Familia de Yolanda Paternina, fiscal asesinada por las Auc, busca verdad en la JEP

El pasado 29 de agosto se cumplieron 20 años del asesinato de la fiscal especializada Yolanda Paternina, quien para esa época investigaba los hechos que rodearon las masacres de Macayepo (octubre de 2000), de Chengue (febrero de 2021) y de Ovejas (enero de 2021). Todas perpetradas por los paramilitares en los departamentos de Sucre y Bolívar. Dos décadas después, sus hijos siguen insistiendo ante las autoridades para que todas las personas que ordenaron, planearon y ejecutaron el asesinato respondan en los estrados judiciales, como ya han sido condenados los exjefes paramilitares alias Cadena y Diego Vecino, y alias el Gato, un subalterno de Cadena en el autodenominado bloque Héroes de los Montes de María de las Auc.

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El Espectador conoció el documento con el que Ketty Martínez Paternina, hija de la fiscal, le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ser reconocida como víctima ante esta justicia especial y pueda intervenir en las audiencias que se adelantan en contra el exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien ha sido señalado como una de las personas que ordenaron el asesinato de Paternina. La hija de Paternina y su abogado señalan en el documento que el pasado 1° de diciembre de 2020 el exparamilitar alias Pitirri declaró en una entrevista que Salvador Arana (condenado por el asesinato del excalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz) y el exsenador Álvaro García Romero (condenado por ordenar la masacre de Macayepo) fueron los determinadores del crimen.

Pitirri era un antiguo miembro del bloque Norte de las Auc que conoció de cerca a Joaquín García, uno de los principales financiadores de los paramilitares en Sucre. Este hombre terminó procesado por la masacre de Macayepo luego de que la revista Semana publicara en 2006 una conversación de él con el exsenador Romero hablando sobre lo que sería la planeación de la masacre de Macayepo. La Corte Suprema, por ejemplo, le ha dado plena credibilidad a las declaraciones de Pitirri en procesos en los que terminaron condenados Mario Uribe, Salvador Arana, Éric Morris y Álvaro García Romero. Además, sus versiones han obligado a la Fiscalía a revisar decisiones sobre casos como los de la masacre Pichilín-Colosó (1996), El Salado (2000), Macayepo y el Chengue.

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“La función que cumplían las personas relacionadas anteriormente (entre ellos alias Pitirri) era cuidar las espaldas, la reputación política e imponer a la fuerza la voluntad de grandes políticos de la región que se robaban la plata del Estado, precisamente para patrocinar, esos, grupos paramilitares. Alias “Pitirri” afirma tener en su poder pruebas como cheques y copias de contratos en los que aparece dicha relación. Las pruebas las entregó a la Fiscalía, pero no se tuvieron en cuenta dichas pruebas en el caso de la fiscal Paternina y, a su juicio, fueron manipuladas”, dice el documento presentado por Ketty Martínez Paternina. Además, dice que el testimonio de Pitirri no fue tenido en cuenta por la Fiscalía de Luis Camilo Osorio.

La solicitud de la hija de la fiscal Paternina a la JEP señala que Pitirri conoce internamente la estructura de los paramilitares en ese momento, porque “él era el mensajero de la parte financiera y militar de dicho bloque de los paramilitares (tanto paramilitares en campo como parapolíticos). Él conocía a alias Cadena y a los hermanos Giovanni Pedraza Peña, alias Jaime, y a Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana”. Este último, miembro de una poderosa familia sucreña, retornó a Colombia en octubre de 2020 cuando volvió de Estados Unidos después de pagar nueve años de prisión por narcotráfico. Actualmente se encuentra preso en La Picota a la espera de que las autoridades determinen si lo procesan o no por el asesinato de la fiscal Paternina.

