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“Por seguir denunciando, me van a matar a mí y mi familia”. Esta es una de las frases que escribió en una carta el político Carlos Bula Camacho, padre de Camilo Bula, exfiscal y exdepositario de bienes de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). El mensaje se le hizo llegar al fiscal encargado, Fabio Espitia, en el que agregó que las amenazas se deben a que se hijo sigue colaborando en el proceso judicial por defraudación en la ya desaparecida entidad.
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Uno de los mensajes intimidatorios lo recibió el pasado 16 de junio. En un mensaje de celular le advirtieron que por las denuncias que sigue haciendo su hijo, quien se encuentra preso en La Picota, “no solamente la iban a pagar conmigo, sino con mi hija Paula a que le ven salir todos los días de mi casa a su trabajo. Que le dijera al sapo de mi hijo que lo iban a crucificar”, explicó Bula, quien agregó que ya solicitó protección para él y su familia.
“Pido a la Fiscalía que investigue cuáles son los motivos de dichas amenazas y tome las acciones inmediatas dado que mi vida y la de mi familia corre peligro, ya no solamente la mía que funjo como abogado en ciertos procesos de colaboración de mi hijo ante la honorable Corte Suprema de Justicia, sino que ahora también involucran a mi hija Paula Bula Galiano, académica en una prestigiosa universidad de esta ciudad”, recalcó Carlos Bula en su mensaje al fiscal Espitia.
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Camilo Bula se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de prisión por su participación en el escándalo del manejo irregular de bienes en la DNE. El exfiscal antimafia llegó a la entidad como depositario en 2007 y, desde ese cargo, dice el fallo en su contra, les vendió a terceros cuatro bienes incautados a la familia Nasser Arana. A ese clan, procesado por narcotráfico, las autoridades le incautaron 270 propiedades en total: el tesoro más grande que haya manejado Estupefacientes.
Los cuatro bienes que manejó Bula se vendieron por un valor irreal y el Estado perdió $31.550 millones. En 2011, la corrupción en la DNE se hizo evidente, Bula fue capturado y entonces empezó a negociar con la justicia. Fue así como Bula, cuyas delaciones involucran a más de 30 personas y han conllevado a varias imputaciones de cargos, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía por el caso DNE. Sus declaraciones iban por buen camino hasta que, en julio de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena de 8 a 18 años y toda su colaboración se detuvo.
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En ese momento, Bula le explicó a El Espectador que estaba preocupado por la determinación del Tribunal y que, con todo lo que ya había colaborado, no era posible que su pena aumentara. “Me dejaron abandonado. Si hubiese aceptado todos los delitos me hubieran condenado a 20 años, sin arriesgar todo lo que he arriesgado. Estoy amenazado de muerte y mi familia también, y la Fiscalía ni siquiera les ha dado protección. Hoy los hago responsables de cualquier cosa que les pase”.
Cuatro años después de esa declaración, ahora es su padre, Carlos Bula, el que prendió las alarmas. El próximo lunes 8 de julio, a la Fiscalía irá la familia Bula para ampliar su denuncia.