Fernando Sanclemente, el exembajador, será imputado por caso de narcofinca

El exembajador Fernando Sanclemente será imputado. El próximo 10 de diciembre, la Fiscalía lo vinculará a un proceso penal por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. El llamado se da casi dos años después de que las autoridades, en una operación conjunta con agencias estadounidenses hallaran un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una finca propiedad de su familia en zona rural de Guasca (Cundinamarca).

Lea también: Capturan red de narcotráfico que operó en la finca de exembajador Sanclemente

En febrero de este año, los mayordomos de la finca Haras de San Fernando, donde fue encontrado el laboratorio para el procesamiento de coca, decidieron colaborar con la justicia y dicen que el exembajador sí conocía lo que pasaba en el lugar. En febrero de 2020, las autoridades descubrieron el improvisado laboratorio y más de 9.000 gramos de coca y pasta de coca.

Laureano Martínez y Gustavo Bejarano, mayordomos de la finca, hicieron un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en donde se sostiene que, a pesar de lo que dice Sanclemente, él sabía de la red de narcotráfico que operaba en su propiedad. En ese momento, el abogado de los trabajadores de la finca, Víctor Eduardo Muñoz, aseguró que la ayuda de sus prohijados, “dará como resultado la entrega no solo de los elementos probatorios materiales del laboratorio de la narcofinca, sino que también testificarán en contra del señor exembajador de Colombia ante Uruguay”.

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Durante la investigación, Martínez y Bejarano han asegurado ser víctimas de amenazas de muerte relacionadas a su colaboración con la justicia por el caso de la narcofinca. Igualmente, el defensor de los dos hombres ha afirmado que la Fiscalía ha incumplido con el acuerdo que pactaron sus defendidos y que, a pesar de ya haber entregado, según él, todas las pruebas que inculpan a Sanclemente, las autoridades no han mostrado el interés debido en el caso.

En mayo de este año los dos trabajadores de la finca denunciaron que fueron puestos en riesgo al ser trasladados, sin previo aviso, de las celdas del extinto DAS, donde permanecían recluidos, al patio 1 de la cárcel Modelo de Bogotá. Allí, según el abogado, los hombres no cuentan con ningún tipo de seguridad y se pone en riesgo la integridad de ellos, piezas clave en la investigación.

Lea aquí: Mayordomos de la finca de exembajador Sanclemente declararán en su contra

Por otra parte, el 1 de noviembre de este 2021 fueron capturadas 12 personas que son señaladas de conformar la red de narcotráfico que operaba en la finca del exembajador. En esa ocasión, las autoridades manifestaron que estas personas están relacionadas con una red de desvío de sustancias químicas que serían utilizadas para el procesamiento de cocaína en laboratorios clandestinos en Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y otros departamentos.

En esa ocasión, se capturó a Luis Eduardo Ramírez a quien las autoridades señalaron de ser el líder de la red criminal y el enlace entre empresas legalmente constituidas y las estructuras al servicio del narcotráfico. Según las pruebas del ente investigador, Ramírez era el principal proveedor de sustancias para el improvisado laboratorio encontrado en la finca Haras de San Fernando, propiedad de la familia del exembajador.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, uno de los eslabones de la cadena criminal de Ramírez era la elaboración de químicos que luego eran distribuidos a distintas zonas del país. Los insumos químicos que procesaban, según las investigaciones, eran enviados vía terrestre en vehículos con carga ilícita a municipios de Cundinamarca, Boyacá, Magdalena Medio y Caquetá, donde era comercializada a otras estructuras narcotraficantes.