Uno de los problemas que tiene la Fiscalía sobre la participación de Ramón Mojana en el caso Paternina es que alias el Gato, jefe militar de los paramilitares de Mojana en Sucre, ha dado versiones encontradas sobre este hecho. El mismo Gato también ha dado información confusa sobre quién fue el miembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia) que participó como coautor del asesinato de la fiscal. La única persona que fue vinculada a este proceso, que hizo parte de ese organismo, fue José Fernando Barrios, exconcejal y exagente del DAS, vinculado por las declaraciones del propio Gato en las que detalla que era él quien conducía la moto el día de los hechos.

La última decisión judicial importante sobre el caso Paternina se dio en octubre pasado, cuando un fiscal determinó precluir la investigación contra el exfiscal Armando Castillo Sterental, quien estuvo vinculado durante una década al expediente. El exfuncionario judicial, que fue condenado en 2015 a nueve años de prisión por pedir un millonario soborno a un investigado, salió del expediente tras las declaraciones del “Gato”, quien declaró que Castillo no participó en el asesinato de Paternina.

Arana, en la JEP

El condenado exgobernador de Sucre fue aceptado en la JEP en febrero de 2020 y, al mismo tiempo, además de negarle la solicitud de libertad condicionada, le pidió hacer un aporte claro y nuevo a la verdad. Luego, en enero de 2021, Arana entregó una matriz de colaboración, en la que hizo una mención superficial de lo que iba a contar. Un mes después, la JEP consideró sacarlo de esa justicia si no aclaraba sobre qué temas en concreto iba a hablar. En julio pasado, Arana presentó un nuevo plan de verdad y reparación en el que se comprometió a hablar de las relaciones que tuvieron políticos, ganaderos y miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares y su infiltración en el manejo de los dineros públicos de la Gobernación. Sin embargo, el exgobernador no dijo nada sobre el caso de la fiscal Paternina.

Luego de publicada esta nota Arana le dijo a El Espectador que: “En todo lo que conozco y he participado, me he comprometido con la expectativa histórica y judicial de la verdad. La JEP ha pedido que, por la integridad de esta, se mantenga en reserva por el momento, honro entonces esta instrucción y reitero que es genuina mi entrega a las víctimas, centrales, en la justicia para la paz”.

El pasado 29 de agosto se cumplieron 20 años del asesinato de la fiscal especializada Yolanda Paternina, quien para esa época investigaba los hechos que rodearon las masacres de Macayepo (octubre de 2000), de Chengue (febrero de 2021) y de Ovejas (enero de 2021). Todas perpetradas por los paramilitares en los departamentos de Sucre y Bolívar. Dos décadas después, sus hijos siguen insistiendo ante las autoridades para que todas las personas que ordenaron, planearon y ejecutaron el asesinato respondan en los estrados judiciales, como ya han sido condenados los exjefes paramilitares alias Cadena y Diego Vecino, y alias el Gato, un subalterno de Cadena en el autodenominado bloque Héroes de los Montes de María de las Auc.

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El Espectador conoció el documento con el que Ketty Martínez Paternina, hija de la fiscal, le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ser reconocida como víctima ante esta justicia especial y pueda intervenir en las audiencias que se adelantan en contra el exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien ha sido señalado como una de las personas que ordenaron el asesinato de Paternina. La hija de Paternina y su abogado señalan en el documento que el pasado 1° de diciembre de 2020 el exparamilitar alias Pitirri declaró en una entrevista que Salvador Arana (condenado por el asesinato del excalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz) y el exsenador Álvaro García Romero (condenado por ordenar la masacre de Macayepo) fueron los determinadores del crimen.

Pitirri era un antiguo miembro del bloque Norte de las Auc que conoció de cerca a Joaquín García, uno de los principales financiadores de los paramilitares en Sucre. Este hombre terminó procesado por la masacre de Macayepo luego de que la revista Semana publicara en 2006 una conversación de él con el exsenador Romero hablando sobre lo que sería la planeación de la masacre de Macayepo. La Corte Suprema, por ejemplo, le ha dado plena credibilidad a las declaraciones de Pitirri en procesos en los que terminaron condenados Mario Uribe, Salvador Arana, Éric Morris y Álvaro García Romero. Además, sus versiones han obligado a la Fiscalía a revisar decisiones sobre casos como los de la masacre Pichilín-Colosó (1996), El Salado (2000), Macayepo y el Chengue.

