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Edison Lezcano Hurtado, Eliécer de Jesús Manco Úsuga, Alveiro Úsuga Uribe, Yulieth Andrea Tuberquia, Nelson Antonio Goez Manco, Wilson Jairo Manco Úsuga y Ormedis Zapata, son víctimas del conflicto armado cuyas bóvedas permanecerán a perpetuidad en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia). La JEP ordenó a la Alcaldía del municipio, así como a la Iglesia Católica, permitir que los familiares de esas víctimas de ejecuciones extrajudiciales visiten de manera ininterrumpida los restos de los seres que por años creían perdidos.
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Se trata de una solicitud del pasado 14 de octubre, elevada a la JEP por Rafael Nevardo Goez Manco, hermano de Nelson Antonio Goez Manco y familiar de Wilson Manco Úsuga y Eliécer de Jesús Manco Úsuga. Según dijo en su denuncia, los administradores del cementerio Las Mercedes le explicaron que sus seres queridos, víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, solo podían permanecer allí por cuatro años.
“Nuestra familia no cuenta con los recursos para comprar dicha bóveda y dado que hemos esperado tantos años para tener a nuestros familiares con nosotros les pedimos por favor que se hagan las gestiones necesarias para que esa bóveda nos sea asignada a perpetuidad”, explicó Goez Manco. Lo primero que afirmó la JEP, tras aceptar la petición, fue considerar que respecto al proceso de búsqueda, identificación y entrega de los cuerpos, se desprende el derecho a una inhumación -sepultura- digna.
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Según la JEP, a pesar de que el daño causado a las víctimas y a sus familiares es irreparable, existe una restauración mínima posible mediante una inhumación a perpetuidad, con la cual es posible honrar indefinidamente la memoria y dignidad de sus vidas. La JEP consideró que uno de los daños asociados a la desaparición forzada es la prolongada incertidumbre que acompaña el crimen. Por tanto, ni la entrega o las condiciones de inhumación pueden ser nuevas formas de victimización. Los familiares deben tener certeza y tranquilidad frente al lugar de descanso de las víctimas.
“La ausencia del cuerpo se extiende, y se entremezcla con otras manifestaciones, como lo son la ausencia de respuestas y en particular la ausencia de un lugar. La entrega permite recobrar parte de aquello que fue ausente; pero si el lugar de reposo es transitorio, este se proyecta como ausencia futura. Una bóveda, una tumba es un monumento; su intención es precisamente hacer de la memoria un lugar”, concluyó la JEP.
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La recuperación de esos cuerpos tiene como antecedente la petición, en 2018, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el cual solicitó preservar 16 sitios del territorio nacional donde podría encontrarse los cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Durante el desarrollo de los macrocaso 03 y 04, la JEP entrevistó a 14 militares quienes confesaron haber participado en esas ejecuciones extrajudiciales, siendo que a las víctimas se les consideraba guerrilleros.
“En la mayoría de casos, los cuerpos se encuentran en bolsas negras, amarrados. Eso no corresponde a un enterramiento legal. No hay ataúdes, no hay puntillas. Por unas primeras aproximaciones de campo, porque finalmente Medicina Legal es quien hace el estudio, los forenses determinaron que los cráneos presentaban orificios en la cabeza, unos estaban fragmentados, otros no; algunos tienen prendas militares o rastros de estas”, señaló el presidente de la JEP Alejandro Ramelli en 2020.
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