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El general (r) Henry Torres Escalante seguirá privado de su libertad en el Cantón Norte del Ejército, en Bogotá, por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El oficial de alto rango, quien fue comandante de la Quinta División y director de la Oficina de Memoria Histórica de las Fuerzas Militares, no habría entregado información relevante en la justicia transicional, para permitir el esclarecimiento del sombrío fenómeno de los falsos positivos y, así, obtener beneficios como la sustitución de la medida de aseguramiento.
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De acuerdo con la JEP, donde Torres Escalante es compareciente desde 2018, sus versiones de poco han servido para tener datos reveladores o información que permita un avance distinto al que la jurisdicción ya realiza. “La Sala no vislumbra, hasta este momento, que el compareciente haya efectuado el aporte extraordinario de verdad que se esperaría en esta justicia transicional del comandante de una unidad mayor del Ejército Nacional (en Casanare)”, explicó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
La JEP le reclama a Torres Escalante que como comandante de la XVI Brigada en 2007, a la cual se le acusan 170 muertes ilegítimas en Casanare, no haya entregado información diferente a la que ya ha sido recolectada. Incluso, la Sala de Definiciones argumenta que el general (R) ha sostenido una posición “exculpatoria”, señalando que nada sabía de las bajas al parecer amañadas que eran reportadas como resultados operacionales. Ha dicho que nunca dio órdenes de esa naturaleza, pero, para la JEP, su aporte a la verdad del conflicto ya ha sido registrado, incluso, en la justicia ordinaria.
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“El excomandante de la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal, seguirá recluido en la Escuela de Infantería Cantón Norte del Ejército Nacional, donde cumple una medida de aseguramiento decretada en el marco del proceso en su contra por hechos ocurridos en Aguazul (Casanare) en marzo de 2007”, concluyó la JEP. ¿De qué hechos habla la jurisdicción? Los mismos por los que fue acusado, en la justicia ordinaria, el 10 de agosto de 2016 por el delito de homicidio en persona protegida.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, confirmada por el mismísimo vicefiscal Jorge Perdomo, en la era Eduardo Montealegre, el general (r) tendría responsabilidad por la ejecución a sangre fría de los ciudadanos Roque Julio Torres y Daniel Torres, padre e hijo, el 16 de marzo de 2007 en la vereda El Triunfo del municipio de Aguazul (Casanare). Según el escrito de acusación, ambos fueron reportados como integrantes del Eln muertos en combate, por el grupo Especial Delta 6 de la Brigada XVI del Ejército, comandada por Torres Escalante.
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La justicia, por su parte, ha avanzado en decir que los Torres, uno de ellos adolescente, no eran ningunos subversivos del Eln, pues en 2012 el teniente Fabián García, subalterno de Torres Escalante, fue condenado a 22 años de prisión por homicidio de persona protegida. Aceptó su responsabilidad y obtuvo sentencia anticipada por un juzgado de Yopal. Según conoció este diario, las víctimas fueron asesinadas porque habían denunciado ejecuciones extrajudiciales en la región casanareña. “Siempre se le tuvo al tanto (a Torres Escalante) de las operaciones y de los casos que se presentaban”, explicó a las autoridades el teniente Fabián García.
La captura de Torres Escalante fue, de hecho, el último resultado de Eduardo Montealegre como fiscal general de la Nación, en 2016. A las 6:00 a.m. de ese 28 de marzo, el exjefe del búnker firmó la medida de aseguramiento contra el ahora compareciente en la JEP y, horas después, el mismo acusado se presentó voluntariamente ante las autoridades. Entonces, se dijo que un fiscal delegado ante la Corte Suprema indagaba por casi 85 falsos positivos que ocurrieron en Casanare, especialmente en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
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La detención de Torres Escalante fue histórica pues se convirtió en el primer general activo en ser privado de su libertad por el escándalo de los falsos positivos. Por su parte, el acusado ha negado en la justicia ordinaria y la transicional su eventual responsabilidad por las ejecuciones, asegurando que ha cumplido con su deber. En su historial se destacan 13 medallas y otras felicitaciones. Ahora, resta revisar si, en su condición de jefe de la Oficina de Memoria Histórica de las Fuerzas, le dedicó alguna mención a las ejecuciones extrajudiciales que, según la JEP, entre 2002 y 2008 dejaron al menos 6.402 víctimas.
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