Fiscal Barbosa denunció dos hostigamientos más contra funcionarios de la entidad
La reunión que sostuvo con el ministro de defensa Iván Velásquez y la cúpula militar y policial plasmó la preocupación de lo que, a su juicio, padecen los funcionarios de la Fiscalía en terreno. Le salió al paso al jefe de la cartera sobre las “decisiones apresuradas” respecto de cerrar la sede de la Fiscalía en Tarazá, Antioquia, y habló sobre la paz total del presidente Gustavo Petro.
Como una “reunión franca” catalogó el fiscal Francisco Barbosa el encuentro que sostuvo este jueves con el ministro de defensa Iván Velásquez y la cúpula militar y policial en donde abordaron temas de “preocupación” para la Fiscalía. Tras el encuentro, el jefe del búnker dijo que la entidad que preside no toma “decisiones apresuradas” refiriéndose a lo ocurrido con el secuestro de tres fiscales y un funcionario judicial en Tarazá, Antioquia, el pasado 3 de febrero.
El secuestro de los funcionarios, además de la preocupación que dejó en el búnker, terminó en un pequeño rifirrafe entre el fiscal y el ministro Velásquez que, al parecer, terminó saldado en la reunión. Velásquez, en su momento, catalogó la decisión de Barbosa de cerrar la sede de Tarazá como una acción “apresurada”. El jefe del ente investigador le aclaró que las medidas que tomó fueron por seguridad de sus funcionarios, pues esta no es la primera vez que fiscales se enfrentan a ese tipo de situaciones. Ha pasado en dos ocasiones más.
Lea aquí: Así ocurrieron los dos casos de secuestro por los que capturaron a seis policías
En medio del encuentro, el fiscal trajo a colación algunas minucias de lo que ha sido la investigación. Resaltó que los fiscales en Tarazá fueron abordados por personas que se movilizaban en motos sin placas. Dos de las funcionarias, según su declaración, fueron trasladadas en esos vehículos y pasaron por retenes militares, que no advirtieron que los automotores estaban sin identificación.
El jefe del búnker resaltó que los funcionarios una vez fueron secuestrados y llevados a un lugar alejado sostuvieron un encuentro con alias Gonzalito, uno de los sucesores de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, entonces líder del Clan del Golfo, grupo que delinque en esa zona del país. El secuestro de los funcionarios en Antioquia, según el fiscal, es apenas uno de los tres casos que han tenido que enfrentar sus funcionarios.
Lea también: Tres fiscales fueron secuestrados e interrogados por líderes del Clan del Golfo
Barbosa dijo que, el 30 de enero, en Tumaco, Nariño, fue interceptada una caravana de vehículos ocupados por fiscales adscritos a la Unidad de Crimen Organizado. Aseguró que fueron intimidados por cinco hombres con camuflado, botas de caucho y armas de fuegos largas y cortas. El 1 de febrero, entre Ocaña y Cúcuta, en Santander, dos funcionarios fueron abordados por miembros de las disidencias de las Farc les hurtaron una camioneta y arma de dotación.
El jefe del bunker le recordó al ministro de defensa que la misión de la fuerza pública es garantizar la seguridad de los colombianos y del territorio. “La defensa del territorio debe estar ofreciéndose de manera permanente”, resaltó Barbosa. Dijo que la labor de la Fiscalía continuará. Incluso, mencionó que, si bien la sede de Tarazá fue cerrada y sus funciones y funcionarios ahora hacen parte de una oficina en Medellín, se abrieron dos sedes más en el departamento antioqueño.
La paz total
Además de los hostigamientos a sus funcionarios, el fiscal también reiteró su postura que tiene sobre la paz total. Dijo que existen dos escenarios: el sometimiento a la justicia y el acuerdo de paz. Sobre este último dijo que el Eln debía estar en ese proceso, mientras que los grupos narcotraficantes y violadores de derechos humanos deben saldar sus cuentas ante la justicia.
