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El general en retiro Mario Montoya no será, por ahora, el primer comandante del Ejército en ser imputado por el sombrío fenómeno de los “falsos positivos” en la justicia ordinaria. El Tribunal Superior de Bogotá decidió no avalar el proceso penal, por 104 ejecuciones a nivel nacional, como lo solicitó la Fiscalía de Francisco Barbosa hace unos días. El ente investigador había dado pistas de cómo, presuntamente, Montoya estimuló a sus subalternos para privilegiar las bajas en combate, en las cuales cayeron inocentes que no tenían nada que ver con la guerra.
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El Tribunal resolvió “abstenerse de realizar audiencia de formulación de imputación en el caso del general en retiro Mario Montoya Uribe, según convocatoria realizada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia por los punibles de homicidio agravado, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, en el denominado caso de ‘falsos positivos’, que actualmente es conocido por la JEP donde se ha sometido voluntariamente”.
El magistrado Fabio Bernal argumentó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene una competencia superlativa sobre los procesados por delitos relacionados con el conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016, como rezan las reglas de la misma justicia transicional. Bernal explicó que, según sus consideraciones, la investigación es un paso que la Fiscalía puede adelantar, sin embargo, ir más allá en imputaciones y acusaciones no estaría permitido.
El Tribunal agregó que en la justicia transicional casos como el de Montoya pueden ser imputados y, para el eventual infortunio de Montoya, se tomen decisiones de fondo. El magistrado Bernal finalizó con que contra su decisión solo procedía el recurso de reposición, argumentos que los representantes de víctimas presentaron en la misma audiencia. Uno de los abogados explicó que la imputación no va en contra de la competencia de la JEP, si no la complementa porque le da la posibilidad de obtener nuevas pistas y un panorama sobre la presunta responsabilidad de altos mandos de la talla de Montoya.
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Germán Romero, representante de más de 80 familias de “falsos positivos”, explicó que el magistrado del Tribunal debió haber permitido que se contemplaran la individualización de los hechos que la Fiscalía iba a imputar. “No se dijo cuando, no se dijo cómo, no se dijo donde se presentaron esas ejecuciones”, dijo Romero. El abogado, además, explicó que el llamamiento a versión voluntaria en la JEP, que Montoya ha cumplido, no puede equipararse con una audiencia de imputación en la justicia ordinaria. El magistrado resolverá la reposición mañana 31 de agosto a las 3:00 p.m.
El pasado 25 de agosto, la audiencia en el Tribunal se suspendió ante las miradas divergentes sobre si Montoya podía ser procesado en la justicia ordinaria, siendo que desde 2019 está compareciendo en la JEP. Según explicó Andrés Garzón, representante de Montoya, la esencia de la JEP -el acto Legislativo 01 de 2017- explica que esa jurisdicción administrará justicia de manera transitoria y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con ocasión o en relación con el conflicto armado, con anterioridad a 2016.
El fiscal del caso, por su parte, reconoce la autonomía de la JEP en la investigación sobre “falsos positivos”. Sin embargo, ha precisado que la misma JEP ha pedido que el ente investigador continúe indagando sobre hechos del conflicto. El fiscal se refirió a pronunciamientos de la Sección de Apelaciones y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que le han hecho llamados a la justicia ordinaria para que continúen con las pesquisas.
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La Fiscalía, de acuerdo con sentencias en firme, el ente investigador puede continuar con sus investigaciones hasta antes de entrar a juicio, fase procesal en la cual se aportan todas las pruebas que permitirían condenar a una persona. Los representantes de víctimas, por su parte, le pidieron al Tribunal que accediera a la petición de la Fiscalía. Así lo explicó Germán Romero, de DH Colombia, uno de los representantes de familiares de “falsos positivos”:
“Aquí hay una investigación real y concreta, que abarca un universo múltiple de hechos que son considerados delitos bajo el sistema de justicia ordinaria y que el deber ser es que se aplique la ley de procedimiento penal. Es imposible y podría entenderse una afectación sustancial a los derechos de las víctimas que no se haga esta imputación. Esta imputación no solo la están esperando las 104 familias anunciadas por la Fiscalía, si no todo el país. Y más de 2.400 familias que la misma Fiscalía ha identificado”, dijo Romero.
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