La JEP inició investigación para encontrar cuerpos de falsos positivos en Guaviare
Como respuesta a una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la JEP ordenó recavar toda la información necesaria para tener la trazabilidad de 19 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se encuentran en fosas comunes del cementero municipal de Miraflores.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a la solicitud realizada por la Procuraduría General de la Nación en marzo de este año, para adelantar todas las acciones que permitan recuperar los cuerpos de 19 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que habrían sido sepultadas en fosas comunes del cementerio de Miraflores (Guaviare).
En su solicitud, la Procuraduría argumentó que las declaraciones de 23 exintegrantes del Ejército Nacional, comparecientes del macrocaso 08 que aceptaron su culpabilidad en las ejecuciones de llamados “falsos positivos”, dan pie a que se ubiquen los cuerpos y se protejan los derechos de las víctimas directas e indirectas.
“Se considera que la situación es urgente, debido a que existe un riesgo inminente de que los cuerpos que presuntamente se encuentran en las fosas se vean alterados, modificados, destruidos o desaparecidos”, expresó en su momento el procurador delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.
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Luego de estudiar la solicitud, la JEP le ordenó a las alcaldías de Miraflores, Calamar y el Retorno (Guaviare), a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Fiscalía General de la Nación que elaboren y presenten informes detallados sobre los cuerpos no identificados (N.N.) y no reclamados que reposan en los cementerios de esos tres municipios.
A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior también le dieron un plazo de 30 días para entregar diagnósticos actualizados de los cementerios de las tres poblaciones. Por su parte, las administraciones municipales deberán encargarse de la custodia de esos sitios.
Los informes deberán detallar todas las acciones realizadas en los cementerios, que permitan determinar el riesgo de manipulación o destrucción de los cuerpos, en la misión de tratar de dar con las posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales que los comparecientes aseguraron que fueron sepultados allí.
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Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 6.072 personas desaparecieron en el marco del conflicto armado interno en los departamentos de Guaviare, Vaupés y el sur del Meta. Sin embargo, solo 1.896 casos tienen solicitud de búsqueda activa; los demás siguen sin ser investigados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a la solicitud realizada por la Procuraduría General de la Nación en marzo de este año, para adelantar todas las acciones que permitan recuperar los cuerpos de 19 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que habrían sido sepultadas en fosas comunes del cementerio de Miraflores (Guaviare).
En su solicitud, la Procuraduría argumentó que las declaraciones de 23 exintegrantes del Ejército Nacional, comparecientes del macrocaso 08 que aceptaron su culpabilidad en las ejecuciones de llamados “falsos positivos”, dan pie a que se ubiquen los cuerpos y se protejan los derechos de las víctimas directas e indirectas.
“Se considera que la situación es urgente, debido a que existe un riesgo inminente de que los cuerpos que presuntamente se encuentran en las fosas se vean alterados, modificados, destruidos o desaparecidos”, expresó en su momento el procurador delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.
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Luego de estudiar la solicitud, la JEP le ordenó a las alcaldías de Miraflores, Calamar y el Retorno (Guaviare), a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Fiscalía General de la Nación que elaboren y presenten informes detallados sobre los cuerpos no identificados (N.N.) y no reclamados que reposan en los cementerios de esos tres municipios.
A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior también le dieron un plazo de 30 días para entregar diagnósticos actualizados de los cementerios de las tres poblaciones. Por su parte, las administraciones municipales deberán encargarse de la custodia de esos sitios.
Los informes deberán detallar todas las acciones realizadas en los cementerios, que permitan determinar el riesgo de manipulación o destrucción de los cuerpos, en la misión de tratar de dar con las posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales que los comparecientes aseguraron que fueron sepultados allí.
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