Fernando Londoño no intentará revocar inhabilidad puesta por la Procuraduría

Bogotá, enero 21 de 2009

Señor Doctor

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

E. S. D.

Ref.: SANCIONES IMPUESTAS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION AL EX MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA FERNANDO LONDOÑO HOYOS, POR SUPUESTAS FALTAS COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SU CARGO.

Señor Procurador:

El doctor Edgardo Maya Villazón me condenó a un total de 27 años de inhabilidad para ejercer cualquier cargo público, además de la destitución del cargo de Ministro del Interior y de Justicia que también me impuso, por las razones que enseguida le expongo.

El primer proceso lo inició en mi contra, por petición expresa de los Senadores del Polo Democrático y del Partido Liberal, que pedían mi sanción a cambio de votar la reelección para Procurador de Maya Villazón, porque yo le habría faltado al respeto al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Pedro José Suárez Vacca.

No será impertinente recordar que a través de una acción de tutela el Juez Suárez Vacca obtuvo orden judicial para que yo me retractara de las afrentas que le hice. Cumplí lo exigido en la tutela y de esa manera desapareció cualquier condición de procedibilidad para una acción por calumnia e injuria. No obstante, Maya sostuvo la muy extraña tesis de que una cosa es la acción penal, cuya condición efectivamente había desaparecido, y otra la acción disciplinaria, que tenía la virtud de sobrevivirla.

Hechas esas aclaraciones iniciales, le preciso que me condenó Maya Villazón porque en su opinión yo no podía decirle prevaricador al Juez que le otorgaba el beneficio de la libertad anticipada a los peores narcotraficantes del mundo, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, por buen comportamiento en la cárcel.

El tiempo se ha encargado de resolver el problema. Porque los hermanos Rodríguez fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por los delitos de narcotráfico cometidos desde la cárcel de Palmira y ellos admitieron esa responsabilidad, sometiéndose a una pena de prisión que comprenderá el resto de sus días. No está de más advertir que los Rodríguez pudieron ser mantenidos en cárceles colombianas por la acción del irrespetuoso Ministro del Interior y de Justicia.

Hoy el tema lo conoce el Consejo de Estado, quien deberá decir, algún día, si ante tales ofensas a la verdad y al Derecho los Ministros debemos permanecer en silencio y los jueces deben ser homenajeados, como efectivamente lo fue Suárez Vacca por sus colegas de Tunja.

El segundo proceso disciplinario se instauró, a petición de la revista Cambio y de su director Mauricio Vargas, porque yo habría incurrido en conflicto de intereses al exigir que se cumpliera un laudo arbitral, confirmado en sentencia definitiva por el Consejo de Estado, a favor de una compañía italiana de ingenieros que había sido mi cliente, seis años antes y en proceso que no tuvo nada que ver con el Tribunal de Arbitramento en el que se produjo el laudo.

Seis años de separación de toda responsabilidad profesional le parecieron cortos al Procurador. Tampoco explicó cómo puede estar alguien inhabilitado para exigir el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado. Y lo más grave queda pendiente de decir: mi actuación no iba a favor de los italianos, sino en su contra. La omisión del Ministerio de Transporte en pagar lo que debía, estaba obligando a la Nación a cubrirle a la firma italiana intereses de mora que valían más del 44 por ciento anual en dólares de los Estados Unidos, tal como quedó acreditado mediante dictamen pericial en firme propuesto ante el Consejo de Estado, en la acción contenciosa que adelanto contra esa sanción.

De acuerdo al Código Disciplinario Único, las anteriores providencias administrativas podrían ser materia de una acción de revocatoria directa, así dispuesta con evidente falta de técnica jurídica, porque todavía sería tiempo oportuno para ello.

No obstante lo anterior y tal como he dicho varias veces en público, me atengo a lo que diga el Consejo de Estado y me abstengo de intentar la acción de revocatoria directa. Además de que esa decisión coincide con mis hondas convicciones en materia de Filosofía del Derecho, me libero de la carga de acudir con este tema ante su Despacho, para lo que sí me sentiría francamente inhabilitado. No se si la amistad y la devoción que me une a usted alcance el calificativo de íntima, pero es suficiente para que de ninguna manera permita que su gestión como Procurador, por mi culpa, sea sometida a la sospecha de los maledicientes y al escrutinio de los curiosos.

Sírvase tomar nota de mi decisión, Señor Procurador, y entender que tampoco autorizo ni permito que otro tercero cualquiera intente en mi favor un recurso, que tal como está establecido parece de naturaleza pública.

Ruego al Señor Procurador aceptar los sentimientos de mi más distinguida consideración.

