Firman acuerdo para garantizar alimentación en las URI del país
Estaciones de Policía y las unidades de reacción inmediata (URI) no podrán suspender la alimentación de personas privadas de la libertad. El acuerdo fue firmado por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Los derechos de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, tales como estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI), verán una luz dentro de las complejas condiciones que viven debido al hacinamiento carcelario en Colombia. Este martes, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, logró un acuerdo para que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) garantice que, por fin, no se suspenda el suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad que permanecen en estos centros.
La mesa de trabajo, en la que también participaron la USPEC, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación acordó cuatro puntos para que no pase un solo día sin que los presos se queden sin comer. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que el documento será puesto en conocimiento de la Corte Constitucional, el mismo organismo que ha estado visitando los centros de detención transitoria desde marzo de 2023, para evidenciar si la vulneración de derechos en la población carcelaria se han mitigado.
Lea también: Así fue la visita de la Corte Constitucional a las estaciones de Policía en Bogotá
El primer punto del acuerdo compromete a la USPEC con la prorrogación del actual contrato de alimentación hasta el 31 de octubre de 2023, para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio en los centros de detención transitoria. El segundo, le dará trámite a un proyecto de ley cuyo contenido se oriente únicamente a otorgar la competencia a la unidad para que pueda continuar brindando el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria, pues a la fecha lo está haciendo. La competencia transitoria se fijará hasta el 30 de junio de 2024.
El tercer y siguiente punto es que Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos y la USPEC, le solicitarán a las autoridades locales de los municipios y departamentos que en los presupuestos de la vigencia 2024, que dejan aprobados las actuales administraciones para el primer año de mandato de los nuevos gobiernos locales, incluyan las partidas presupuestales necesarias que permitan asegurar los recursos en materia penitenciaria y carcelaria en el marco de sus competencias. Y el cuarto y último acuerdo se trata de mantener la mesa técnica con la presencia de los diferentes actores, para mantener la articulación entre el Gobierno y los territorios frente al sistema penitenciario y carcelario.
“Simultáneamente, vamos a explicar a la Corte Constitucional porqué los entes territoriales no pueden asumir de inmediato esta competencia, para que el alto tribunal determine un marco temporal transitorio para que la USPEC deje de asumir esta obligación sin que se generen traumatismos para las personas privadas de la libertad y sus familias”, explicó el ministro mediante un comunicado de prensa de la cartera a su mando.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Los derechos de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, tales como estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI), verán una luz dentro de las complejas condiciones que viven debido al hacinamiento carcelario en Colombia. Este martes, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, logró un acuerdo para que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) garantice que, por fin, no se suspenda el suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad que permanecen en estos centros.
La mesa de trabajo, en la que también participaron la USPEC, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación acordó cuatro puntos para que no pase un solo día sin que los presos se queden sin comer. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que el documento será puesto en conocimiento de la Corte Constitucional, el mismo organismo que ha estado visitando los centros de detención transitoria desde marzo de 2023, para evidenciar si la vulneración de derechos en la población carcelaria se han mitigado.
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El primer punto del acuerdo compromete a la USPEC con la prorrogación del actual contrato de alimentación hasta el 31 de octubre de 2023, para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio en los centros de detención transitoria. El segundo, le dará trámite a un proyecto de ley cuyo contenido se oriente únicamente a otorgar la competencia a la unidad para que pueda continuar brindando el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria, pues a la fecha lo está haciendo. La competencia transitoria se fijará hasta el 30 de junio de 2024.
El tercer y siguiente punto es que Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos y la USPEC, le solicitarán a las autoridades locales de los municipios y departamentos que en los presupuestos de la vigencia 2024, que dejan aprobados las actuales administraciones para el primer año de mandato de los nuevos gobiernos locales, incluyan las partidas presupuestales necesarias que permitan asegurar los recursos en materia penitenciaria y carcelaria en el marco de sus competencias. Y el cuarto y último acuerdo se trata de mantener la mesa técnica con la presencia de los diferentes actores, para mantener la articulación entre el Gobierno y los territorios frente al sistema penitenciario y carcelario.
“Simultáneamente, vamos a explicar a la Corte Constitucional porqué los entes territoriales no pueden asumir de inmediato esta competencia, para que el alto tribunal determine un marco temporal transitorio para que la USPEC deje de asumir esta obligación sin que se generen traumatismos para las personas privadas de la libertad y sus familias”, explicó el ministro mediante un comunicado de prensa de la cartera a su mando.
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