En la mañana de este lunes, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que convocará a diligencias de declaración jurada a miembros de la fuerza pública por casos de falsos positivos. Los magistrados de esta jurisdicción dijeron que en la nueva fase, además, serán llamados a responder agentes del Estado del más alto rango, que no hayan sido integrantes de la fuerza pública, pero que puedan tener conocimiento de los crímenes.
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Según los magistrados de la JEP, esto se hará con el fin de establecer las presuntas responsabilidades de altos mandos del Ejército y del Estado durante 2005 y 2008. Los togados dijeron que podrán llamar a exministros de los Gobiernos en los que se hayan presentado los asesinatos. Incluso, señalaron que podrían llamar a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe en calidad de testigos.
Esta nueva fase, asegura la JEP, superará lo alcanzado hasta el momento en el que han sido imputados 59 máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Mientras que la nueva fase en la que investigarán la cadena de mando militar, dice la jurisdicción, se continuarán investigando los subcasos de Norte de Santander, Antioquia, Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, así como el subcaso conjunto del cementerio de Las Mercedes de Dabeiba.
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El enfoque de esta nueva fase será investigar los factores comunes a los patrones criminales que hicieron posible las ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. La decisión, dice la Sala, se tomó después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones que fueron ejecutados por organizaciones criminales ayudadas por la Fuerza Pública en distintas regiones.
Ahora la JEP tratará de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la Fuerza Pública sabían de la sistematicidad de los crímenes. Así mismo, conocer si participaron de manera directa o indirecta de la macrocriminalidad. Los magistrados señalaron también que “no se abrirán nuevos subcasos territoriales, en su lugar, a través de casos o hechos ilustrativos perpetrados por las unidades militares que operaron en los territorios que hasta ahora no han sido investigados, la Sala de Reconocimiento avanzará en la instrucción del caso”.
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Las razones de la Sala para abrir la nueva fase se cimientan en que se centraran entre 2005 y 2008, porque abarca el pico más alto de crímenes registrados. Asimismo porque se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización. Y, porque, con posterioridad al 2005, se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados.
El magistrado Óscar Parra señaló también que en estas fechas, por ejemplo, “comenzó a operar el Comando Conjunto No. 01 Caribe, cuya jurisdicción abarcó dos de las divisiones con mayor número de víctimas presentadas como bajas en combate (Primera y Séptima División) y, además, se adoptó la Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005 que desarrolló criterios para el pago de recompensas”.
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