“Tenemos 357 órdenes de captura en zona rural contra homicidas de reincorporados y líderes sociales. 79 órdenes de captura por masacres en todo el país y 1.911 en homicidios en el territorio para un total de 2.347 órdenes de captura sin materializar. La policía priorizará las detenciones”, dijo Barbosa.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Como una “reunión franca” catalogó el fiscal Francisco Barbosa el encuentro que sostuvo este jueves con el ministro de defensa Iván Velásquez y la cúpula militar y policial en donde abordaron temas de “preocupación” para la Fiscalía. Tras el encuentro, el jefe del búnker dijo que la entidad que preside no toma “decisiones apresuradas” refiriéndose a lo ocurrido con el secuestro de tres fiscales y un funcionario judicial en Tarazá, Antioquia, el pasado 3 de febrero.
El secuestro de los funcionarios, además de la preocupación que dejó en el búnker, terminó en un pequeño rifirrafe entre el fiscal y el ministro Velásquez que, al parecer, terminó saldado en la reunión. Velásquez, en su momento, catalogó la decisión de Barbosa de cerrar la sede de Tarazá como una acción “apresurada”. El jefe del ente investigador le aclaró que las medidas que tomó fueron por seguridad de sus funcionarios, pues esta no es la primera vez que fiscales se enfrentan a ese tipo de situaciones. Ha pasado en dos ocasiones más.
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En medio del encuentro, el fiscal trajo a colación algunas minucias de lo que ha sido la investigación. Resaltó que los fiscales en Tarazá fueron abordados por personas que se movilizaban en motos sin placas. Dos de las funcionarias, según su declaración, fueron trasladadas en esos vehículos y pasaron por retenes militares, que no advirtieron que los automotores estaban sin identificación.
El jefe del búnker resaltó que los funcionarios una vez fueron secuestrados y llevados a un lugar alejado sostuvieron un encuentro con alias Gonzalito, uno de los sucesores de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, entonces líder del Clan del Golfo, grupo que delinque en esa zona del país. El secuestro de los funcionarios en Antioquia, según el fiscal, es apenas uno de los tres casos que han tenido que enfrentar sus funcionarios.
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Barbosa dijo que, el 30 de enero, en Tumaco, Nariño, fue interceptada una caravana de vehículos ocupados por fiscales adscritos a la Unidad de Crimen Organizado. Aseguró que fueron intimidados por cinco hombres con camuflado, botas de caucho y armas de fuegos largas y cortas. El 1 de febrero, entre Ocaña y Cúcuta, en Santander, dos funcionarios fueron abordados por miembros de las disidencias de las Farc les hurtaron una camioneta y arma de dotación.
El jefe del bunker le recordó al ministro de defensa que la misión de la fuerza pública es garantizar la seguridad de los colombianos y del territorio. “La defensa del territorio debe estar ofreciéndose de manera permanente”, resaltó Barbosa. Dijo que la labor de la Fiscalía continuará. Incluso, mencionó que, si bien la sede de Tarazá fue cerrada y sus funciones y funcionarios ahora hacen parte de una oficina en Medellín, se abrieron dos sedes más en el departamento antioqueño.
La paz total
Además de los hostigamientos a sus funcionarios, el fiscal también reiteró su postura que tiene sobre la paz total. Dijo que existen dos escenarios: el sometimiento a la justicia y el acuerdo de paz. Sobre este último dijo que el Eln debía estar en ese proceso, mientras que los grupos narcotraficantes y violadores de derechos humanos deben saldar sus cuentas ante la justicia.
“Tenemos 357 órdenes de captura en zona rural contra homicidas de reincorporados y líderes sociales. 79 órdenes de captura por masacres en todo el país y 1.911 en homicidios en el territorio para un total de 2.347 órdenes de captura sin materializar. La policía priorizará las detenciones”, dijo Barbosa.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.