Familias guardabosque contra los cultivos ilícitos

Tras el trabajo conjunto que ha realizado el Estado y distintas ONG para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia, la Unidad de Consolidación Territorial (UCT) dio a conocer un informe sobre los avances que ha tenido su Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) en el país. El dato más relevante es que este último mes Huila y Santander fueron los departamentos con el mayor progreso, al punto que dentro de poco tiempo estarían libres de la siembra de droga. Uno de los pilares de esta política, y que ha contribuido a que ésta tenga éxito, es el programa de capacitación de familias guardabosques, que recientemente graduó a 3.382 familias en Huila.

Flaminio Muñoz, de 33 años y uno de los nuevos guardabosques, aseguró que el programa le brindó una nueva oportunidad de trabajar el campo de manera legal. Según su testimonio, se dedicó durante siete años a cultivar amapola en el sur de Huila. “Había mucha gente que la compraba. Se vendía como cualquier producto, pero siempre existía la presión de las autoridades y todo tenía que ser oculto. Al principio, uno se mete en eso por la plata y porque siempre hay personajes armados que te terminan obligando”, relató Muñoz.

Jorge Tapamina Anacona, otro beneficiados del PCI, contó cómo era el ‘dolor de cabeza’ que representaba tener cultivos ilícitos. El nuevo guardabosques de 47 años manifestó que durante los dos últimos años se dedicó a cultivar amapola y que el negocio generaba buenos ingresos económicos, sin embargo, que la presión de los grupos armados era muy fuerte, al punto, que les quitaban sus ganancias a través de ‘vacunas’. “Teníamos que darle una parte de las ganancias a la guerrilla. Además, comenzaban a decirnos que teníamos que pagarles una vacuna por el narcotráfico. Ese negocio generaba mucha plata, pero así como llegaba, nos la quitaban”, le dijo a El Espectador Tapamina Anacona.

Ambos campesinos dicen que hoy son personas que viven más tranquilas con sus nuevas vidas. “La paz que se vive no tiene precio. Ahora vendo granadilla, mora, café, frijol, habichuela, alverja, tomate de árbol (…) Se los entregamos a grupos asociativos, que son los que nos compran la cosecha. Vender productos legales es mucho más fácil”, puntualizó Flaminio Muñoz.

Los avances

En el caso de Santander, que ha padecido el problema de los cultivos ilícitos durante 12 años, el Gobierno espera erradicarlos todos a finales de este año. De acuerdo con la oficina de Consolidación Territorial, aunque los siembras ilegales en esta región sólo representan el 1% de los que existen en el país, la tarea de los últimos dos años ha sido ardua. Según sus datos, se ha logrado una disminución del 81%, al pasar de “tener 595 hectáreas de coca detectadas en el 2011 a 111 hectáreas en 2012”.

En lo corrido de 2013, se han preinscrito 7.020 familias a los proyectos de sustitución de cultivos. El departamento con el mayor número familias participantes es Antioquia, especialmente en el municipio de San Luis. Durante la primera etapa erradicación de este año, el Gobierno presupuestó $67.634 billones para que 32.639 familias de 12 departamentos eliminaran sus cultivos ilícitos. Hasta el momento se han desembolsado $9.318 billones, recursos que se han invertido principalmente en municipios de Nariño y Cauca.

La oficina de Consolidación Territorial agregó que hasta el pasado 23 de septiembre, el Gobierno completó tres fases de erradicación en el país. Es estas se acabaron con 6.747 hectáreas de cultivos ilícitos: 6.422 de coca, 315 de amapola y 10 de marihuana en Colombia. El director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), Javier Flórez, habló de este proceso:

¿Cuáles son las modalidades de erradicación que se aplican en Colombia?

En el país existen cuatro modalidades de erradicación: por aspersión aérea, que es responsabilidad de la Policía Antinarcóticos; la erradicación forzada, que la realizan grupos móviles de campesinos empleados por el Estado; la de soldado a soldado, que adelantan directamente personal de las fuerzas armadas, y, finalmente, la sustitución de cultivos, que es cuando hay procesos concertados con las comunidades.

Oficialmente, ¿cuándo iniciaron los procesos contra los cultivos de droga?