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“La función que cumplían las personas relacionadas anteriormente (entre ellos alias Pitirri) era cuidar las espaldas, la reputación política e imponer a la fuerza la voluntad de grandes políticos de la región que se robaban la plata del Estado, precisamente para patrocinar, esos, grupos paramilitares. Alias “Pitirri” afirma tener en su poder pruebas como cheques y copias de contratos en los que aparece dicha relación. Las pruebas las entregó a la Fiscalía, pero no se tuvieron en cuenta dichas pruebas en el caso de la fiscal Paternina y, a su juicio, fueron manipuladas”, dice el documento presentado por Ketty Martínez Paternina. Además, dice que el testimonio de Pitirri no fue tenido en cuenta por la Fiscalía de Luis Camilo Osorio.

La solicitud de la hija de la fiscal Paternina a la JEP señala que Pitirri conoce internamente la estructura de los paramilitares en ese momento, porque “él era el mensajero de la parte financiera y militar de dicho bloque de los paramilitares (tanto paramilitares en campo como parapolíticos). Él conocía a alias Cadena y a los hermanos Giovanni Pedraza Peña, alias Jaime, y a Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana”. Este último, miembro de una poderosa familia sucreña, retornó a Colombia en octubre de 2020 cuando volvió de Estados Unidos después de pagar nueve años de prisión por narcotráfico. Actualmente se encuentra preso en La Picota a la espera de que las autoridades determinen si lo procesan o no por el asesinato de la fiscal Paternina.

Uno de los problemas que tiene la Fiscalía sobre la participación de Ramón Mojana en el caso Paternina es que alias el Gato, jefe militar de los paramilitares de Mojana en Sucre, ha dado versiones encontradas sobre este hecho. El mismo Gato también ha dado información confusa sobre quién fue el miembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia) que participó como coautor del asesinato de la fiscal. La única persona que fue vinculada a este proceso, que hizo parte de ese organismo, fue José Fernando Barrios, exconcejal y exagente del DAS, vinculado por las declaraciones del propio Gato en las que detalla que era él quien conducía la moto el día de los hechos.

La última decisión judicial importante sobre el caso Paternina se dio en octubre pasado, cuando un fiscal determinó precluir la investigación contra el exfiscal Armando Castillo Sterental, quien estuvo vinculado durante una década al expediente. El exfuncionario judicial, que fue condenado en 2015 a nueve años de prisión por pedir un millonario soborno a un investigado, salió del expediente tras las declaraciones del “Gato”, quien declaró que Castillo no participó en el asesinato de Paternina.

Arana, en la JEP

El condenado exgobernador de Sucre fue aceptado en la JEP en febrero de 2020 y, al mismo tiempo, además de negarle la solicitud de libertad condicionada, le pidió hacer un aporte claro y nuevo a la verdad. Luego, en enero de 2021, Arana entregó una matriz de colaboración, en la que hizo una mención superficial de lo que iba a contar. Un mes después, la JEP consideró sacarlo de esa justicia si no aclaraba sobre qué temas en concreto iba a hablar. En julio pasado, Arana presentó un nuevo plan de verdad y reparación en el que se comprometió a hablar de las relaciones que tuvieron políticos, ganaderos y miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares y su infiltración en el manejo de los dineros públicos de la Gobernación. Sin embargo, el exgobernador no dijo nada sobre el caso de la fiscal Paternina.

Luego de publicada esta nota Arana le dijo a El Espectador que: “En todo lo que conozco y he participado, me he comprometido con la expectativa histórica y judicial de la verdad. La JEP ha pedido que, por la integridad de esta, se mantenga en reserva por el momento, honro entonces esta instrucción y reitero que es genuina mi entrega a las víctimas, centrales, en la justicia para la paz”.