Fiscal de Ecuador pidió en extradición a Santos
El juez que adelanta el caso contra el Presidente electo de Colombia negó haber recibido ese pedido.
El Espectador
A cuatro días de posesionarse, la situación jurídica en Ecuador del electo Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se complicó, pues Carlos Jiménez, fiscal de la provincia de Sucumbíos, confirmó este martes en la noche al Canal Ecuavisa que pidió en extradición al nuevo Jefe de Estado.
En la instrucción fiscal “consta (...) el acto administrativo en el cual se le solicita al señor juez que sugiera al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Troya, inicie el proceso de extradición”, explicó Jiménez, quien imputó a Santos por el delito de asesinato.
El fiscal Jiménez abrió el caso, tras la ‘Operación Fénix’, que las Fuerzas Armadas de Colombia llevaron a cabo el 1° de marzo de 2008 y que dejó como resultado la muerte del jefe de las Farc, Raúl Reyes, y de otras 24 personas, que se habían establecido en un campamento en territorio ecuatoriano.
A pesar de las declaraciones del fiscal, el juez del caso, Daniel Méndez, dijo que hasta ahora “no ha solicitado, no ha insistido en la cuestión de la extradición, por lo cual no se ha dispuesto la misma”.
Voceros de la administración Santos le dijeron a El Espectador que por ahora el mandatario electo no se iba a pronunciar sobre el tema.
Por su parte, el jurista y representante a la Cámara Germán Navas Talero sostuvo que de oficializarse el pedido de extradición, éste no se podrá hacer efectivo después del 7 de agosto: “Por ser Presidente de la República, Juan Manuel Santos tiene inmunidad y no podrá ser capturado, así se desplace a territorio ecuatoriano. Para hacer efectiva la captura tendrán que esperar que culmine su mandato”.
Además de Santos, quien se desempeñaba como Ministro de Defensa cuando se efectuó la operación, el fiscal Jiménez imputó del delito de asesinato a Freddy Padilla de León, como de las Fuerzas Militares de Colombia.
En abril pasado, cuando se conoció de las acusaciones, el entonces candidato presidencial manifestó: “Esto no es contra Juan Manuel Santos, sino un problema de Estado. El accionar contra Raúl Reyes fue producto de una decisión de Estado y no fue una acción personal. Este fiscal y la justicia ecuatoriana dictaron una orden de captura contra mí y dicen que después pedirá mi extradición. Luego seguirá el general Freddy Padilla, después el general Óscar Naranjo y acabarán con el presidente Uribe. No quepa la menor duda de que van detrás de eso”, concluyó.
Entre tanto el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ya confirmó que asistirá a la posesión de Santos.
Esta será la primera visita del jefe de Estado a Colombia tras romper las relaciones diplomáticas a raíz del ataque del 1 de marzo en la zona fronteriza de Angostura (norte), en el que murieron 25 personas, incluidos el número dos de las Farc, Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
Correa admitió recientemente que el juicio contra Santos es un "problema" para normalizar totalmente los vínculos -reactivados a nivel de encargados de negocios en noviembre pasado- y confió en que el caso "se resuelva lo más rápidamente posible".
El presidente ha insistido en que respeta la independencia de poderes, por lo que "no podría jamás interferir en la función judicial".
Tanto Santos como el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, desconocen la competencia de la justicia ecuatoriana en el caso, y afirman que el bombardeo fue una acción de Estado.
No obstante, el presidente electo ha expresado su deseo de normalizar las relaciones con Ecuador, y hace dos semanas envió a Quito a su canciller María Angela Holguín y luego al vicepresidente Angelino Garzón para ratificar ese mensaje.
La Fiscalía planteó la extradición de Santos en el marco de un juicio penal reabierto en abril último por asesinato, a raíz del ataque que ordenó siendo ministro de Defensa de Uribe.
Al juicio también ha sido vinculado sin pedido de prisión el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Freddy Padilla.
A cuatro días de posesionarse, la situación jurídica en Ecuador del electo Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se complicó, pues Carlos Jiménez, fiscal de la provincia de Sucumbíos, confirmó este martes en la noche al Canal Ecuavisa que pidió en extradición al nuevo Jefe de Estado.
En la instrucción fiscal “consta (...) el acto administrativo en el cual se le solicita al señor juez que sugiera al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Troya, inicie el proceso de extradición”, explicó Jiménez, quien imputó a Santos por el delito de asesinato.
El fiscal Jiménez abrió el caso, tras la ‘Operación Fénix’, que las Fuerzas Armadas de Colombia llevaron a cabo el 1° de marzo de 2008 y que dejó como resultado la muerte del jefe de las Farc, Raúl Reyes, y de otras 24 personas, que se habían establecido en un campamento en territorio ecuatoriano.
A pesar de las declaraciones del fiscal, el juez del caso, Daniel Méndez, dijo que hasta ahora “no ha solicitado, no ha insistido en la cuestión de la extradición, por lo cual no se ha dispuesto la misma”.
Voceros de la administración Santos le dijeron a El Espectador que por ahora el mandatario electo no se iba a pronunciar sobre el tema.
Por su parte, el jurista y representante a la Cámara Germán Navas Talero sostuvo que de oficializarse el pedido de extradición, éste no se podrá hacer efectivo después del 7 de agosto: “Por ser Presidente de la República, Juan Manuel Santos tiene inmunidad y no podrá ser capturado, así se desplace a territorio ecuatoriano. Para hacer efectiva la captura tendrán que esperar que culmine su mandato”.
Además de Santos, quien se desempeñaba como Ministro de Defensa cuando se efectuó la operación, el fiscal Jiménez imputó del delito de asesinato a Freddy Padilla de León, como de las Fuerzas Militares de Colombia.
En abril pasado, cuando se conoció de las acusaciones, el entonces candidato presidencial manifestó: “Esto no es contra Juan Manuel Santos, sino un problema de Estado. El accionar contra Raúl Reyes fue producto de una decisión de Estado y no fue una acción personal. Este fiscal y la justicia ecuatoriana dictaron una orden de captura contra mí y dicen que después pedirá mi extradición. Luego seguirá el general Freddy Padilla, después el general Óscar Naranjo y acabarán con el presidente Uribe. No quepa la menor duda de que van detrás de eso”, concluyó.
Entre tanto el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ya confirmó que asistirá a la posesión de Santos.
Esta será la primera visita del jefe de Estado a Colombia tras romper las relaciones diplomáticas a raíz del ataque del 1 de marzo en la zona fronteriza de Angostura (norte), en el que murieron 25 personas, incluidos el número dos de las Farc, Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
Correa admitió recientemente que el juicio contra Santos es un "problema" para normalizar totalmente los vínculos -reactivados a nivel de encargados de negocios en noviembre pasado- y confió en que el caso "se resuelva lo más rápidamente posible".
El presidente ha insistido en que respeta la independencia de poderes, por lo que "no podría jamás interferir en la función judicial".
Tanto Santos como el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, desconocen la competencia de la justicia ecuatoriana en el caso, y afirman que el bombardeo fue una acción de Estado.
No obstante, el presidente electo ha expresado su deseo de normalizar las relaciones con Ecuador, y hace dos semanas envió a Quito a su canciller María Angela Holguín y luego al vicepresidente Angelino Garzón para ratificar ese mensaje.
La Fiscalía planteó la extradición de Santos en el marco de un juicio penal reabierto en abril último por asesinato, a raíz del ataque que ordenó siendo ministro de Defensa de Uribe.
Al juicio también ha sido vinculado sin pedido de prisión el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Freddy Padilla.