La lucha contra los cultivos ilícitos empezó en 1997 con el Plante (Plan Nacional de Desarrollo Alternativo) durante el gobierno de Ernesto Samper. Luego, en 2002, inició un programa que se denominó “Campos para la Paz”, financiado a través del Plan Colombia, durante el gobierno Pastrana. Finalmente, en 2005 se creó el Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI), que sigue vigente y hoy es responsabilidad de la Unidad de Consolidación. Con éste último se implementó la erradicación manual, ya que la modalidad de aspersión aérea era conflictiva con las comunidades.

¿En qué zonas del país se ha implementado la erradicación manual y que tanto éxito ha tenido esta modalidad?

Con el PCI hemos tenido éxito en Cauca, Huila, Tolima y parte de Putumayo, Nariño, Santander, Boyacá, Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Todos estos proceso sirvieron para que los campesinos hicieran tránsito de economías ilícitas a economías legales, sustentadas en el cultivo de café, cacao, caucho y otros productos. El 54% de los cultivos de cacao y aproximadamente el 25% de los cultivos de caucho, que hoy existen en el país, han sido apoyados por Programa de Desarrollo Alternativo.

Y frente de la crisis que actualmente atraviesa el campo, ¿cómo están respaldando a los campesinos que sustituyen cultivos ilícitos?

El Estado presta acompañamiento a las familias en los procesos y les garantiza la comercialización de los productos. Sin embargo, el apoyo del Gobierno a estas familias no es para siempre, ya que a medida que van avanzando en su proyectos de forma exitosa, se les van retirando las ayudas. La Nación no puede estar permanentemente con ellos. Pero los seguimos acompañando desde las estrategias de comercialización. Invertimos dinero a través de nuestro socio estratégico (Naciones Unidas), para que la comercialización de los productos siga vigente.

¿Cuál es el promedio de familias atendidas por el Estado con este programa?

El año pasado se atendieron 33.000 familias asociadas a los cultivos ilícitos, programa en el que el Estado invirtió $90.000 millones. Un gran avance, ya que el promedio en años anteriores fue entre 6.000 y 10.000 familias.
 

Tras el trabajo conjunto que ha realizado el Estado y distintas ONG para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia, la Unidad de Consolidación Territorial (UCT) dio a conocer un informe sobre los avances que ha tenido su Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) en el país. El dato más relevante es que este último mes Huila y Santander fueron los departamentos con el mayor progreso, al punto que dentro de poco tiempo estarían libres de la siembra de droga. Uno de los pilares de esta política, y que ha contribuido a que ésta tenga éxito, es el programa de capacitación de familias guardabosques, que recientemente graduó a 3.382 familias en Huila.

Flaminio Muñoz, de 33 años y uno de los nuevos guardabosques, aseguró que el programa le brindó una nueva oportunidad de trabajar el campo de manera legal. Según su testimonio, se dedicó durante siete años a cultivar amapola en el sur de Huila. “Había mucha gente que la compraba. Se vendía como cualquier producto, pero siempre existía la presión de las autoridades y todo tenía que ser oculto. Al principio, uno se mete en eso por la plata y porque siempre hay personajes armados que te terminan obligando”, relató Muñoz.

Jorge Tapamina Anacona, otro beneficiados del PCI, contó cómo era el ‘dolor de cabeza’ que representaba tener cultivos ilícitos. El nuevo guardabosques de 47 años manifestó que durante los dos últimos años se dedicó a cultivar amapola y que el negocio generaba buenos ingresos económicos, sin embargo, que la presión de los grupos armados era muy fuerte, al punto, que les quitaban sus ganancias a través de ‘vacunas’. “Teníamos que darle una parte de las ganancias a la guerrilla. Además, comenzaban a decirnos que teníamos que pagarles una vacuna por el narcotráfico. Ese negocio generaba mucha plata, pero así como llegaba, nos la quitaban”, le dijo a El Espectador Tapamina Anacona.

Ambos campesinos dicen que hoy son personas que viven más tranquilas con sus nuevas vidas. “La paz que se vive no tiene precio. Ahora vendo granadilla, mora, café, frijol, habichuela, alverja, tomate de árbol (…) Se los entregamos a grupos asociativos, que son los que nos compran la cosecha. Vender productos legales es mucho más fácil”, puntualizó Flaminio Muñoz.