FERNANDO LONDOÑO HOYOS

Bogotá, enero 21 de 2009

Señor Doctor

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

E. S. D.

Ref.: SANCIONES IMPUESTAS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION AL EX MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA FERNANDO LONDOÑO HOYOS, POR SUPUESTAS FALTAS COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SU CARGO.

Señor Procurador:

El doctor Edgardo Maya Villazón me condenó a un total de 27 años de inhabilidad para ejercer cualquier cargo público, además de la destitución del cargo de Ministro del Interior y de Justicia que también me impuso, por las razones que enseguida le expongo.

El primer proceso lo inició en mi contra, por petición expresa de los Senadores del Polo Democrático y del Partido Liberal, que pedían mi sanción a cambio de votar la reelección para Procurador de Maya Villazón, porque yo le habría faltado al respeto al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Pedro José Suárez Vacca.

No será impertinente recordar que a través de una acción de tutela el Juez Suárez Vacca obtuvo orden judicial para que yo me retractara de las afrentas que le hice. Cumplí lo exigido en la tutela y de esa manera desapareció cualquier condición de procedibilidad para una acción por calumnia e injuria. No obstante, Maya sostuvo la muy extraña tesis de que una cosa es la acción penal, cuya condición efectivamente había desaparecido, y otra la acción disciplinaria, que tenía la virtud de sobrevivirla.

Hechas esas aclaraciones iniciales, le preciso que me condenó Maya Villazón porque en su opinión yo no podía decirle prevaricador al Juez que le otorgaba el beneficio de la libertad anticipada a los peores narcotraficantes del mundo, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, por buen comportamiento en la cárcel.

El tiempo se ha encargado de resolver el problema. Porque los hermanos Rodríguez fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por los delitos de narcotráfico cometidos desde la cárcel de Palmira y ellos admitieron esa responsabilidad, sometiéndose a una pena de prisión que comprenderá el resto de sus días. No está de más advertir que los Rodríguez pudieron ser mantenidos en cárceles colombianas por la acción del irrespetuoso Ministro del Interior y de Justicia.

Hoy el tema lo conoce el Consejo de Estado, quien deberá decir, algún día, si ante tales ofensas a la verdad y al Derecho los Ministros debemos permanecer en silencio y los jueces deben ser homenajeados, como efectivamente lo fue Suárez Vacca por sus colegas de Tunja.

El segundo proceso disciplinario se instauró, a petición de la revista Cambio y de su director Mauricio Vargas, porque yo habría incurrido en conflicto de intereses al exigir que se cumpliera un laudo arbitral, confirmado en sentencia definitiva por el Consejo de Estado, a favor de una compañía italiana de ingenieros que había sido mi cliente, seis años antes y en proceso que no tuvo nada que ver con el Tribunal de Arbitramento en el que se produjo el laudo.

Seis años de separación de toda responsabilidad profesional le parecieron cortos al Procurador. Tampoco explicó cómo puede estar alguien inhabilitado para exigir el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado. Y lo más grave queda pendiente de decir: mi actuación no iba a favor de los italianos, sino en su contra. La omisión del Ministerio de Transporte en pagar lo que debía, estaba obligando a la Nación a cubrirle a la firma italiana intereses de mora que valían más del 44 por ciento anual en dólares de los Estados Unidos, tal como quedó acreditado mediante dictamen pericial en firme propuesto ante el Consejo de Estado, en la acción contenciosa que adelanto contra esa sanción.

De acuerdo al Código Disciplinario Único, las anteriores providencias administrativas podrían ser materia de una acción de revocatoria directa, así dispuesta con evidente falta de técnica jurídica, porque todavía sería tiempo oportuno para ello.

No obstante lo anterior y tal como he dicho varias veces en público, me atengo a lo que diga el Consejo de Estado y me abstengo de intentar la acción de revocatoria directa. Además de que esa decisión coincide con mis hondas convicciones en materia de Filosofía del Derecho, me libero de la carga de acudir con este tema ante su Despacho, para lo que sí me sentiría francamente inhabilitado. No se si la amistad y la devoción que me une a usted alcance el calificativo de íntima, pero es suficiente para que de ninguna manera permita que su gestión como Procurador, por mi culpa, sea sometida a la sospecha de los maledicientes y al escrutinio de los curiosos.

Sírvase tomar nota de mi decisión, Señor Procurador, y entender que tampoco autorizo ni permito que otro tercero cualquiera intente en mi favor un recurso, que tal como está establecido parece de naturaleza pública.

Ruego al Señor Procurador aceptar los sentimientos de mi más distinguida consideración.

FERNANDO LONDOÑO HOYOS