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Por orden de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la hoy candidata al Congreso Piedad Córdoba deberá repetir su declaración ante esta justicia especial pues, cuando lo hizo por primera vez en marzo del año pasado, la familia de Álvaro Gómez Hurtado no pudo acceder a la audiencia, negándoles así sus derechos como víctimas. La decisión se tomó luego de revisar una tutela de los familiares del asesinado líder político, quienes explicaron que los funcionarios de la JEP no los dejaron entrar a la diligencia.
(En contexto: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”: Carlos Antonio Lozada.)
La importancia del testimonio de Córdoba radica, según el expediente, en que tendría información de quiénes fueron los autores del homicidio de Gómez Hurtado, ocurrido en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda. Así se lo dijo a la JEP el senador Julián Gallo, más conocido por su alias en la guerra, Carlos Lozada, excomandante de las Farc. En diciembre de 2020, el hoy congresista le dijo a la JEP que la guerrilla había ordenado la muerte del líder conservador.
“En el marco de un procedimiento calificado en términos de “dialógico”, resulta contradictorio que los familiares de la víctima no hayan podido intervenir ni formular directamente preguntas a la testigo, quien según lo afirmado por un compareciente ante la JEP cuenta información acerca de los responsables de la comisión de un crimen”, explicó la jurisdicción especial en un comunicado de prensa.
La decisión estuvo reñida en la Sala de Reconocimiento. Al final, el magistrado Alejandro Ramelli impuso su teoría de que, en este caso, debían primar los derechos de las víctimas ante la JEP. Su postura la apoyaron los jurista Raúl Eduardo Sánchez y Gustavo Salazar, mientras que en contra estuvieron María del Pilar Valencia y Reinere Jaramillo. La Sección de revisión le dio 48 horas a la Sala para que vuelva a convocar la cita con Córdoba.
Para marzo de 2021, la ahora candidata al Senado declaró ante la JEP, que siete meses antes, el 20 de agosto de 2020, recibió en su vivienda en Medellín a una pareja que quería comentarle un asunto de suma importancia. La mujer escuchó de ellos un episodio del que supuestamente fueron testigos y relacionaba a la guerrilla de las Farc, hoy desmovilizada, con el asesinato del líder conservador, quien fue asesinado mientras salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
(En contexto: Ordenan capturar a “Iván Márquez” por su presunta participación en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado)
La declaración se rindió ante el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de esa justicia especial la citara el pasado 9 de febrero. El hombre que visitó a Córdoba, cuya identidad ella protegió, dejando claro que no sabe si eran sus nombres verdaderos, le contó que un antiguo infiltrado en las Farc le había comentado sobre un episodio ocurrido en el campamento “La escalera” en el Yarí (Meta), el 2 de noviembre de 1995.
Supuestamente, tras conocerse el homicidio de Gómez, el jefe guerrillero alias el Mono Jojoy, felicitó a Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, por el hecho. Y luego procedieron a informarle al máximo jefe de esa guerrilla Manuel Marulanda. Córdoba narró a la JEP cómo el sicario le dijo que Carlos Antonio Lozada supuestamente lo quiere muerto por este hecho.
Además, la exsenadora dijo que esta persona se salvó de la masacre de Mondoñedo, perpetrada el 7 de septiembre de 1996, en la que fueron secuestrados, torturados y asesinados seis estudiantes de la Universidad Distrital que fueron señalados de hacer parte de la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc, la estructura que lideraba Carlos Antonio Lozada.