Los avances

En el caso de Santander, que ha padecido el problema de los cultivos ilícitos durante 12 años, el Gobierno espera erradicarlos todos a finales de este año. De acuerdo con la oficina de Consolidación Territorial, aunque los siembras ilegales en esta región sólo representan el 1% de los que existen en el país, la tarea de los últimos dos años ha sido ardua. Según sus datos, se ha logrado una disminución del 81%, al pasar de “tener 595 hectáreas de coca detectadas en el 2011 a 111 hectáreas en 2012”.

En lo corrido de 2013, se han preinscrito 7.020 familias a los proyectos de sustitución de cultivos. El departamento con el mayor número familias participantes es Antioquia, especialmente en el municipio de San Luis. Durante la primera etapa erradicación de este año, el Gobierno presupuestó $67.634 billones para que 32.639 familias de 12 departamentos eliminaran sus cultivos ilícitos. Hasta el momento se han desembolsado $9.318 billones, recursos que se han invertido principalmente en municipios de Nariño y Cauca.

La oficina de Consolidación Territorial agregó que hasta el pasado 23 de septiembre, el Gobierno completó tres fases de erradicación en el país. Es estas se acabaron con 6.747 hectáreas de cultivos ilícitos: 6.422 de coca, 315 de amapola y 10 de marihuana en Colombia. El director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), Javier Flórez, habló de este proceso:

¿Cuáles son las modalidades de erradicación que se aplican en Colombia?

En el país existen cuatro modalidades de erradicación: por aspersión aérea, que es responsabilidad de la Policía Antinarcóticos; la erradicación forzada, que la realizan grupos móviles de campesinos empleados por el Estado; la de soldado a soldado, que adelantan directamente personal de las fuerzas armadas, y, finalmente, la sustitución de cultivos, que es cuando hay procesos concertados con las comunidades.

Oficialmente, ¿cuándo iniciaron los procesos contra los cultivos de droga?

La lucha contra los cultivos ilícitos empezó en 1997 con el Plante (Plan Nacional de Desarrollo Alternativo) durante el gobierno de Ernesto Samper. Luego, en 2002, inició un programa que se denominó “Campos para la Paz”, financiado a través del Plan Colombia, durante el gobierno Pastrana. Finalmente, en 2005 se creó el Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI), que sigue vigente y hoy es responsabilidad de la Unidad de Consolidación. Con éste último se implementó la erradicación manual, ya que la modalidad de aspersión aérea era conflictiva con las comunidades.

¿En qué zonas del país se ha implementado la erradicación manual y que tanto éxito ha tenido esta modalidad?

Con el PCI hemos tenido éxito en Cauca, Huila, Tolima y parte de Putumayo, Nariño, Santander, Boyacá, Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Todos estos proceso sirvieron para que los campesinos hicieran tránsito de economías ilícitas a economías legales, sustentadas en el cultivo de café, cacao, caucho y otros productos. El 54% de los cultivos de cacao y aproximadamente el 25% de los cultivos de caucho, que hoy existen en el país, han sido apoyados por Programa de Desarrollo Alternativo.

Y frente de la crisis que actualmente atraviesa el campo, ¿cómo están respaldando a los campesinos que sustituyen cultivos ilícitos?

El Estado presta acompañamiento a las familias en los procesos y les garantiza la comercialización de los productos. Sin embargo, el apoyo del Gobierno a estas familias no es para siempre, ya que a medida que van avanzando en su proyectos de forma exitosa, se les van retirando las ayudas. La Nación no puede estar permanentemente con ellos. Pero los seguimos acompañando desde las estrategias de comercialización. Invertimos dinero a través de nuestro socio estratégico (Naciones Unidas), para que la comercialización de los productos siga vigente.

¿Cuál es el promedio de familias atendidas por el Estado con este programa?

El año pasado se atendieron 33.000 familias asociadas a los cultivos ilícitos, programa en el que el Estado invirtió $90.000 millones. Un gran avance, ya que el promedio en años anteriores fue entre 6.000 y 10.000 familias.