo Faiber Alberto Amaya Ruiz, el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez, el cabo primero (r) Gélver Pérez García, el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano, y el civil Miguel Fernando Ramírez.
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Los comparecientes reconocieron su responsabilidad luego de que el 14 de julio de 2022 la JEP los imputara y los llamara a reconocer su responsabilidad por su participación en 212 hechos criminales que terminaron con la vida de 296 personas. Estos hechos ocurrieron en el departamento de Casanare, en algunos municipios de Boyacá y Meta, y en Tame (Arauca). En ese momento, la JEP llamó a 22 personas que serían los máximos responsables y a otros tres individuos. Entre los responsables se encuentran miembros del Ejército, del DAS y civiles.
A pesar de recibir los reconocimientos de 18 de los comparecientes, los que aún no han aceptado o rechazado su responsabilidad sobre estos hechos por los que fueron imputados tienen hasta el 8 de noviembre de 2022 para presentar su declaración ante la JEP. Igualmente, los imputados tienen derecho a reaccionar e intentar probar su inocencia aportando argumentos o evidencia a la jurisdicción. Las víctimas acreditadas y el ministerio público tienen el mismo tiempo para referirse al auto mediante el cual se imputó a los comparecientes.
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Tras el reconocimiento o rechazo de los comparecientes imputados, la JEP llevará a cabo una audiencia pública de reconocimiento de los falsos positivos como las que ya han tenido lugar dentro de los subcasos de Norte de Santander y Costa Caribe, donde militares le dieron la cara a las víctimas y describieron el actuar de la Fuerza Pública en los hechos criminales que terminaron con la muerte de civiles presentados como bajas en combate.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el general (r) Henry William Torres Escalante y otros 17 militares aceptaron su responsabilidad en varias ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en el departamento de Casanare. Quien fue comandante de la Brigada 16 del Ejército reconoció ante la JEP su máxima responsabilidad sobre los casos de falsos positivos sobre los que fue imputado. El general en retiro aceptó “los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas”.
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Del mismo modo, 17 uniformados también reconocieron su participación como coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata del teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería No. 44 entre diciembre de 2006 y junio de 2008, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007, el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo, el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, los mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas, los capitanes (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava, y los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.
Además, aceptaron su responsabilidad los sargentos primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, el sargento segundo activo Faiber Alberto Amaya Ruiz, el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez, el cabo primero (r) Gélver Pérez García, el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano, y el civil Miguel Fernando Ramírez.
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A pesar de recibir los reconocimientos de 18 de los comparecientes, los que aún no han aceptado o rechazado su responsabilidad sobre estos hechos por los que fueron imputados tienen hasta el 8 de noviembre de 2022 para presentar su declaración ante la JEP. Igualmente, los imputados tienen derecho a reaccionar e intentar probar su inocencia aportando argumentos o evidencia a la jurisdicción. Las víctimas acreditadas y el ministerio público tienen el mismo tiempo para referirse al auto mediante el cual se imputó a los comparecientes.
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