Por su parte, en los vaivenes de la investigación, el exembajador Sanclemente se ha declarado una víctima y se escudaba en que la Fiscalía no le había imputado cargos. Asimismo, el exembajador ha sostenido que desde un inicio ayudo con las autoridades para aclarar lo sucedido en su finca, alegando además que ni su familia ni sus empleados advirtieron que en ese inmueble funcionaba un laboratorio de cocaína, algo que los mayordomos han negado tajantemente y sostienen que él conocía lo que allí pasaba.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El exembajador Fernando Sanclemente será imputado. El próximo 10 de diciembre, la Fiscalía lo vinculará a un proceso penal por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. El llamado se da casi dos años después de que las autoridades, en una operación conjunta con agencias estadounidenses hallaran un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una finca propiedad de su familia en zona rural de Guasca (Cundinamarca).

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En febrero de este año, los mayordomos de la finca Haras de San Fernando, donde fue encontrado el laboratorio para el procesamiento de coca, decidieron colaborar con la justicia y dicen que el exembajador sí conocía lo que pasaba en el lugar. En febrero de 2020, las autoridades descubrieron el improvisado laboratorio y más de 9.000 gramos de coca y pasta de coca.

Laureano Martínez y Gustavo Bejarano, mayordomos de la finca, hicieron un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en donde se sostiene que, a pesar de lo que dice Sanclemente, él sabía de la red de narcotráfico que operaba en su propiedad. En ese momento, el abogado de los trabajadores de la finca, Víctor Eduardo Muñoz, aseguró que la ayuda de sus prohijados, “dará como resultado la entrega no solo de los elementos probatorios materiales del laboratorio de la narcofinca, sino que también testificarán en contra del señor exembajador de Colombia ante Uruguay”.

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Durante la investigación, Martínez y Bejarano han asegurado ser víctimas de amenazas de muerte relacionadas a su colaboración con la justicia por el caso de la narcofinca. Igualmente, el defensor de los dos hombres ha afirmado que la Fiscalía ha incumplido con el acuerdo que pactaron sus defendidos y que, a pesar de ya haber entregado, según él, todas las pruebas que inculpan a Sanclemente, las autoridades no han mostrado el interés debido en el caso.

En mayo de este año los dos trabajadores de la finca denunciaron que fueron puestos en riesgo al ser trasladados, sin previo aviso, de las celdas del extinto DAS, donde permanecían recluidos, al patio 1 de la cárcel Modelo de Bogotá. Allí, según el abogado, los hombres no cuentan con ningún tipo de seguridad y se pone en riesgo la integridad de ellos, piezas clave en la investigación.

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Por otra parte, el 1 de noviembre de este 2021 fueron capturadas 12 personas que son señaladas de conformar la red de narcotráfico que operaba en la finca del exembajador. En esa ocasión, las autoridades manifestaron que estas personas están relacionadas con una red de desvío de sustancias químicas que serían utilizadas para el procesamiento de cocaína en laboratorios clandestinos en Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y otros departamentos.

En esa ocasión, se capturó a Luis Eduardo Ramírez a quien las autoridades señalaron de ser el líder de la red criminal y el enlace entre empresas legalmente constituidas y las estructuras al servicio del narcotráfico. Según las pruebas del ente investigador, Ramírez era el principal proveedor de sustancias para el improvisado laboratorio encontrado en la finca Haras de San Fernando, propiedad de la familia del exembajador.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, uno de los eslabones de la cadena criminal de Ramírez era la elaboración de químicos que luego eran distribuidos a distintas zonas del país. Los insumos químicos que procesaban, según las investigaciones, eran enviados vía terrestre en vehículos con carga ilícita a municipios de Cundinamarca, Boyacá, Magdalena Medio y Caquetá, donde era comercializada a otras estructuras narcotraficantes.

Por su parte, en los vaivenes de la investigación, el exembajador Sanclemente se ha declarado una víctima y se escudaba en que la Fiscalía no le había imputado cargos. Asimismo, el exembajador ha sostenido que desde un inicio ayudo con las autoridades para aclarar lo sucedido en su finca, alegando además que ni su familia ni sus empleados advirtieron que en ese inmueble funcionaba un laboratorio de cocaína, algo que los mayordomos han negado tajantemente y sostienen que él conocía lo que allí pasaba.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.